Así fue el exterminio del sindicalismo en Colombia
Juan Camilo Gallego Castro
Fuentes: IPC
Entre 1971 y 2018 fueron asesinados 3240 sindicalistas en el país, desplazados casi dos mil y amenazados más de siete mil. En un informe que la Escuela Nacional Sindical le entregó a la Comisión de la Verdad se da cuenta de la violencia antisindical en el país, sus daños e impactos.
La llaman cultura antisindical. Y a esta la ha acompañado una violencia y un discurso en medios de comunicación y voces oficiales de los gobiernos, que han señalado a los sindicatos de estar relacionados con las guerrillas y de querer desestabilizar económicamente a las empresas.
Esa cultura, a través del señalamiento y la estigmatización, no es nueva en Colombia. Desde el Frente Nacional, a finales de los cincuenta, se consolidó un imaginario que señalaba al sindicalismo como enemigo del progreso y el desarrollo. En esos años los profesores sindicalistas, por ejemplo, eran señalados de liberales, alborotadores, masones y comunistas. Los calificativos en los años ochenta eran marxista leninista, revolucionario y guerrillero.
Pero esto no solo sucedió con los profesores. Los efectos de la violencia antisindical, en el marco del conflicto armado, tanto por paramilitares, guerrillas y fuerza pública, trajo consecuencias desastrosas para el sindicalismo. Solo unos datos de las violaciones a la vida e integridad física de las cuales fueron víctimas, según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (ENS): entre 1971 y 2018 fueron asesinados 3240 sindicalistas, amenazados 7.317, desaparecidos 250 y secuestrados 189.
Ante ese tipo de afectaciones, los sindicatos han sufrido la desintegración, desarticulación y desestabilización de sus procesos, “la división interna que genera la individualización de la amenaza, la dispersión de la acción colectiva, la pérdida de dirección, el fraccionamiento de la base, la disminución en la dinámica y la regulación de la actividad sindical”, dice la ENS en el informe Violencia antisindical en Colombia. Entre el exterminio y la violación a la libertad sindical, que entregaron a la Comisión de la Verdad.
Amenazar, desplazar, asesinar
Una amenaza decía: “Un mensaje de feliz navidad y prósperos entierros a los miembros de la guerrilla. Ustedes los infiltrados, sapos, panfleteros, creen que las balas no los alcanzan, pero están completamente equivocados […] Les damos una semana para que se larguen de nuestra ciudad.”
Como esta, son muchas las amenazas que recibieron los sindicalistas en el país. Dice el informe que desde 1979 la victimización más fuerte fue el homicidio, hasta que desde mitad de los años noventa esta se redujo para dar paso a la amenaza, convirtiéndose en una práctica sistemática. Esta época coincidió con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como un proyecto armado que tuvo alcances nacionales, además de los fallidos diálogos de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, por lo que luego hubo un mayor despliegue del paramilitarismo en el país, se recrudeció el conflicto armado y la violencia antisindical.
Según la ENS, del total de hechos victimizantes, 8.645 corresponden a trabajadores de base, 6.231 a dirigentes sindicales, 70 a asesores sindicales y sobre 46 no tienen mayores datos.
El informe da cuenta de las afectaciones por todos los actores armados. De los cerca de 15 mil hechos victimizantes, 9313 los cometió un actor desconocido, 3862 por paramilitares, 487 por Policía, 466 por las guerrillas y 449 por el Ejército.
La fuerza pública, por ejemplo, se caracterizaba por hacer detenciones arbitrarias, mientras que las guerrillas cometían asesinatos selectivos. La violencia estatal se manifestaba de dos maneras: una, por parte de miembros de la fuerza pública, caracterizada por ejecuciones extrajudiciales, atentados y desapariciones forzadas, “esta violencia se escuda en retóricas antisubversivas a modo de justificación de la ejecución. Se construye sobre montajes artificiales para hacer pasar a las víctimas sindicales como guerrilleros en combate y se carga de elementos distractores, de confusión y de sólidos apoyos por parte de la justicia militar”, dice el informe; y dos, según el informe, “la violencia estatal antisindical que utiliza a grupos paramilitares para su lógica de exterminio, bien sea por mutua colaboración y por aquiescencia, despejando el camino para la actuación de los paramilitares”.
En cuanto a las guerrillas, su violencia estaba “construida sobre la idea de un fracaso de cooptación o alineación de los sindicatos, fracaso interpretado como una especie de traición política y, por tanto, sujeta a la acción violenta.”
Omar Romero, director de derechos humanos de la CUT, cree que se debe reconocer como genocidio el exterminio de los líderes sindicales en el país, mientras que Mirtha Rodríguez, líder de CTC, cree que la estrategia de los actores armados era controlar los territorios. De esta manera se capturó el Estado a través de los sindicatos públicos, que fueron los más afectados. En este punto, ella señala que los sindicatos fueron golpeados por los actores armados porque son veedores, del cuidado de lo público y eso los convirtió en un “estorbo”.
Humberto correa, director de Derechos Humanos de CGT, coincide con Mirtha, pues cree que los sindicatos fueron incómodos, pues denunciaban la corrupción y esto los hizo blanco de sectores políticos, económicos y armados que se vieron afectados por esa veeduría.
Daños e impactos de la violencia sindical
El informe explica que la violencia antisindical se utilizó para regular los conflictos laborales, para mantener la precarización laboral y la subcontratación, para ahorrar costos de producción, y así bloquear la organización, movilización y huelga. “Detrás de este tipo de prácticas ha existido un propósito orientado a contrarrestar la acción negociadora y la regulación de conflictos laborales, mediante la instrumentalización de los grupos armados. Así, las acciones de los grupos armados han perseguido intereses de disolución o reducción del conflicto en provecho de terceros”, indica el documento.
Pero la violencia también se utilizó para eliminar los liderazgos sindicales que obstaculizaban a los actores armados y a otros sectores la cooptación, control y dominio de los territorios sobre los que tenían intereses. En este punto juega un papel determinante los grupos paramilitares, a través de la infiltración de instituciones públicas y privadas. Para ello, la ENS pone como ejemplo a Anthoc, el sindicato de trabajadores y servidores públicos de la salud, pues miembros de los grupos paramilitares se infiltraron en cargos públicos y de gerencia de hospitales a finales de los noventa y de esta manera cooptaron los recursos.
Además, agregan que “en Colombia se ha creado una tradición mediática de analizar las movilizaciones sindicales y laborales tomando como foco de debate las pérdidas económicas, los posibles disturbios o los elementos extraños (léase “infiltración guerrillera”) de las movilizaciones. Esta tradición deslegitima las movilizaciones y pretende legitimar las violencias.”
Ante esta violencia, los daños e impactos fueron múltiples. Esto dio paso a las desafiliaciones, a la renuncia forzada y a los retiros temporales ante el temor generado por la violencia. Además del rechazo a la sindicalización, las amenazas debilitaron y exterminaron sindicatos, disminuyó la capacidad de convocatoria; dicha violencia sindical conllevó al desplazamiento forzado y al exilio, con lo cual se despojó a los sindicatos de sus principales dirigentes y activistas, y generó miedo para que otros afiliados asumieran cargos directivos.
Por eso el informe concluye que “la violencia antisindical alcanzó un efecto tal de segregación que al posicionar las organizaciones más afectadas como peligrosas, las excluían poco a poco de los espacios de participación evitando que los señalamientos se extendieran a otros sectores”.
Fecode fue el sindicato con más victimizaciones (6192 casos), seguido por Sintrainago (1027), USO (783) y CUT (524). Mientras que Antioquia, con 4701 casos, el departamento más afectado, seguido por Valle (1898), Santander (1376), Cesar (1007) y Bogotá (776). Por lo que los departamentos ubicados en la zona andina, donde se concentra el crecimiento económico del país, fueron los más violentados.
Estas son las conclusiones de uno de los tres informes que 14 organizaciones sindicales le entregaron a la Comisión de la Verdad. La comisionada Lucía González cree que los sindicatos se han jugado “la vida por los derechos laborales, con coraje, coherencia y persistencia. Ustedes han sido unos héroes en medio de esta batalla.” Mientras que el comisionado Saúl Franco cree que en estos informes hay un esfuerzo “grande de racionalizar y de entender la lógica” de lo que les sucedió a los sindicatos en el país.
Entre las conquistas del sindicalismo están la aprobación de la licencia de maternidad (1938), el salario mínimo (1949) y las 48 horas semanales (1934).
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