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LA REPRESIÓN CONTRA EL ACTIVISMO AMBIENTAL SE ENSAÑA CON LAS MUJERES

81 casos, las mujeres fueron asesinadas por su defensa del medio ambiente
España figura en esta lista negra por el asesinato en 1979 de una activista vasca a manos de un guardia civil

Redacción T21

Protesta en Honduras por el asesinato de Berta Cáceres. EFE.

Un estudio basado en datos del Mapa Mundial de Justicia Ambiental contabiliza 81 mujeres asesinadas en el mundo por su activismo ambiental, una de ellas en España. El informe destaca que la violencia hacia las mujeres se concentra en conflictos alrededor de proyectos mineros, agrícolas e industriales en el Sur Global.

Las defensoras ambientales fueron víctimas de asesinato, desplazamiento, represión, enjuiciamiento penal y acoso físico, informa un documento de Nature Sustainability basado en un análisis de 523 casos de una base de datos global de conflictos ambientales.

Este problema se concentra predominantemente en América Latina, Asia y África, pero también ocurre en América del Norte y Europa.

España figura en este informe con el asesinato de Gladys del Estal, de Donostia (San Sebastián) por parte de un guardia civil cuando participaba pacíficamente en un acto antinuclear en 1979: murió de un tiro en la nuca durante una sentada.

Nacida de padres españoles que se habían refugiado en Venezuela como consecuencia de la represión franquista, de regreso a España Gladys se había licenciado en Informática en 1978 y formaba parte del movimiento ecologista vasco.

Destrucción ecológica

Los conflictos ambientales suelen ocurrir cuando los proyectos de extracción de recursos naturales para la exportación implican el acaparamiento de tierras y la destrucción ecológica que amenaza la existencia cultural y física de las comunidades locales, señala el informe.

Cuando los defensores ambientales que enfrentan represalias violentas son mujeres, los incidentes a menudo no se documentan debido a la censura y la falta de datos. Como resultado, la violencia contra las defensoras ambientales se subestima en gran medida.

Dalena Tran y Ksenija Hanaček examinaron todos los casos disponibles hasta enero de 2022 en Environmental Justice Atlas, la base de datos en línea más grande de conflictos ambientales globales, que abarca conflictos que incluyen los relacionados con el agua, los combustibles fósiles, la agricultura y la deforestación.

523 casos de mujeres

Las autoras identificaron 523 casos de mujeres defensoras ambientales e indican que se concentraron en conflictos mineros, agroindustriales e industriales en el Sur geográfico.

Señalan que, en 81 casos, las mujeres fueron asesinadas por su defensa del medio ambiente y sugieren que este es un resultado extremo pero común cuando la violencia del conflicto empeora.

De los 81 casos que reportaron asesinatos, 19 ocurrieron en Filipinas, con grandes concentraciones también en Brasil, Colombia y México. Los asesinatos no se limitaron al Sur Global, ya que ocurrieron seis asesinatos en Estados Unidos y Europa.

Altas tasas de violencia

Las autoras también sugieren que las defensoras estaban sujetas a altas tasas de violencia independientemente de la rendición de cuentas de la gobernanza de los países y la igualdad de género.

Las autoras señalan asimismo que los datos que rastrean la violencia contra los defensores ambientales rara vez se desagregan por género; por lo tanto, podría haber tantos asesinatos de mujeres defensoras ambientales como de hombres defensores ambientales.

Concluyen que también se necesita mejor documentación y más análisis para explorar cómo ocurre la violencia contra las mujeres e identificar patrones de violencia contra diversos grupos de mujeres, como las mujeres indígenas defensoras del medio ambiente.

Mayor visibilización

Susana Borràs Pentinat, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili, señala, en declaraciones a SMC, que la criminalización, las violencias y el asesinato de ambientalistas, con la complicidad gubernamental, son hechos cada vez más recurrentes en muchas partes del mundo.

Añade que, por este motivo, este articulo contribuye a visibilizar la situación de violencias contra las personas defensoras del medio ambiente, pero particularmente de las violencias contra las mujeres defensoras [Women Environmental Defenders, o WED por sus siglas en inglés], que resisten con sus cuerpos y territorios a las violencias extractivistas [el extractivismo se refiere a proyectos que extraen recursos naturales para exportarlos].

Concluye que, como no existen datos desagregados que analicen la violencia de género en los conflictos ambientales, este análisis es tan importante, ya que desde 2016 tiene como objetivo documentar los roles en el movimiento de justicia ambiental.

Violencia desproporcionada

Por su parte, Nathalie Butt, investigadora en el Centre for Biodiversity and Conservation Science de la Universidad de Queensland (Australia), señala a la misma fuente que este estudio es solo la punta del iceberg en el que el género también se cruza con el indigenismo, marginando aún más a las mujeres en los conflictos medioambientales.

Añade que las mujeres están sistemáticamente excluidas de la toma de decisiones, la propiedad y el control de los recursos naturales en la mayoría de los países, culturas e industrias, por lo que se encuentran en una situación de desventaja desproporcionada en lo que se refiere a la exclusión de los beneficios de las industrias extractivas, por lo que sufren de forma desproporcionada los efectos de la violencia.

Y concluye: en muchos lugares, las mujeres son las responsables de proporcionar alimentos y agua a sus familias y, a menudo, dependen de los recursos naturales locales, ya sea directamente o como fuente de ingresos, por lo que son más vulnerables cuando estos recursos dejan de estar disponibles y corren un mayor riesgo en caso de conflicto. 

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Referencia

A global analysis of violence against women defenders in environmental conflicts. Nature Sustainability (2023). DOI:10.1038/s41893-023-01126-4

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Fuente:

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