Por María Jimena Duzán
Los organismos de investigación no pueden funcionar a paso de tortuga si los amenazados son críticos del gobierno, y a paso raudo si son los hijos del presidente.
En sólo cuatro meses, la Dijín, con el apoyo del FBI, identificó a Nicolás Castro, un joven estudiante de bellas artes como el presunto autor de la página en Facebook que proponía matar a Jerónimo Uribe, el hijo menor del Presidente. En menos de lo que canta un gallo, el miércoles pasado a Castro se le dictó la medida de aseguramiento, se le capturó e inmediatamente un juez de garantías lo mandó a la cárcel
de La Picota, que es donde van los más peligrosos terroristas. Castro fue acusado ese día no sólo de instigación para delinquir, sino de terrorista. De manera apresurada el director de la Dijín salió a informarles a los medios que su organismo tenía pruebas de que Castro pertenecía "a redes que instigan al terrorismo internacional". ¿Y cuáles eran esas pruebas tan contundentes? Ah, pues que Castro accedía a páginas que tienen que ver con las organizaciones terroristas de las Farc, Al Qaeda y otros grupos terroristas del mundo. Por si esto fuera poco, el director de la Dijín afirmó que Castro había ingresado más de 1.400 veces a buscar datos sobre la familia presidencial en la red en los últimos meses, acusación insólita porque convertiría en delito el solo acto de entrar a la red a buscar información sobre la familia presidencial.
Yo no sé si Castro es inocente o culpable del delito que se le imputa, ni si es terrorista, como ya lo concluyeron en la Dijín. Pero lo que sí tengo claro es que si para ese organismo visitar páginas en Internet de grupos extremistas lo convierte a uno en terrorista de las Farc, entonces el primero en caer bajo sospechas debería ser José Obdulio quien, a juzgar por las continuas menciones que hace de la página de las Farc en su columna, es uno de los que más acceden a ella. Y si entrar con frecuencia a la red a buscar información y datos sobre la familia presidencial o sus allegados puede llegar a ser considerado un acto delincuencial y hasta terrorista, entonces no van a dar abasto las cárceles para encarcelar a estudiantes, periodistas, historiadores, académicos, que ya habrán entrado a las mismas páginas que entró el estudiante Castro.
La celeridad y el apresuramiento con que la Dijín ha procedido en el caso de Jerónimo Uribe me recordó una historia acaso menos exitosa que esta que le sucedió hace unos años al periodista Daniel Coronell, reconocido crítico del gobierno Uribe. Él también recibió amenazas por Internet, pero no corrió con la misma suerte que Jerónimo. Ante la lentitud de los organismos de seguridad, Daniel se vio obligado a hacer la investigación sobre la procedencia de esas amenazas por su cuenta y riesgo. Mientras la investigación del hijo del Presidente contó hasta con el apoyo del FBI, la de Daniel contó solo con un ingeniero de sistemas. Con su ayuda, Daniel descubrió que el dueño del computador desde donde salieron esos correos amenazantes era Carlos Náder, un amigo de Álvaro Uribe muy cercano a sus hijos. Los resultados de esta investigación fueron publicados en su columna en la revista SEMANA. Carlos Náder terminó aceptando que desde su computador habían salido esos correos y, según Coronell, en una entrevista telefónica que sostuvo con Náder pocos días después, él le confesó que muchas personas tenían acceso a su computador…entre ellas los hijos del Presidente.
Lo cierto es que mientras a Jerónimo Uribe la Dijín le ha solucionado sus problemas de seguridad, a Daniel le tocó irse del país dos años a vivir un exilio que no merecía.
Pero, además, páginas como las que en mala hora invitan a matar a Jerónimo Uribe hay en Facebook contra muchos otros colombianos, comenzando por Piedad Córdoba, quien desde hace varios meses ha denunciado ante las autoridades la existencia de por los menos 20 grupos en Internet que invitan a su asesinato, sin que hasta ahora la Dijín se haya preocupado por acelerar la investigación ni por pedirle colaboración al FBI. También hay grupos que invitan a matar al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y a figuras de la farándula, como Shakira. Pero, repito, ninguna de estas amenazas ha causado mayor revuelo en la Dijín.
En un país donde hay una cantidad de miembros de ONG, de políticos y de periodistas críticos del gobierno amenazados, los organismos de investigación no pueden funcionar a paso de tortuga cuando los amenazados son críticos del gobierno, y a paso raudo y veloz cuando los amenazados son los hijos del Presidente.
Sólo esperamos que el rasero que utiliza este organismo de investigación de la Policía no sea de carácter político. Bastante tuvimos ya en la época de La Violencia cuando el país padeció los abusos de una policía política que se dedicó a proteger los intereses de quienes estaban en el poder, en desmedro de los demás ciudadanos.
