Un tratado militar vergonzoso
El Consejo de Estado en sala plena conceptuó el pasado 13 de octubre que el texto del acuerdo de cooperación militar de Colombia con Estados Unidos para el uso de bases y territorio por tropas, naves y aeronaves militares extranjeras no tiene fundamento en ningún tratado anterior, ni en la Constitución Política y que, además, entrega unilateralmente beneficios militares, penales, tributarios y de usufructo de bienes públicos en contra de principios, normas y atribuciones. Ese concepto deja en claro que, en realidad, no es un acuerdo complementario de ningún tratado precedente, aprobado por tanto en el Congreso, y que debería tener el trámite propio de un tratado nuevo.
El gobierno colombiano, con el beneplácito del Embajador de los Estados Unidos y del gobierno de ese país, decidió no escuchar al Consejo de Estado y proceder con una situación de hecho contraria a la Constitución y a darle curso a un documento escandaloso en su contenido, cuya única fuente es la arbitrariedad y un golpe de mano a la soberanía.
El Consejo de Estado desvirtúa el carácter supuestamente complementario del nuevo acuerdo y el atajo escogido de "procedimiento simplificado", mencionando cada uno de los supuestos antecedentes para mostrar que en ningún caso se refieren al estacionamiento de militares extranjeros, ni al uso de instalaciones militares por militares de Estados Unidos, ni al objetivo de lucha antiterrorista de misiones o naves de guerra, ni a la extensión del tratamiento de militares, sus contratistas (mercenarios), familiares, ayudantes, vehículos, casas y construcciones nuevas como si fueran diplomáticos y sus movimientos y actividades en cualquier parte del territorio fueran como si estuvieran en Estados Unidos.
El calificativo del Consejo de Estado de ese Tratado Militar es que se trata de un "documento en blanco", que deja abierta la posibilidad para acciones de todo tipo, incorporadas por la vía de simples actas de compromisos. Colombia entrega de todo y los Estados Unidos y sus unidades militares se benefician de lo que estimen conveniente. Para comenzar, a los militares, sus familiares y acompañantes, a los mercenarios y sus acompañantes, se les otorga inmunidad ante delitos o crímenes atroces en territorio colombiano; pueden usar a discreción y sin costo alguno la infraestructura de telecomunicaciones y las conexiones internacionales de señales; no pagan impuestos y ni siquiera peajes; sus vehículos no pueden ser requisados; no hacen aduana ni tienen control alguno en aeropuertos. Como si fuera poco, pueden hacer construcciones con solo hacer el acta o informar y allí tendrán extraterritorialidad, como en sus casas y oficinas en el Comando Sur (ver texto completo del acuerdo militar en www.indepaz.org.co).
Y lo más grave no está en este Tratado de Ocupación, sino lo que se pretende hacer con el estacionamiento de esas tropas, sus equipos sofisticados y sus aeronaves. De manera expresa, Estados Unidos entra a ser parte en la guerra interna contra la guerrilla y otros grupos ilegales. A diferencia del Plan Colombia, aprobado en el Congreso de los Estados Unidos desde el 2001, que se justificó en la guerra antidrogas, ahora se coloca el foco en la guerra antiterrorista con enunciados que dejan a la libre interpretación de los altos mandos hasta dónde llega esa categoría y sus interrelaciones con el crimen transnacional, o con las organizaciones civiles y personas que entran en la categoría de cómplices o sospechosas.
No es extraño que el fundamento normativo alegado por el Gobierno invoque documentos del Tiar (1952) y de la Alianza para el Progreso (1962), que fueron instrumentos de las doctrinas de seguridad nacional que justificaban todo en nombre de la guerra al enemigo externo.
Tienen razón los presidentes de Brasil, Argentina o Chile cuando advierten sobre los alcances continentales y de seguridad latinoamericana del nuevo tratado militar entre Colombia y Estados Unidos. Pero, desafortunadamente, el ambiente de imposición de las neobases militares, la altisonancia del debate, los excesos verbales de Chávez y el ajetreo de la reelección presidencial dejan poco espacio para la razón o para que se vea la dimensión de la subordinación. Del golpe de opinión ahora pasamos al golpe de anexión.
Camilo González Posso
