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“La Regla Fiscal” máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales

La igualdad descuartizada 

POLITICA Y GOBIERNO
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Fue una apuesta de fondo por la igualdad y sin embargo hoy somos la sociedad más desigual de América del Sur. Esto se debe a seis grandes errores a lo largo de los pasados veinte años. Y ahora se nos viene la reforma sobre sostenibilidad fiscal, que es una mala copia de las malas experiencias internacionales y acabará por deshacer lo poco que hemos logrado.  

Veinte años no es nada

A propósito de los veinte años de la Constitución, conviene recordar la anécdota que atribuyen a Chou en Lai, cuando un periodista le preguntó qué opinaba de la Revolución Francesa -ciento setenta años después- y el estadista chino contestó: “Es muy reciente para ser evaluada”.

Algo va de China a Colombia, pero en este breve texto intentaré subrayar (1) que la Constitución del 91 fue ante todo la apuesta por construir una sociedad justa e igualitaria, (2) que ese proyecto fue truncado por una serie de políticas que nos han llevado a ser la sociedad más desigual de Suramérica, y (3) que el desmonte del proyecto inicial se agravaría con las reformas en curso sobre la llamada “sostenibilidad fiscal”.

Hacia una sociedad igualitaria

En el primer sentido destacaría el efecto pedagógico y cultural que ha tenido la formalización de los derechos. Más que la acción de tutela -que es apenas garantía, instrumento- destacaría especialmente el derecho a la igualdad en una sociedad plural y respetuosa de la diversidad de ideas, de religión, de género, de etnias, de estado civil y de opción sexual.

Podríamos suprimir todos los artículos de la Constitución, pero si hiciéramos efectivo el artículo 13 ya seríamos algo que hoy todavía no somos: una sociedad decente de 46 millones de proyectos de vida que se respetan recíprocamente. Porque ya creeríamos de verdad que

“todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan”.

Justo es reconocer que a lo largo de las dos últimas décadas se han dado avances en esa dirección, o que hoy por hoy apuntan en ese sentido iniciativas como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, o el respeto al Derecho Internacional Humanitario que se sigue de admitir la existencia del conflicto interno, o la búsqueda de una distribución más equitativa de las regalías.

Caminos equivocados

En el segundo punto, el de los caminos que nunca debimos recorrer, destacaría los seis siguientes:
1. Ha sido un error descuartizar el pacto social de los artículos 356, 357 y 358 de la Constitución (mediante tres reformas al texto de 1991), que junto con la ley orgánica 38 de 1989 conformaban un bloque de constitucionalidad sobre el reparto y el uso de los ingresos corrientes de la Nación. La historia cobrará esto.
2. Ha sido un error convertir en mercancía al conocimiento y a la educación –que es el medio de producirlo– lo que ni a Carlos Marx se le habría ocurrido. El Preámbulo de la Constitución afirma que el conocimiento es un derecho fundamental y por lo mismo tiene un rango comparable a la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz.
3. Ha sido un error reducir sistemáticamente la inversión pública en educación preescolar, básica, media y superior.
4. Ha sido un error reducir sistemáticamente el papel del Estado en el diseño y la prestación de los servicios de salud. La conversión de la salud en mercancía transable, su privatización y la voracidad de los actores nacionales y multinacionales que ahora se presentan como víctimas, son muestras del cinismo y la descomposición que se siguieron de una ley tramposa que permitió las integraciones verticales y el desmantelamiento del Estado en el sector.
5. Ha sido un error reducir al Estado al papel de simple adherente de las condiciones que imponen los contratistas particulares. La ley 80 de 1993 y sus reformas son la trampa donde el Estado siempre pierde y donde asume los riesgos que los contratistas habrían de asumir –y asumen– en cualquier otra economía de mercado.
6. Ha sido un error la política de lucha contra el narcotráfico, que de hecho ha ayudado a enriquecer a los criminales. Aunque sería mejor estar en compañía de premios Nobel que de Rambos, en esta materia las voces sensatas son estigmatizadas: ¿No aprendemos de las lecciones propias ni de las ajenas?

Regla Fiscal: el mal ejemplo cunde

Así como en el pasado llamamos “Convivir” a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el “Principio de Sostenibilidad” y “La Regla Fiscal” como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales.

Hay que declarar la inconstitucionalidad plena de la sostenibilidad y de la regla fiscal, porque la vía de las “sentencias moduladoras” que utiliza la Corte para proteger la integralidad de los derechos no ha resultado efectiva. “Se obedece pero no se cumple”, fue la respuesta del Banco de la República ante sentencias tan significativas como la del UPAC, la de objetivos múltiples (no sólo reducir la inflación) y otras de keynesianismo moderado. Lo mismo harían los tecnócratas de todos los gobiernos, si se les deja el campo libre.

La tesis de “sostenibilidad fiscal” se remonta a la derecha republicana de Estados Unidos en los años 80, y es la misma que hoy inspira al Tea Party. Reagan, como se sabe, había causado el mayor déficit fiscal en la historia de ese país (tanto que su Director de Presupuesto renunció por vergüenza), pero en vez de reducir el gasto militar (la célebre “Stars War”) se las arregló para que fueran los gobiernos locales, los Estados, quienes incluyeran en sus Constituciones el mandato del equilibrio presupuestal.

El único Estado que ha adoptado el adefesio de la sostenibilidad fiscal –aunque a nivel de ley, no de Constitución– y que merezca tenerse como ejemplo es Alemania, donde los derechos sociales y económicos están garantizados. Pero igual que de Colombia a China, algo va de Alemania a Colombia, y la regla fiscal daría al traste con los precarios avances que se han dado.

Comedia fiscal, tragedia social

Y sin embargo la comedia de la regla fiscal acaba de elevarse al rango de un mandato constitucional, lo cual puede acabar en tragedia para los usuarios del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) o para los alumnos de la educación pública.

¿Por cierto, qué dicen los gobernadores y los congresistas de las regiones? Todos estamos de acuerdo en mantener una economía equilibrada y una moneda sana. Alfonso Palacio Rudas probó que esto se puede lograr sin vulnerar los derechos sociales y económicos.

¿Por qué el gobierno no mira mejor hacia las gabelas de las zonas francas, de los contratos de estabilidad tributaria que hipotecan la soberanía del Estado, a las regalías y a los impuestos mineros y al zoológico de rentas de capital exentas? Allí encontraría los siete billones anuales para cumplir con la unificación del POS, que correspondería a nuestra Sentencia Brown, entre los buenos ejemplos internacionales [1]

* Ex constituyente

[1] En esa sentencia de 1954, la Corte Suprema de los Estados Unidos exigió al Distrito Judicial de Topeka en Kansas eliminar la segregación racial de sus escuelas.

http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2144:la-igualdad-descuartizada-&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

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