DOSSIER:
Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia
Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia
La Fiscalía contabilizó 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014
Nicacio Martínez Espinel, jefe del Ejército colombiano, en enero de 2014. AFP
FRANCESCO MANETTO
El fantasma de los llamados falsos positivos ha vuelto en las últimas semanas a recorrer Colombia. Se trata de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: el asesinato sistemático de civiles durante el conflicto armado con las FARC, hoy desmovilizadas, y que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Los temores de que puedan haberse producido operaciones ilegales llegaron después de que se conociera una directiva del Ejército que instaba a mejorar los resultados de sus miembros. La orden ha motivado por ahora la apertura de una investigación de la Procuraduría al comandante en jefe, el general Nicacio Martínez Espinel, que acabó por derogar la directiva cuestionada. En ella se pedía a los responsables de las distintas áreas que compararan la cantidad de muertes del año pasado con las de este curso, para así incentivar un aumento.
Según un informe de la Fiscalía publicado hace 10 días hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Según los cálculos de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones son mayores y ascenderían al menos a 4.000 personas.
Ese fantasma, en cualquier caso, ha provocado también una reacción del presidente, Iván Duque. “He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario”, anunció tras conocer las nuevas denuncias.
Los integrantes de esa comisión son el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez. El entorno uribista más radical, en cambio, optó por arremeter contra The New York Times, el medio que publicó la polémica directiva, y por señalar públicamente a sus informadores.
Nicacio Martínez Espinel fue nombrado al frente del Ejército colombiano el pasado diciembre por el actual Gobierno, que relevó al Ejecutivo de Juan Manuel Santos el pasado mes de agosto. Desde entonces, el militar y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, han ido renovando la cúpula del cuerpo.
El pasado mes de febrero, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades de colocar en la primera línea de las Fuerzas Armadas a nueve generales investigados por su supuesta participación, directa o indirecta, por el escándalo de los falsos positivos
El Senado de Colombia aprueba el ascenso del cuestionado jefe del Ejército
El general Martínez Espinel era el segundo al mando de una brigada militar acusada de asesinar civiles entre 2004 y 2006, durante la guerra contra las FARC
El general Nicacio Martínez, en el Senado colombiano este miércoles. En vídeo, el momento e la votación. EFE
El Senado colombiano aprobó la tarde de este miércoles el ascenso del jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, a general de cuatro soles, el rango más alto en el escalafón del cuerpo. La cámara legislativa, integrada por 108 miembros, ratificó la promoción por 64 votos frente a uno. El resto de senadores se ausentó en señal de protesta por no poder pronunciarse sobre la promoción del militar por separado y tener que avalar tres nombramientos en un mismo paquete. El debate parlamentario sobre la figura del comandante de la fuerza terrestre, cuestionado por una polémica directiva sobre la mejora de resultados y por su etapa como segundo al mando de una brigada acusada de matar a civiles hace 15 años, primó la defensa de la institucionalidad y de su trayectoria.
La reflexión en torno a las responsabilidades políticas quedó así desdibujada.
Las bancadas de las formaciones que cerraron filas con Martínez Espinel, nombrado al frente del Ejército el pasado mes de diciembre, hicieron de la votación una suerte de homenaje a las fuerzas armadas, empezando por el Centro Democrático (CD) de Álvaro Uribe. El expresidente mantuvo que más de 500 uniformados acusados de falsos positivos -asesinatos de civiles presentados después como guerrilleros caídos en combate entre el Estado y las FARC- fueron absueltos. Habló de falsas acusaciones, alabó el recorrido del general y aseguró que él mismo apartó a decenas de militares por ese tipo de hechos y Martínez Espinel nunca apareció en el listado de presuntos responsables. Durante sus mandatos (2002-2010), según la Fiscalía, se registraron más del 95% de los casos de ejecuciones extrajudiciales, que en total ascienden a 2.248 entre 1998 y 2014.
Junto al Centro Democrático, la formación que sostiene al Gobierno de Iván Duque, votaron el Partido Conservador, Cambio Radical y también los liberales. El senador Jaime Durán, de esta última fuerza, era el ponente del ascenso. Recordó que el comandante en jefe del Ejército no tiene en su contra ninguna investigación que lo inhabilite. La semana pasada la Procuraduría, el órgano de control de la función pública, abrió al general una investigación preliminar con el propósito de esclarecer "la presunta implementación de una política que podría ser similar a la de los falsos positivos" dentro del cuerpo.
Prevalecieron, en definitiva, los criterios de apoyo a Martínez Espinel -Paloma Valencia, del CD, lo calificó de "héroe de la patria" por su lucha contra la guerrilla hoy desmovilizada- por encima de la discusión política sobre las informaciones relacionadas con su pasado, su trabajo en el puesto que actualmente ocupa o las responsabilidades del que en última instancia es su jefe, el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este se enfrenta el lunes a una moción de censura, que si se repiten los números de este miércoles ganará con holgura, motivada por sus declaraciones sobre la muerte de un exguerrillero de las FARC, supuestamente asesinado por militares en abril. El ministro intervino al final del debate para destacar una vez más la "hoja de vida impecable" del jefe del Ejército.
Expresan bien ese clima las palabras de Roy Barreras, senador del Partido de la U. "No es esta una acusación penal, aquí hay una responsabilidad política. El Ejército colombiano necesita legitimidad. No es quien pregunta por los falsos positivos quien le quita esa legitimidad", consideró. Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, hizo una reflexión parecida. "La decisión sobre el ascenso no es una decisión disciplinaria ni es una decisión penal. No podemos convertir los hechos dolorosos en motivo de premios y ascensos", dijo. Su formación solicitó que se votara por separado la promoción de Martínez Espinel. Lo mismo pidió Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo. Se realizó una consulta sobre el procedimiento y la mayoría del Senado rechazó esa opción. "Nos quieren dividir entre los que queremos las fuerzas militares y los que no las queremos. Mentira", mantuvo Gustavo Bolívar, de la Lista Decentes, encabezada por Gustavo Petro, sobre el debate.
Horas antes, el Ejército salió en defensa de Martínez Espinel a través de un comunicado que en, en la sustancia, se desvincula de las acusaciones que afectan a la Décima Brigada Blindada, señalada por la Fiscalía por cientos de supuestos asesinatos al margen de la ley. El general fue segundo comandante y jefe de Estado Mayor de esa brigada entre el 30 de octubre de 2004 y el 23 de enero de 2006. Es decir, “el segundo al mando con responsabilidades administrativas y no el comandante de brigada”, señala el cuerpo. Durante esa etapa se registraron, según el ente acusador, al menos 23 casos de falsos positivos. Esta circunstancia no supone ninguna incriminación o responsabilidad directa, aunque sí había alimentado un debate sobre su idoneidad para ocupar el cargo.
Un jefe de Estado Mayor de una unidad tiene también asignadas importantes funciones de gestión interna. Entre ellas, “asigna a los oficiales del Estado Mayor tareas específicas en la preparación de planes detallados, órdenes, informes y otras actividades complementarias; supervigila las acciones del Estado Mayor para asegurar que sean adecuadas, integradas y dirigidas a producir resultados deseados; aprueba las acciones del Estado Mayor u obtiene que el comandante lo haga”.
Fuentes:
https://elpais.com/internacional/2019/06/06/colombia/1559781218_699138.html
Apoyo a las fuerzas militares, vociferaron TODOS en el Congreso
“Debemos apoyar a la institución más prestigiada de este país”, gritaba la reaccionaria senadora Paloma Valencia, celebrando que ayer 5 de junio el congreso votara a favor del ascenso del general Nicacio Martínez.
Produce risa, por no decir coraje, el que esta señora vocifere semejante falacia, pero precisamente ese es su papel, como parte del séquito de lagartos que tiene el narcotraficante y jefe paramilitar Uribe Vélez.
Pero contrario a los alaridos de Valencia, es claro para todo el mundo, que el ejército es una de las instituciones más desprestigiadas de Colombia; no solamente por el hecho de ser un aparato establecido exclusivamente para mantener por la fuerza el status quo de las clases dominantes; sino que dentro de la tal legalidad del supuesto Estado de derecho, ha cometido crímenes extrajudiciales, respaldado a paramilitares, responsable de masacres y desplazamientos, casos de corrupción, violaciones y tortura a la población y a sus propios miembros; en fin, de ser un azote para el pueblo.
Aun así, ayer el establo del “honorable” Congreso, dejó claro que respalda esa fuerza represiva y le importa un bledo que generales como Nicacio Martínez estén involucrados en crímenes de Estado. Human Rights Watch denunció desde febrero que mientras este sujeto era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada se cometieron por lo menos 23 casos de asesinatos extrajudiciales; uno de ellos sucedido dos días antes que este comandante saliera de la brigada; el 21 de enero del 2006 soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento, asesinaron a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez.
A esto se suman las denuncias que The New York Times publicó en estos días (y que por cierto la revista Semana engavetó) donde informa que el mayor Nicacio Martínez, ejerciendo su nuevo cargo, trazó una directiva donde exige resultados del 70% y como sea; lo cual es una invitación a asesinar civiles; el caso de Dimar Torres es una muestra de esto: lo asesinaron con sevicia a sangre fría y pensaban pasarlo como muerto en combate, pero gracias a la comunidad y a la denuncia por redes, no pudieron hacer el montaje.
Ahora bien, no se podía esperar más de los Uribe, Valencia, Holguín y miembros de otros partidos, que vehementemente defendieron a este asesino y a la institución, pues al fin y al cabo es el baluarte para mantener su poder político y económico, junto con el de todos los capitalistas.
Pero la llamada “oposición” no salió bien librada; porque también defendió las fuerzas militares asesinas; los jefes de las FARC se retiraron aduciendo que estaban impedidos, no sin declarar a través de Carlos Lozada que “confía plenamente en el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía” y entiende “que el acuerdo recientemente firmado todavía requiere avanzar en el camino de la construcción de la reconciliación”. Un miserable papelón de encubridores del crimen y de reverencia a las instituciones que aplastan al pueblo, cuando por ser conocedores de los crímenes cometidos por los militares podían denunciarlos. Se declararon impedidos, pero esto solo lleva a pensar que también tienen rabo de paja y han cometido crímenes contra el pueblo.
El resto de la llamada “oposición”: Decentes, el Polo Democrático, la Alianza Verde…; hicieron la propuesta de separar la votación para permitir que se ascendieran a los otros militares porque según ellos “no estaban cuestionados”, en cambio Nicacio Martínez sí. Dejaron expreso y claro en varias de sus intervenciones que respetan y respaldan la institución; en otras palabras, el problema son unas “manzanas podridas”. También se retiraron “dignamente” del congreso cuando no les aceptaron la propuesta. Al final cumplieron bien su papel de hacer alegatos y pataleos que no sirven, pero que sí dan la apariencia democrática a la dictadura de los capitalistas, reforzando por ahí derecho la idea reaccionaria de que las fuerzas militares se deben defender, y se debe premiar a los que sí son “buenos generales”; cuando los únicos generales buenos son los muertos, ya que su labor es oprimir y aplastar al pueblo que ose levantarse contra sus enemigos explotadores.
Y mientras pasa todo esto en el circo del Congreso… sigue el asesinato de dirigentes sociales, aumenta la represión a la protesta social, persiste la persecución a los dirigentes sindicales, se incrementan los crímenes de Estado… en fin, la guerra contra el pueblo. Ahí va quedando claro de qué parte se encuentra y a qué clase representa cada partido.
