Dina Boluarte se convirtió en mandataria títere de la mafiosa ultraderecha peruana
POR YAIR CYBEL Y SERGIO PASCUAL /
Con la elección del nuevo titular del Congreso, el fujimorismo controla ahora buena parte de la bancada y la Presidencia del órgano legislativo, en un escenario de gran inestabilidad y zozobra social.
El pasado miércoles 26 de julio se votó un nuevo Presidente del Congreso en Perú. Es un cargo clave, ya que el elegido asumiría el poder en caso de vacancia o renuncia de la actual presidenta de facto de la República, Dina Boluarte.
Si así fuera, el titular del Congreso, designado coyunturalmente presidente de la República, tiene la obligación constitucional de convocar a elecciones en un plazo no mayor a cinco meses, y sería quien controlara la transición.
El fujimorista Alejandro Soto Reyes fue escogido como nuevo Presidente del Congreso peruano.
Como nuevo presidente del Congreso fue escogido Alejandro Soto Reyes, miembro del partido de derecha pragmática Alianza para el Progreso. Este partido es parte de una alianza que lideró el fujimorismo (Fuerza Popular) y que también sumó al sector más oportunista de Perú Libre –11 de sus 15 diputados–, el partido conducido por Vladimir Cerrón que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia (y que rompió con el profesor a poco de asumir su mandato). El espacio también logró integrar al partido del economista neoliberal Hernando de Soto (Avanza País) y a la derecha clientelar de Somos Perú y Podemos Perú, lo que les permitió alcanzar los 77 escaños para elegir al nuevo titular del Legislativo unicameral.
La alianza de bancadas de izquierda y centro logró sumar apenas 39 votos. El armado estuvo integrado por las bancadas de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y a la mayoría de los diputados de Acción Popular. El candidato del bloque fue Luis Aragón, de Acción Popular, un abogado cusqueño que representa el ala más popular de un partido tradicionalista con dos almas, la de derecha conservadora afincada en Lima y la popular, conectada con su representación territorial.
¿Cambio de fase en Perú?
El escenario de la vacancia [1] de Dina Boluarte sigue siendo poco plausible a corto plazo, pero sus probabilidades aumentan con el tiempo, ya que el fujimorismo –que controla buena parte del Congreso y ahora su Presidencia– encuentra crecientes incentivos para dejarla caer con una moción de vacancia. En primer lugar, porque es el partido mejor pertrechado orgánicamente para una hipotética elección presidencial, el único partido que puede proyectar cierto “orden”–aunque sea un orden corrupto– en un escenario de fuerte fragmentación, con fragilidad partidaria y ausencia de liderazgos. En segundo lugar, porque llegar a unas nuevas elecciones con su imagen ligada a la de la denostada Boluarte sería letal para sus intereses. Estas mismas razones llevaron al fujimorismo en enero de este año a intentar sin éxito adelantar las elecciones en el Congreso (obtuvo 68 votos en contra, 54 a favor y 2 abstenciones).
Dina Boluarte se convirtió en mandataria títere de la mafiosa ultraderecha peruana.
Con el comienzo de la nueva legislatura este 28 de julio, el fujimorismo tiene una opción alternativa a la vacancia: volver a presentar una propuesta de adelanto electoral. En este caso, al fujimorismo le bastaría con 66 diputados para que la propuesta tuviera que ser sometida a votación en referéndum. Si así fuese, la vieja fuerza de extrema derecha se haría con la bandera de cumplir con la principal demanda popular: el adelanto de elecciones.
No obstante, es preciso reconocer que la principal ventaja de Boluarte estriba en la resistencia de los congresistas a su propia disolución (y la moción de vacancia conlleva la disolución de la institución y nuevas elecciones parlamentarias). En estos dos años, el Congreso ha rechazado hasta tres veces un adelanto electoral que dejaría “en la calle” a los 130 congresistas.
Para tener en cuenta
Las protestas que se dieron en el marco de la Toma de Lima fueron masivas, pero no alcanzaron a trastocar las correlaciones de fuerza para condicionar al Gobierno de Dina Boluarte.
El Gobierno de facto repelió las protestas sin mayores niveles de violencia.
Entre tanto, Pedro Castillo, el presidente constitucional sigue detenido en el penal de Barbadillo, acusado de rebelión tras el fallido intento de cerrar el Parlamento en diciembre pasado. En su última alocución pública (virtual), Castillo afirmó que fue víctima de un complot entre la derecha y la Fiscalía, y que se encuentra secuestrado e incomunicado. El Poder Judicial avanza, además, en su estrategia de hostigamiento. El pasado 25 de julio ordenó el embargo tanto de sus bienes como los de su principal vocero, Aníbal Torres.
Amenazas al Jurado Nacional Electoral (JNE). El actual presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, fue amenazado de muerte por el grupo de ultraderecha ‘Los Combatientes’ luego de que declarara que la democracia en el Perú atraviesa un “grave riesgo”.
En respuesta, Salas decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando una medida provisional de urgencia que permita defender la independencia del JNE, frente al intento de sectores ligados al fujimorismo y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de deponerlo de su cargo.
[1] La semana pasada diversos medios de comunicación señalaron que Dina Boluarte habría plagiado su tesis universitaria. Sería un delito tipificado en el Código Penal peruano y castigado con ocho años de cárcel. Podría ser un resquicio legal para su destitución.
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