Edilberto Daza, líder social de la zona, dijo a ese medio que algunos de los cuerpos saldrán de medicina legal directo a una funeraria, pese a que los padres estarían pidiendo verlos antes.
Varios menores de edad habrían muerto en un bombardeo del Ejército que se realizó el pasado 02 de marzo en la vereda Buenos Aíres, jurisdicción del municipio Calamar en el departamento del Guaviare.
La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia DHOC recopiló las versiones de varias familias y confirmaron la muerte de una niña de 16 años, mientras que esperan la identificación de cinco cuerpos que también corresponderían menores.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, justificó este miércoles el bombardeo del Ejército en el departamento de Guaviare, en la región de la Amazonía, en el que habrían muerto varios menores de edad.
En entrevista a Blu Radio, Molano señaló que el bombardeo estaba dirigido contra alias 'Gentil Duarte', jefe de la disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en esa zona del país, por lo que calificó como legítimas las acciones desarrolladas por parte de la fuerza pública.
"Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista", mencionó el funcionario, y agregó que esa agrupación ilegal "usa jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra".
En declaraciones a RCN, Molano insistió en sus dichos, asegurando que los menores de edad "dejan de ser víctimas cuando cometen delitos" y "desafortunadamente, se convierten en criminales".
Asimismo, dijo que los niños, que son víctimas de reclutamiento forzado por parte de las estructuras criminales que hacen vida en Colombia, "pueden cometer mucho daño a la sociedad, porque los deshumanizan".
Las declaraciones del ministro de Defensa colombiano contravienen lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados Partes a adoptar "todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado".
Además, en el artículo 39 se obliga a los Estados Partes a promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de conflictos armados, como es el caso colombiano.
Por otra parte, en el caso de los niños de los que se alegue que infringieron las leyes, el Estado debe respetar sus derechos humanos, incluyendo presumir la inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad.
Bombardeo y víctimas
La denuncia sobre el bombardeo, que ocurrió el pasado 2 de marzo, fue hecha por el congresista Roy Barreras y el periodista y exconcejal Hollman Morris. El hecho ocurrió en la vereda Buenos Aires, municipio Calamar, del Guaviare.
Según la versión que han brindado, habría al menos 14 víctimas producto del operativo militar, de las cuales 12 serían menores de edad.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, por su parte, informó, en relación a este caso, que el 4 de marzo recibieron 10 cadáveres; pero, no proporcionó información sobre las identidades ni edades de las víctimas.
Polémica
Las declaraciones de Molano causaron indignación en diversos sectores de Colombia. "Los niños no son máquinas de guerra, son víctimas", dice un comunicado de Alianza Verde, partido que anunció que solicitará desde su bancada en el Congreso que se realice un debate de control político contra Molano.
La agrupación indicó que "los niños que hacen parte de la guerra no son criminales, son reclutados de manera forzada y luego bombardeados por orden de los altos mandos". Recordaron que previo a este suceso, en 2019, hubo otro operativo similar en San Vicente del Caguán, ejecutado por parte de la Fuerzas Militares, "en el que murieron ocho menores de edad".
Por su parte, Morris le dijo al ministro que los niños reclutados a la fuerza no son "máquinas de guerra", sino "víctimas de un estado indolente" y de "de un gobierno que prometió hacer trizas la paz".
El legislador César Pachón recordó que Molano fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, entre otras cosas, tiene políticas de prevención y protección integral de la primera infancia y la niñez, por lo que le recalcó que los menores son "responsabilidad del Estado".
"Decir que los niños son máquinas de guerra, muestra una terrible falta de empatía. Estamos cocinando un nuevo ciclo atroz", dijo, por su parte, Humberto de la Calle, exvicepresidente de Colombia y quien fue el jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos que llevaron al Acuerdo de Paz con las extintas FARC.
La Defensoría del Pueblo informó que un equipo de la institución irá a la zona. Según cifras que manejan, en 2020 fueron reclutados 83 niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en conflicto.
En ese sentido, el analista político Carlos Santa María considera que el gobierno no está interesado en resolver el problema del reclutamiento de menores.
