‘Paquetazo neoliberal’ en Ecuador:
gobierno de Moreno obsecuente a exigencia del FMI hace aprobar ley de precarización laboral y apoyo al gran capital
CONFIRMADO.NET /
En medio de la catástrofe social que vive Ecuador, el cuestionado régimen de Lenín Moreno con el apoyo de una mayoría móvil de la Asamblea Nacional, lograron aprobar el pasado 15 de mayo la denominada Ley de Apoyo Humanitario, un eufemismo, en virtud de la cual se consagra la flexibilización laboral y la precarización del trabajo, así como los beneficios a la gran banca y a los grandes capitalistas.
Nuevamente la mayoría de la Asamblea Nacional conformada por Alianza País (sector político de Moreno), el partido Creo (del cuestionado banquero y excandidato presidencial Guillermo Lasso), la mal llamada Izquierda Democrático (ID) hoy convertida en una minúscula formación política de derecha, independientes, Sociedad Patriótica (del expresidente neoliberal Lucio Gutiérrez), e incluso de un integrante de la bancada de Pachacutik (colectividad de los indígenas), aprobó una ley que no sólo atenta contra la normativa superior del país, sino contra los derechos de los trabajadores y, en general, de todos los ecuatorianos.
Ecuador retrocede a la larga y triste noche neoliberal
La situación que afronta esta nación andina por la aplicación de políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) es similar a la que se vivía en 2006, época de la “larga y triste noche neoliberal”. Ecuador entonces era un país donde el capital se encontraba por encima del ser humano. Esta característica se manifestaba principalmente en el sector laboral de la economía. La tasa de desempleo nacional (6,30%) era superior al promedio de los países en desarrollo (6,16%) Para muchas familias la situación laboral era precaria, lo que afectaba las condiciones de pobreza en el país.
Una situación laboral precaria no sólo para los desempleados, sino para muchas personas identificadas como empleadas pero que no gozaban de todos sus beneficios laborales. Para el año 2007, tan solo el 26,3% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país se encontraba afiliada al sistema de Seguridad Social; mientras tanto, se promovía la tercerización del trabajo. En enero de ese año, los salarios familiares apenas cubrían el 69,9% de la canasta básica.
La situación laboral precaria afectaba a niños y jóvenes, forzándolos a insertarse en el mercado laboral. En 2006, uno de cada diez niños, en edades entre cinco y catorce años, participaba activamente en el mercado laboral; mientras que uno de cada diez jóvenes, en edades entre 18 y 29 años, se encontraba desempleado.
Todo cambió con Correa y la Revolución Ciudadana a partir del 2007
Al llegar al gobierno Rafael Correa Delgado impulsó lo que se denominó l Revolución Ciudadana, un proyecto que en materia laboral construyó un país que impulsó el acceso al trabajo digno, sin discriminación. En 2008 se eliminó por ley la tercerización e intermediación del trabajo. Los resultados de este esfuerzo se evidenciaron al observar que, a diciembre de 2016, cerca del 42,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) ya se encontraba afiliada al sistema de seguridad social contributiva.
Se creó el salario digno, definido como aquel que permitía a una familia cubrir sus necesidades básicas mínimas y se elevó el salario básico unificado de 160 en 2006, a 366 en 2016. Esta política formó parte de una estrategia global de reducción de la pobreza que contribuyó a que las familias puedieran superar situaciones adversas, reduciendo su vulnerabilidad. Los efectos de ese trabajo se hicieron patentes en el hecho de que, en 2006, el ingreso familiar cubría apenas un 68% del valor de la canasta básica mientras que, en 2016, proveyó el 101% del valor de esa canasta. Esto también se vio reflejado en la variación del ingreso promedio por hogar que, entre 2006-2015, presentó un aumento en todos los deciles, sobre todo, en los hogares de menor ingreso.
El trabajo digno se vio complementado con una ampliación continua en la cobertura de Seguridad Social. Entre 2006 y 2016, la Población Económicamente Activa afiliada al sistema de seguridad social de Ecuador pasó de 1 401 935 personas a 3 176 433. Esto se tradujo en un crecimiento de 126,6% durante todo el periodo o una variación interanual promedio de 7,6%, entre 2006 y 2016. Este resultado permitió que un mayor número de empleados financie las pensiones de adultos mayores. Adicionalmente, la profundización del sistema de seguridad social permitió que el sector financiero mantenga una dinámica saludable al generar ahorros de largo plazo. Adicionalmente, el número de afiliados al Seguro Social Campesino registró un importante incremento, al pasar de 173 823 personas afiliadas en el año 2006, a 391 915 en 2016, lo que significó una variación de 126% durante todo el periodo, o un crecimiento promedio anual de 9,3%. Este resultado permitió mejorar la eficiencia del sistema, con la existencia de aportes específicos para el sector agrícola.
A 2016, el 42,1% de la PEA se encontraba afiliada al sistema de Seguridad Social. El ingreso familiar, por primera vez, cubrió el 100% del valor de la canasta básica. En 2015 se reconoció el trabajo no remunerado como un aporte a la producción nacional.
El reconocimiento, en 2015, del trabajo no remunerado como parte fundamental de la economía se sustentó en el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), desarrollado el año 2014, que calculó la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares ecuatorianos 2007-2010. Al final de ese período representó el 15,41% del PIB y superó, incluso, el aporte de varios sectores tradicionales de la economía.
También se expidieron leyes y reglamentos para lograr la inclusión de personas con capacidades diferenciadas y para fortalecer la equidad de género en el mercado laboral. En el año 2007 se registraron 602 personas con discapacidad que contaban con un empleo y en 2016 esta cifra se incrementó a 87 030, debido a la generación de políticas concretas que promovieron el acceso a trabajos dignos, con equidad e igualdad de oportunidades.
En contraste, con la reforma que acaba de hacer aprobar Moreno en la Asamblea Nacional, a los trabajadores se les rebaja el sueldo, se reduce la aportación al IESS, hay despidos sin indemnizaciones después del año de emergencia, no se pagará horas extras, se vuelve a la precarización laboral en beneficio del gran capital.
Con esta ley, además, se consagran los beneficios a la gran banca y a los grandes capitalistas, que es lo que realmente le interesaba al gobierno de Moreno y sus socios: el gran capital, las grandes corporaciones y transnacionales, los representantes de las grandes cámaras de la producción. Ahora van por la aprobación de las reformas al Código de Planificación y Finanzas, para terminar de desmantelar este sistema e iniciar el manejo del paquete duro de reformas neoliberales (privatización de las empresas públicas más rentables, entre ellas Banco del Pacífico, CNT, CNEL, incluido la seguridad social y la actividad petrolera) que es la exigencia del FMI.
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