CARTA A LA FAMILIA
De las y los estudiantes de los programas de Ciencias Sociales, Comunicación Social-Periodismo, Artes Plásticas y Visuales, Sociología, Historia, Derecho y Ciencia Política
En la hora de la defensa del derecho a la Educación
Marcha del 7 de Abril de 2011
De la Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima
El 10 de marzo de 2011 el presidente de la república presentó a la opinión pública del país un proyecto de Ley para la educación superior, acerca del cual diferentes sectores estudiantiles, profesorales, de funcionarios y trabajadores de la Universidad del Tolima expresamos razonable desacuerdo.
El profesor de la Universidad de Antioquia, Jorge Aristizabal Ossa expresaba en un comunicado público del 16 de marzo del presente año: “Y es que evidentemente las universidades públicas se encuentran en una crisis profunda que el Gobierno Nacional se niega a reconocer y por ende a resolver. Ya son dos las cartas que el Consejo Nacional de Rectores del Sistema de Universidades Estatales, SUE, le han dirigido, una al anterior presidente y otra al actual, donde le demuestran la desfinanciación a la que están siendo sometidos desde la expedición de la Ley 30/92 y el incumplimiento hasta hoy de la mayoría de los recursos aprobados en el 2009. Las universidades públicas tienen muchas nuevas obligaciones que han tenido que atender en estos 19 años, han triplicado la cobertura estudiantil, se han extendido por las regiones con nuevas sedes regionales, han conformado centenares de grupos de investigación, se han modernizado hasta donde ha sido posible, han generado casi la mitad de sus gastos en recursos propios y se han endeudado grandemente con el sector financiero para cubrir sus obligaciones laborales y pensionales”.
Concluye el profesor Aristizabal que el mayor problema que afronta la universidad pública es la carencia de un presupuesto estatal adecuado. La misma UNESCO, organismo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura , muestra que mientras en países como Cuba y Venezuela en 2002 el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) era destinado a la educación superior, en Colombia esta cifra es inferior al 0.5% y sabemos que es en realidad del 0.3%, que es la séptima parte que Venezuela y Cuba destinan a este nivel de la educación de su juventud. El mismo organismo indica que mientras Brasil, México, Venezuela y Chile invierten entre 6 y 12 millones de pesos colombianos por estudiante, Colombia destina entre 1 y 2 millones de pesos, es decir, la sexta parte.
Contrasta el hecho que mientras el gobierno colombiano ha reducido en términos reales en los últimos 20 años su aporte a la financiación de la educación superior, entre 1994 y 2003 en cambio ha quintuplicado el gasto en defensa y al mismo tiempo ha privatizado la salud y la administración de las pensiones; aumentado la edad para jubilación y eliminado el empleo a término indefinido, facilitando al sector privado burlar el pago de prestaciones sociales a las trabajadoras y los trabajadores; pero aumentando sin medida el empleo informal y mal remunerado.
A pesar que el presidente Santos citó una frase de Bolívar según la cual “Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación” su propuesta de nueva Ley de educación superior amenaza justamente el derecho de la mayoría de jóvenes a acceder a la educación superior, ofreciéndoles a cambio la ampliación de cupos en el SENA y créditos “blandos” a través del ICETEX. En primer lugar es necesario aclarar que el problema del empleo no se resuelve por el solo hecho de que nuestros jóvenes puedan ingresar al SENA o a la universidad, pues afecta a todos por igual, aunque no nos han querido decir qué tan bien pago es el trabajo de técnicos y tecnólogos egresadas y egresados del SENA, como tampoco que tan barato sale el crédito del ICETEX y, sobre todo, que la mayor parte del mismo se va precisamente a las universidades privadas.
Es decir, el gobierno colombiano quiere, así como lo ha hecho con la salud, el régimen de pensiones y las empresas del Estado, endosarle la educación toda, pero particularmente la superior, a las empresas privadas, pero ni siquiera al capital privado nacional sino a un grupo de universidades trasnacionales que ya han adquirido un número importante de instituciones de educación superior en Brasil, Argentina y Chile y que son empresas rentables, o “con ánimo de lucro”, como expresó el presidente y está escrito en la propuesta de Ley de Educación Superior.
Un estudio de la CEPAL de 2007, muestra que el gasto social en Colombia (no lo considera inversión), entre 1990 y 2003 fue siempre inferior al promedio de Latinoamérica, situándose por debajo de Bolivia, Chile, Panamá, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay y Cuba, pero a partir de 2003 también por debajo de Venezuela.
Llama la atención el hecho que mientras la Ministra de Educación y altos voceros del gobierno repican acerca de la necesidad de garantizar la “permanencia” de los jóvenes en la universidad, todas las políticas oficiales apuntan a sacarlos del estudio, pues para las familias de menores ingresos resulta materialmente imposible el pago de los costos que significa la educación de sus hijos.
Si la cobertura de la educación media (10º y 11º) en el Tolima llega apenas a un poco más del 60% de los adolescentes y la educación superior, incluyendo la matrícula del SENA, solo se aproxima al 20%, ¿Cómo podría creérsele al gobierno que una Ley que agudiza la privatización de la educación y de la universidad, en particular, vaya a garantizar que el capital privado pueda ofrecer una educación de alguna calidad, cuando se ha probado en el mundo que el negocio de las empresas privadas es justamente la ganancia? ¿Acaso es mejor ahora la salud en manos de las empresas privadas? ¿Sabemos cuántas personas mueren en las clínicas y hospitales… privad@s por una atención de dudoso ejercicio ético, impuesto por el régimen de contratación del personal médico y paramédico? ¿Sabemos cuántos profesionales trabajan a crédito en servicios de salud, educación y nuevas fábricas y empresas, por el incumplimiento de cooperativas de dudosa legalidad, creadas precisamente para privatizar el empleo y burlar las prestaciones sociales de las trabajadoras y los trabajadores?
Amiga, amigo, joven, profesor, padre y madre de familia, trabajadora, trabajador: hoy nuestra obligación es defender el derecho de las niñas, los niños y la juventud a la educación, como un derecho fundamental garantizado por el Estado y no como un servicio lucrativo con el cual se enriquecerán unos pocos monopolios.
Marche con nosotros, los estudiantes, los profesores y los trabajadores de la Universidad colombiana, que hoy se está movilizando para defender no solo un derecho sino el sueño de millones de niñas, niños y jóvenes a tener una educación de calidad garantizada por el Estado. Vamos a marchar para recordarle y exigirle al gobierno nacional sus obligaciones constitucionales con la educación; para recordarle al gobernador del Tolima que como Presidente del Consejo Superior está en la obligación legal de apoyar a la Universidad del Tolima (PAGANDO LA DEUDA CONTRAÍDA
EL 7 DE ABRIL DE 2011
A PARTIR DE LAS 9:00 DE LA MAÑANA
Desde la Universidad del Tolima
Invitamos a MARCHAR como UNA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE SOMOS, como una sola voz, con nuestras y nuestros jóvenes, como un DEBER DE PADRES, DE MADRES, DE HERMANAS Y DE HERMANOS, DE PROFESOR@S, DE TRABAJADOR@S, DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS.
