En el curso de la última década, China se ha ido convirtiendo en el principal inversionista en Latinoamérica, desplazando de esa posición a Estados Unidos.
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Este fenómeno es particularmente claro en la región sur del continente, cuyos países han firmado acuerdos de libre comercio con el gigante asiático y han incrementado en forma considerable sus intercambios comerciales, científicos y tecnológicos con Pekín.
Si hace 20 años las más relevantes economías americanas tenían como principal socio comercial a Estados Unidos, hoy sólo tres –México, Colombia y Canadá– conservan esa condición, además de las naciones centroamericanas y caribeñas. Así, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay han orientado sus intercambios hacia la potencia asiática.
Este fenómeno configura una nueva realidad continental, en la cual se ha reducido drásticamente el margen de Washington para seguir considerando a América Latina como su patio trasero, y en la que se disuelve una de las principales bases del sempiterno injerencismo estadunidense. Al hecho económico debe agregarse una consideración política: a diferencia de las inversiones estadunidenses, que han ido siempre acompañadas de intervenciones en lo político, China gestiona las suyas dejando al margen diferencias o afinidades ideológicas entre gobiernos, lo que otorga a la mayor parte de Latinoamérica condiciones propicias para la defensa de sus soberanías nacionales.
En este panorama, México se encuentra en una posición singular por su vecindad geográfica con la superpotencia del norte y por una historia que ha hecho inevitable la creciente integración económica con ella. En tal circunstancia, lo pertinente es gestionar tal integración y buscar que no vuelva a convertirse en un factor de pérdida de soberanía, como ocurrió en gobiernos anteriores. En este espíritu, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la pertinencia de estrechar los lazos comerciales, siempre y cuando ello se realice en un estricto pie de igualdad y respeto a la independencia y la soberanía nacionales.
El presidente mexicano ha ido más allá de consideraciones económicas y comerciales y ha alertado sobre el riesgo de que el declive de la presencia estadunidense –que no es sólo continental, sino también mundial– incube tarde o temprano escenarios de confrontación bélica entre Pekín y Washington; a fin de cuentas, las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en el siglo pasado se originaron en buena medida en la disputa entre potencias por regiones de influencia.
En esta perspectiva, debe considerarse el riesgo potencial de que la confrontación económica en curso entre Estados Unidos y China, que tiene implicaciones geopolíticas inocultables, terminara por dirimirse de manera cada vez más crispada en el área latinoamericana, y es para neutralizar ese riesgo que López Obrador propuso la constitución de una zona económica semejante a la europea en todo el continente americano, basada en la igualdad y el respeto a las singularidades institucionales e ideológicas de cada país.
Para llevar a la práctica tal planteamiento se requeriría, por un lado, que la clase gobernante en Estados Unidos depusiera su tradicional arrogancia imperial para aceptar un gran acuerdo regional entre iguales –se tendría que empezar, por ejemplo, por poner fin a las agresiones económicas de Washington en contra de Cuba y de Venezuela– y por el otro, que el resto de las grandes economías latinoamericanas reformularan sus lineamientos comerciales.
Una última consideración es que intensificar los intercambios con China no excluye multiplicarlos también con Estados Unidos, lo que podría convertir a Latinoamérica en la zona con mayor dinamismo económico del mundo.
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