La cortina
Por: Natalia Springer
El ex presidente Uribe olvidó que fue él quien sancionó una ley de amnistía que libró de responsabilidad a más de 40.000 individuos, guerrilleros y paramilitares.
El ex presidente utiliza cortinas, de humo y ruido, para no tener que rendir cuentas.
Como todas las semanas, y en respuesta a los innumerables escándalos que rodean su administración, el ex presidente Uribe se acaba de sacar un argumento antijurídico y políticamente inviable sobre la inexistencia del conflicto armado para sabotear la Ley de Víctimas.
Habrá que recordarle que la aplicación del artículo 3 común, en ninguna de sus provisiones, modifica el estatus jurídico de las partes de un conflicto, ni constituye reconocimiento de poder alguno del Gobierno a la parte adversa, y tampoco limita "de ningún modo su derecho a reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas; no afecta en nada su derecho a perseguir judicialmente, juzgar y condenar a sus adversarios por sus crímenes, de conformidad con la propia ley" ('Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional', volumen III, página 33. Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia).
Tampoco desnaturaliza los crímenes de la guerrilla. El reconocimiento explícito de la existencia de un conflicto armado no resta gravedad ni exime o limita las responsabilidades de la guerrilla en el genocidio de los pueblos indígenas, las condiciones de esclavitud a las que somete a sus secuestrados, el reclutamiento de niños, el uso de civiles como escudos humanos, o cualquiera de los crímenes en extremo graves que ha cometido y sigue cometiendo.
Es más, desconocer la existencia del conflicto solo actuaría en su favor y tendría un efecto devastador en la seguridad, por cuanto habría que declarar ilegales el grueso de las operaciones que hoy libran nuestras Fuerzas Armadas en el marco de su 'Plan de Guerra'.
El ex presidente conoce estos argumentos, los discutió extensa y personalmente con las organizaciones cuyo mandato depende precisamente del reconocimiento de la existencia del conflicto armado, como la misma OACNUDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la MAPP-OEA. También sancionó leyes como la 782, de diciembre del 2002, que prorrogó por otros 4 años, mediante la Ley 1106, del 2006, en las que se habilitó para "dialogar con grupos armados al margen de la ley, promover su desmovilización, la reconciliación y la convivencia política", y en las que no solo reconoce explícitamente la existencia de un conflicto armado, sino su naturaleza política, y nombró a un negociador del más alto rango y nivel de acceso, el Alto Comisionado de Paz, para cumplir con tal empeño.
Convenientemente, olvidó mencionar que fue él quien sancionó una ley de amnistía que libró de responsabilidad a más de 40.000 individuos, guerrilleros y paramilitares, responsables de la comisión de graves crímenes. Y quien reconoció la existencia del paramilitarismo, sistemáticamente negada por los gobiernos anteriores, que, en respuestas oficiales abundantemente documentadas, rechazaban el término por cuanto aquello implicaba la complicidad, tolerancia y/o aquiescencia de la fuerza pública con estos grupos.
Ninguno de estos actos de gobierno otorgó estatus de beligerancia a las guerrillas. Tampoco los vecinos. Si el presidente Chávez quisiera hacerlo, que no lo hizo, no necesita el permiso del gobierno colombiano, por cuanto se trata de un hecho jurídico autónomo.
Pero, reitero, el ex presidente lo sabe. Utiliza estas cortinas, de humo y ruido, para no tener que rendir cuentas sobre el cartel de la salud, las 'chuzadas' del DAS, el cartel de la contratación en el país, las falsas desmovilizaciones, los falsos positivos, las preguntas sobre el patrimonio de sus hijos y las condenas impuestas a sus familiares y socios políticos.
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