¿ES POSIBLE UNA COLOMBIA SIN HAMBRE?

Horacio Duque

Desde el 2020, la pandemia y la quiebra de la economía han agudizado mucho más el problema del hambre entre los colombianos.

En las regiones más deprimidas de Colombia, el hambre es un mal que golpea en el día a día a casi 8 millones de personas como lo advierte un reciente estudio de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos PAME, sobre seguridad alimentaria, duramente afectada por causa de los problemas económicos ocasionados por la pandemia, al incremento de la inflación, el crecimiento del desempleo, la reducción en el poder adquisitivo, la creciente dependencia de las importaciones en un país con una capacidad agrícola subutilizada, los desastres de orden climático como el del huracán Iota que afectó la seguridad alimentaria en San Andrés. Todos estos factores, en conjunto, suman una peligrosa mezcla que pone a Colombia en una situación de alto riesgo, lo que hace que el nuestro sea un caso critico de hambre como lo demuestra la FAO.

En la agudización del hambre también están influyendo la reactivación del conflicto armado que presenta un tercer ciclo, que incrementa el desplazamiento forzado y hace que las personas deban abandonar la tierra y los recursos que normalmente tienen para subsistir; o la precaria situación de la población migrante venezolana, que son uno de los grupos en Colombia con mayores dificultades para asegurar el sustento diario.

El incremento de los precios de los alimentos es otro asunto difícil para las familias; el 40,5% de los jefes de hogar, según el Dane, afirmo a principios del 2021 que las condiciones sociales en los hogares eran peor que 12 meses atrás. Los bienes básicos son inaccesibles para millones de hogares que con frecuencia encuentran sus mesas desocupadas, en una nación que tiene toda la capacidad para cultivar y producir su comida diaria.

Desde en 2015 la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) indicaba que el 54,2 % de los hogares tenían dificultades para acceder al alimento. De otro lado, la encuesta Pulso Social del DANE refleja que el número de colombianos que consumía menos de tres comidas al día subió hasta el 37 % en mayo de 2021; es decir, en plena pandemia. Y aunque en los últimos meses esta cifra ha disminuido, sigue siendo alta (29 % para septiembre del 2021). Otro indicador es preocupante: entre 2019 y 2020 la pobreza y pobreza extrema crecieron de manera significativa. Atendiendo solo a las cifras de pobreza extrema, en 2020, 7,8 millones de personas subsistieron con ingresos menores a $145.000 mensuales, que no alcanzan para el pago de una canasta básica de alimentos. Otras entidades como el Banco Mundial y la Asociación de Bancos de Alimentos han hecho eco de estos datos para mostrar que el problema existe y es serio. Pese a la disparidad de cifras, todas concuerdan en que el fenómeno es real.

Colombia ocupó el puesto 52 (de 113 países) respecto a la asequibilidad, disponibilidad, calidad y seguridad de los alimentos.

Sin embargo, muchas veces se piensa que el hambre es una fatalidad, como un accidente o un castigo divino. Aunque es cierto que el cambio climático y la densidad demográfica pondrán al límite los sistemas alimentarios actuales, todavía vivimos en un planeta y un país que tienen la posibilidad de alimentar a toda su población.

Sin embargo, determinaciones políticas y económicas impiden la distribución adecuada de alimentos. El Estado tiene la obligación moral de atajar las causas que provocan el hambre, en particular aquellas que tienen un claro componente social o económico.

Podría, por ejemplo, trabajar más por invertir en el campo, apostarle al modelo de “economía campesina” y prevenir el desplazamiento asegurando la paz en los territorios. En lo económico, podría garantizar la sostenibilidad de las transferencias monetarias a los más pobres, crear empleo de calidad y regularizar el estatus de los inmigrantes para que puedan acceder a fuentes de empleo. Frente a las poblaciones en mayor necesidad, podría crear un programa de recuperación efectivo que evite las muertes por desnutrición.

El hambre es resultado de una decisión política. No hacer nada es permitir que los factores de riesgo de la inseguridad alimentaria limiten las posibilidades de la gente para conseguir qué comer.

Con esa situación tan grave y delante de las nuevas realidades políticas desatadas por una potente bancada legislativa de las fuerzas alternativas congregadas en el Pacto Histórico se hace necesario pensar en una estrategia muy coherente para superar el hambre en Colombia, retomando otras experiencias anteriores de gobiernos populares que hayan ejecutado acciones orientadas a erradicar la pobreza y en concreto la gestión para eliminar el hambre.

Hay que sentar las bases legales mediante un Estatuto orgánico para superar el hambre que adopte el Congreso de la republica el cual trace políticas mediante planes maestros de abastecimiento y seguridad alimentaria con comedores comunitarios, tiendas escolares saludables, canasta campesina, redes de plazas de mercado, redes agrarias, huertas caseras y comunitarias, intercambio de experiencias y de producción agroalimentaria, mercados campesinos, bancos de alimentos, políticas públicas de ruralidad que protejan la agricultura familiar y políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional para erradicar el hambre, la desnutrición y la pobreza.

En esa perspectiva la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro para hacer de “Colombia, potencia mundial de la vida”, plantea constituir un Sistema Nacional del Cuidado que, garantizaría a las mujeres “un ingreso mínimo básico de 500 mil pesos por encima de la línea de pobreza” que permitiría incluir en las cuentas nacionales el trabajo en los oficios de cuidado, homologable a semanas de cotización para la pensión.

Ante la crisis alimentaria, el grueso de la propuesta del Pacto Histórico tiene como objetivo la producción agroalimentaria que correlaciona la acción agraria con la acción frente al calentamiento global, como pilares principales de una Colombia sin hambre.

Desde luego una Colombia sin hambre requiere establecer una Renta básica equivalente a un salario mínimo que garantice ingresos mínimos a los hogares.

Colombia sin hambre debe ser proyectado como una plataforma polifuncional. De una parte, tendrá que ser una respuesta a la emergencia social en medio de la estrategia de mitigación sanitaria; y de la otra, deberá ser un acuerdo de soberanía y seguridad alimentaria que contribuya a la reactivación económica del aparato productivo nacional.

Colombia sin hambre debe convertirse en un gran pacto nacional que comprometa nuestra ruralidad y sus agricultores, al sector privado, a los gobiernos locales, departamentales y a toda forma de organización territorial del Estado en el marco de una gran alianza estratégica encaminada a garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de todos los colombianos, particularmente los más afectados por los daños económicos de la pandemia.

Una gran estatuto legal para superar el hambre en Colombia es para promover una gran revolución agro-industrial, basada en el uso de energías limpias (energía solar, energía eólica, entre otras), la protección del agua como bien supremo, el aprovechamiento y uso intensivo del conocimiento y la tecnología para potenciar la productividad agrícola; el fomento y fortalecimiento de la asociatividad campesina en la producción, distribución y comercialización de sus productos; la democratización del crédito bancario; y una plataforma institucional del gobierno nacional que garantice la compra a precio justo de las cosechas producidas por las unidades productivas campesinas. Esa producción agrícola en manos del Estado será la base de un Programa de Colombia Sin Hambre consistente en el proceso de distribución, basado en el principio del mínimo vital de alimentos a todas aquellas personas que se encuentran sin la posibilidad de garantizar su derecho a la seguridad alimentaria. Dicho proceso de distribución se hará a través de las redes institucionales y sociales de los comedores comunitarios que para tal fin deberán ser instalados en todos los territorios municipales del país.

Colombia sin hambre como un programa constitutivo de un Nuevo Pacto Verde implica ejecutar un nuevo sistema de producción, distribución y consumo agro-industrial en todo el territorio nacional soportado en los siguientes principios:

1. Producción agrícola sustentada en el respeto por el Agua.

2. Producción agroindustrial con un alto contenido de innovación tecnológica.

3. Producción agrícola de carácter orgánico. Cero fertilizantes químicos.

4. Producción agroindustrial a partir del uso de energías limpias.

5. Modelo económico que prioriza el carácter colaborativo y asociativo de la producción agrícola.

6. La base social principal del modelo agrícola serán los campesinos del país, organizados alrededor de procesos cooperativos.

7. Proceso de distribución basado en el principio de la equidad territorial

8. Los mercados fluirán directamente entre las cooperativas campesinas productoras y el sistema nacional encargado de operar el programa Colombia Sin Hambre con su red de comedores comunitarios en los municipios.

9. Instalación masiva de mercados campesinos en todos los municipios y corregimientos del país.

10. Colombia Sin Hambre implicará un proceso de democratización de créditos, que ponga en funcionamiento todo el sistema integral del modelo de economía colaborativa que lo soporta. La democratización del crédito deberá ser asumido por el gobierno nacional y sus pares, tanto departamentales como municipales.