De Frente.
14/10/09
La tierra para los terratenientes
Maria Elvira Samper
No solo los ricos pueden hacer producir la tierra. Los campesinos también, si tienen el apoyo del Estado.
La rasgada de vestiduras y el crujir de dientes del presidente Uribe a raíz del escándalo por la concentración de 25.000 millones de pesos en subsidios del programa Agro Ingreso Seguro en manos de cuatro poderosas familias en Magdalena, y el llamado a devolver “la platica”, fue efectista y demagógica, y no lo exonera de responsabilidad aunque la galería lo aplauda por cuenta de que apareció como el engañado del paseo.
El resultado de la indignación presidencial será su repunte en las encuestas y el desplome de la candidatura de Arias. Nada más. El gris sucesor del ex ministro se mantiene en el cargo con la bendición de Uribe. La responsabilidad política es un principio que, como dicen ahora, “no manejan” en el Gobierno. ¿Y la platica? No la van a devolver.
Pero escándalo aparte, está abierto el debate sobre el problema agrario, que explica de principio a fin nuestra historia de violencia y que la dirigencia se ha negado a resolver durante décadas. Es su gran deuda social y no es este el gobierno que ha empezado a saldarla, pues contrario a su discurso, los hechos demuestran que prima la protección de los intereses de los terratenientes. Al fin y al cabo, Uribe es uno de ellos y como ellos y sus aliados en el Congreso, se aferra a la teoría de que la reforma agraria concebida como distribución de tierras está condenada al fracaso. Para demostrarlo apela al fracaso de la que promovió en los años sesenta Carlos Lleras Restrepo, y dice que la mayoría de las tierras acabaron convertidas en “unos rancheríos, con dos matas de plátano, tres de yuca y dos o tres generaciones del adjudicatario inicial sumidas en la pobreza”.
Afirmación simplista que omite las verdaderas razones del fracaso: falta de acompañamiento, de asistencia técnica y comercial, de incentivos, de crédito y, sobre todo, de decisión política. El gobierno de Misael Pastrana, acabó con la ANUC que Lleras impulsó para contrarrestar el excesivo peso político de los terratenientes en el Congreso, e impuso la contrarreforma con el llamado Pacto de Chicoral, apoyado por los goditos y la derecha liberal.
La reforma agraria está por hacerse. No se trata de negar la necesidad de otorgar incentivos a los grandes empresarios, sino de hacerlo técnicamente, sin favoritismos. Se trata de proteger también los intereses de los pequeños y medianos propietarios, y de los tres millones de desplazados a quienes los grupos violentos les quitaron más de 1,5 millones de hectáreas.
Los ricos no son los únicos capaces de hacer producir la tierra en forma eficiente. Los campesinos también si el Estado no los abandona a su suerte, si los incluye en un proceso de desarrollo integral no solo como simples peones. Hay modelos cooperativos y de asociación entre pequeños propietarios y grandes empresarios que han funcionado. Y tierra sobra pero está mal distribuida y aprovechada, como lo documenta el investigador Alejandro Reyes Posada (Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia, Editorial Norma, 2009): una tercera parte está subutilizada en ganadería extensiva —casi tres veces el área que debía estar dedicada a esa actividad—, en detrimento de la agricultura y de los bosques; otra tercera parte está sobreutilizada en agricultura campesina de subsistencia o en pastos, y solo un tercio está bien utilizado, es decir, su uso corresponde a su vocación natural.
El modelo del Gobierno perpetúa esa estructura, pese a que en el “Manifiesto de 100 puntos” Uribe prometió una política encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de los campesinos pobres, el impulso a sistemas asociativos de producción y mercadeo, a bancos de maquinaria, a compra de tierra buena para entregarla a asociaciones de campesinos que serían apoyadas con crédito barato, tecnología y comercialización de los productos, a préstamo a campesinos para cultivos en tierras ganaderas… Un catálogo de buenas intenciones porque el Gobierno no pasa la prueba en política agraria. Y mientras se siga posponiendo la reforma agraria no podemos pensar en un país en paz. Bien lo dice el ex ministro Rudolf Hommes: sin tierra no hay paraíso.
