La continuidad de la política represiva emprendida por gobiernos anteriores es palpable en la administración
de Gabriel Boric
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En la fecha emblemática del aniversario 49 del violento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que marcó el inicio de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet y de un modelo económico que sigue en pie, el neoliberalismo, las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes con la misma saña con que lo han venido haciendo desde entonces, ya fuera durante la tiranía castrense o bajo gobiernos democráticos, e incluso presidencias de pretendida centroizquierda.
Los sucesos de ayer en Santiago de Chile no fueron un episodio aislado. La continuidad de la política represiva emprendida por gobiernos anteriores es palpable en la administración de Gabriel Boric, quien llegó a la Presidencia justamente a consecuencia de las movilizaciones que durante 2019, 2020y 2021 sacudieron a la nación austral y obligaron a la clase política a aceptar la necesidad de una nueva Constitución que sustituyera la promulgada en 1980, en plena dictadura.
Si bien ese documento fue modificado en varias ocasiones para retirarle los aspectos más autoritarios y hacerlo mínimamente compatible con una democracia representativa, sus aspectos económicos y sociales permanecen básicamente intactos, lo que ha constituido uno de los obstáculos principales para la superación del neoliberalismo salvaje impuesto por el propio Pinochet, con la asesoría de académicos conservadores estadunidenses, y ha sido un constante factor del descontento social que recorre la historia reciente de Chile.
Un elemento de contexto ineludible es el resultado del reciente referendo sobre la nueva Carta Magna redactada en una convención constituyente que fue, a su vez, la salida política al masivo descontento popular que estalló bajo la presidencia de Sebastián Piñera.
En la consulta referida el nuevo documento fue rechazado casi por dos tercios del electorado, en lo que fue leído como un malestar no necesariamente relacionado con la Constitución propuesta, sino con la falta de rumbo claro por parte de Boric, quien acusó recibo del rechazo destituyendo a varios integrantes de su gabinete. Es claro que una muy importante porción de la ciudadanía chilena profesa una ideología conservadora y derechista y, en consecuencia, se opuso a la llegada del nuevo presidente al Palacio de la Moneda.
Pero fue evidente también que en el vuelco social hacia el rechazo de la Constitución gravita también el desencanto de sectores que, habiendo votado por Boric, resienten la inconsecuencia de quien hizo una campaña electoral victoriosa y esperanzadora ofreciendo un deslinde respecto al modelo económico y las políticas autoritarias de sus antecesores.
Tanto en las calles de Santiago de Chile como en los territorios del sur, donde eldescontento histórico de la nación mapu-che ha alcanzado niveles de rebelión, ese deslinde sigue sin presentarse y las autoridades siguen respondiendo a los malestares sociales con la fórmula de la dictadura y de los gobiernos formalmente democráticos que la sucedieron: la represión. Y ello lleva a una pregunta dolorosa: ¿es que en Chile no ha cambiado nada?
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