Por: Cecilia Orozco Tascón
DE LA MÁQUINA DE DOMINACIÓN que han activado los protagonistas de la era uribista con el objeto de controlar la vida pública, falta por escudriñar lo que se ha hecho para maquillar o modificar la información que no conviene a los resultados que el régimen quiere mostrar.
Con la manipulación política de los datos, las verdades de quienes nos gobiernan serán incontrovertibles, estadísticamente hablando. ¡Y vaya usted a explicar que las cifras oficiales no corresponden a la realidad a ver quién le cree! No por nada se han ido, sin pena y con gran dignidad, varios directores del DANE. Este botón de muestra que encontró, por fortuna, el registrador Carlos Ariel Sánchez —acosado desde varios flancos por su carácter independiente— indica todo lo que puede estar sucediendo a nuestras espaldas:
Dos simples resoluciones le bastaron a Diego Palacio para sustituir el único órgano que tiene la competencia de registro e identificación de los colombianos, es decir, la Registraduría. Palacio derogó, así, un artículo de la Constitución y uno del Código Electoral. Con el argumento previo de que “el papá del presidente Uribe y Álvaro Gómez aparecen en el censo”, frase que el Ministro soltó para darle piso a su tesis de que “el país tiene enormes dificultades… en cuanto a la identificación de la población” decidió solucionar el problema que él y los reeleccionistas quieren crear para, entre otras cosas, reducir el alto volumen de votantes que tendría que aprobar el referendo. Sin más ni más, dio la orden de que desde la red hospitalaria “se procesen de manera directa los nacimientos y fallecimientos…” en una resolución (002455 de julio del año pasado) por medio de la cual creó el Registro Único de Afiliados, RUAF, que en la práctica es una base paralela —y desde luego inconstitucional— a la que guarda celosamente la Registraduría. Esta base ‘para’ será alimentada por empresas particulares o multinacionales que podrán hacer con nuestra información lo que quieran. En efecto, las entidades administradoras del sistema de seguridad social, por orden del dictador del área, dispondrán “de los mecanismos necesarios” para la toma de huellas y fotografías y para copiar los documentos de identidad de sus afiliados y los beneficiarios de éstos.
Una curiosidad que no inquietó a Palacio: según el artículo 213 del Código Electoral, los datos biográficos, la filiación y la fórmula dactiloscópica son tan reservados que únicamente podrá hacer uso de ellos la autoridad competente. Eso no fue óbice para que el Ministro decidiera que ese proceso es obligatorio para los afiliados a las EPS y demás empresas. Significa que si usted no permite el procedimiento, quedará por fuera del sistema. En otra resolución (3755 de octubre de 2008) nuestro pequeño autócrata ordenó que las administradoras de salud se asocien para facilitar los procesos de recolección e intercambio de información y para permitir su circulación por internet (!). No cabe sino darle partida de defunción a nuestro derecho constitucional a la intimidad pero, eso sí, inscribámosla en el despacho de Diego Palacio, Registrador Nacional de facto ¿Servirá esta base ‘para’ en las próximas elecciones? ¡Ah! Se me olvidaba: Alberto Uribe Sierra no está en el censo electoral. Tampoco Álvaro Gómez Hurtado.
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Entre paréntesis: el corrector automático del computador que no sabe sino de verbos regulares, “corrigió” en mi columna anterior “descuellan” y puso “descollan”. No pretendo ser docta en el idioma pero tampoco soy tan burda. Lamento no haberme dado cuenta.
Cecilia Orozco Tascón
