sábado, 18 de marzo de 2017

BOLETÍN EMANCIPACIÓN OBRERA N°563



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CARICATURAS DE LA SEMANA











viernes, 17 de marzo de 2017

LA CRECIENTE OLEADA MILITARISTA ESTADOUNIDENSE EN EL SIGLO XXI

Desde Clinton y Bush hasta Obama y Trump
La creciente oleada de militarismo estadounidense en el siglo XXI

SurySur
James Petras

Introducción

El militarismo de Estados Unidos ha crecido exponencialmente a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, amparado tanto por los presidentes demócratas como por los republicanos. La histeria con la que los medios de comunicación de masas se han hecho eco del aumento del gasto militar del presidente Trump ignora deliberadamente la enorme expansión que tuvo el militarismo, en todas sus facetas, bajo la presidencia de Obama y de sus dos predecesores, Bill Clinton y George Bush hijo.

En este artículo procederemos a comparar y analizar el ininterrumpido aumento que ha experimentado el militarismo en los últimos diecisiete años. Luego demostraremos que el militarismo es un rasgo estructural esencial mediante el cual el imperialismo estadounidense se inserta en el sistema internacional.

Militarismo

Los enormes incrementos en el gasto militar han sido una constante con independencia de quién fuera el presidente de EE.UU. y de la retórica utilizada en campaña sobre el recorte del gasto militar para dedicar más recursos a la economía interna.

Bill Clinton incrementó el presupuesto bélico de 302.000 millones de dólares (m$) en 2000 a 313.000 m$ en 2001. Bajo el presidente Bush hijo, el gasto militar se disparó de 357.000m$ en 2002 a 465.000 m$ en 2004 y a 621.000m$ en 2008. Bajo el presidente Obama (el “candidato de la paz”), el gasto militar siguió creciendo de 669.000m$ en 2009 a 711.000m$ en 2011 para luego “aparentemente” descender a 596.000m$ en 2017. En la actualidad, el recién instalado presidente Trump ha solicitado un incremento hasta los 650.000m$ para 2018.

Es necesario clarificar algunas cosas: el presupuesto militar de Obama en 2017 no incluía el coste de diversos departamentos del gobierno “relacionados con la Defensa”, entre ellos el aumento de 25.000m$ para el programa de armas nucleares del departamento de energía. El gasto militar total de Obama para 2017 ascendió a 623.000m$, es decir, 30.000m$ menos que la propuesta de Trump. Además, el presupuesto asignado por Obama a las Operaciones de Contingencia en el Exterior (OCO, por sus siglas en inglés), que no se incluye en las propuestas presupuestarias anuales, se disparó durante su mandato. Esta partida se destina a pagar las guerras de EE.UU. en Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia y muchos otros países. La realidad es que, en sus ocho años de presidencia, Obama superó en más de 816.000m$ el gasto militar de George Bush hijo.

El aumento del gasto militar propuesto por Trump está en consonancia con la trayectoria del presidente demócrata, al contrario de lo que afirman los medios de comunicación de masas. Claramente, tanto demócratas como republicanos han aumentado tremendamente su dependencia del ejército como fuerza impulsora del poder mundial. El presupuesto bélico de Obama incluyó 7.500m$ para “operaciones contra el ISIS” (un aumento del 50%) y 8.000m$ para la ciberguerra y el (contra)terrorismo, pero el mayor incremento fue el destinado a aviones de combate indetectables por radar, submarinos nucleares y portaaviones, claramente destinados a enfrentamientos con Rusia, China e Irán. Las tres cuartas partes del presupuesto fueron destinadas a la Armada y la Fuerza Aérea.

Bajo la presidencia de Obama, la escalada de armamento no tuvo como objetivo el combate contra “grupos terroristas” sino contra China y Rusia. Washington tiene la determinación de llevar a la bancarrota a Rusia, con el fin de retornar al vasallaje de la época anterior a Putin. La feroz campaña de la CIA (Obama) y del Partido Republicano contra Trump se fundamenta en su apertura hacia Rusia. La clave para alcanzar la dominación unipolar que EE.UU. lleva décadas intentando lograr depende ahora de que pueda despojar a Trump de su poder y de su gabinete, los cuales se considera que socavan, parcial o totalmente, la estructura del imperialismo estadounidense basado en la potencia militar que han intentado lograr las previas cuatro administraciones.

Aparentemente, el incremento del gasto militar de Trump responde a que quiere convertirlo en una “baza de negociación” de su plan para expandir las oportunidades económicas estadounidenses, llegando a acuerdos con Rusia y renegociando el comercio con China, Asia Oriental (Singapur, Taiwán y Corea del Sur) y Alemania, países acreedores de la mayor parte del déficit comercial anual de Estados Unidos, cifrado en cientos de miles de millones de dólares.

Los repetidos contratiempos de Trump, la presión constante ejercida sobre los cargos que ha nombrado y los estragos que han causado en todas las facetas de su persona y de su vida personal los medios de comunicación de masas, a pesar del ascenso histórico del mercado de valores, indican la existencia de una profunda división en el seno de la oligarquía estadounidense sobre el manejo del poder y sobre “quién gobierna”. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no habíamos presenciado unas divisiones tan fundamentales en torno a la política exterior. Las anteriores discusiones partidistas han quedado desfasadas. La prensa financiera (el Finantial Times y el Wall Street Journal) está descaradamente alineada con los militaristas, mientras que los agentes financieros de Wall Street respaldan los programas internos favorecedores del empresariado y la apertura conciliatoria con Rusia y China. La mayor parte de la maquinaria de propaganda, es decir, los llamados laboratorios de ideas o think tanks, con sus establos de académicos, “expertos”, editorialistas e ideólogos liberales y neoconservadores, promueven una agresión militar contra Rusia. Mientras tanto, los medios de comunicación populistas, los seguidores de base de Trump, los empresarios nacionales y las cámaras de comercio del país presionan para conseguir rebajas fiscales domésticas y medidas proteccionistas.

El ejército está a favor de Trump y de su concepto de guerras regionales que logren beneficios económicos. Por el contrario, la CIA, la Armada y las Fuerzas Aéreas, que se beneficiaron enormemente con los presupuestos bélicos asimétricos de Obama, buscan una política de confrontaciones militares globales con China y Rusia y múltiples guerras contra sus aliados, como Irán, sin considerar la devastación que provocarían tales políticas en la economía interna.

El concepto de imperialismo de Donald Trump se basa en la exportación de productos y la captura de los mercados, al tiempo que atrae el capital de las corporaciones multinacionales de regreso a Estados Unidos para que reinviertan sus beneficios (actualmente cifrados en más de un billón de dólares que se quedan en el extranjero) en el mercado interno. El nuevo presidente se opone a las alianzas económicas y militares que han incrementado el déficit comercial estadounidense, en contraste con las anteriores administraciones de militaristas que aceptaron gigantescos déficits comerciales y un gasto desproporcionado en intervenciones militares, bases en el exterior y sanciones contra Rusia y sus aliados.

El objetivo de Trump de obligar a que Europa Occidental contribuya económicamente con una mayor cuota de los gastos de la OTAN (reduciendo así la dependencia europea de los gastos militares estadounidenses) cuenta con el rechazo de ambos partidos políticos. Cada uno de los pequeños pasos acometidos por Trump para mejorar las relaciones con Rusia ha levantado la ira de los imperialistas militaristas que controlan las direcciones de demócratas y republicanos.

El imperialismo militarista ha ofrecido unas pocas concesiones tácticas a los aliados de Rusia: los acuerdos inestables con Irán y el Líbano y los endebles acuerdos de paz en Ucrania. Al mismo tiempo, Washington está ampliando sus bases militares desde las regiones nórdicas-bálticas hasta Asia. Y amenaza con apoyar golpes militares en Brasil, Venezuela y Ucrania.

La finalidad estratégica de estas acciones belicosas es rodear y destruir a Rusia como potencial contrapeso independiente a la supremacía global estadounidense.

Las políticas iniciales de Trump tienen como objetivo convertir Estados Unidos en una “fortaleza”: el aumento del presupuesto militar, el reforzamiento del poder policial y militar a lo largo de la frontera mexicana y en los estados del Golfo ricos en petróleo. La agenda de Trump pretende reforzar el poder del ejército en Asia y otros lugares con el fin de mejorar la posición económica de Estados Unidos de cara a una negociación bilateral con el objetivo de aumentar los mercados para la exportación.

Conclusión

Estados Unidos está presenciando una confrontación letal entre dos imperialismos muy polarizados.

El militarismo, la forma asentada del imperialismo estadounidense, está profundamente arraigado dentro del aparato permanente del Estado. En este se incluyen los 17 organismos de inteligencia, los departamentos de propaganda, la Armada y las Fuerzas Aéreas, así como el sector de alta tecnología y las élites económicas capitalistas que se han beneficiado de las importaciones extranjeras y de la mano de obra cualificada barata a expensas de los trabajadores estadounidenses. Su historial está repleto de guerras desastrosas, pérdida de mercados, reducción de los salarios, deterioro del nivel de vida y traslado de empleos bien remunerados al extranjero. En el mejor de los casos, lo único que han conseguido es asegurarse la lealtad de unos pocos regímenes vasallos débiles, pagando un precio enorme.

La pretensión del régimen de Trump de diseñar una alternativa imperialista se basa en una estrategia más sutil: utilizar el poder militar para mejorar el mercado laboral interno y conseguir el respaldo de las masas para realizar intervenciones económicas en el extranjero.

Ante todo, Trump es consciente de que no es posible aislar a Rusia de sus mercados europeos ni derrotarla mediante sanciones. Esto le ha llevado a proponer la negociación de un acuerdo global que permita tratos comerciales a gran escala, lo que favorecería a los bancos estadounidenses, así como a los sectores del petróleo, la agricultura y la alta industria.

En segundo lugar, Trump es partidario del “imperialismo social”, gracias al cual los mercados de exportación basada en la industria local, mano de obra y bancos estadounidenses producirían un aumento de los salarios y de los beneficios para las empresas y los trabajadores de este país. El imperialismo de EE.UU. no dependería de invasiones militares costosas y destinadas al fracaso, sino de “invasiones” del extranjero a cargo de las industrias y bancos estadounidenses que luego retornarían sus beneficios a EE.UU. para poder invertir e impulsar el mercado de valores ya estimulado por sus planes anunciados de desregulación y recortes fiscales.

La transición del presidente Trump hacia este nuevo paradigma imperial se enfrenta a un adversario formidable que hasta el momento ha conseguido bloquear su agenda y que amenaza con derribar su régimen.

Trump no ha sido capaz, desde el principio, de consolidar el poder del Estado, un error que ha socavado su administración. Aunque la victoria electoral le situó en la Oficina de la Presidencia, su régimen es solo un aspecto del poder del Estado, vulnerable a la erosión y destitución inmediata por parte de las ramas coercitiva y legislativa, determinadas a provocar su defunción política. Las otras ramas del gobierno están llenas de remanentes del régimen de Obama y de los anteriores y completamente comprometidas con el militarismo.

En tercer lugar, Trump no ha conseguido movilizar a sus partidarios entre las élites y a su masa de seguidores en torno a unos medios de comunicación alternativos. Sus “tuits de primera hora de la mañana” son un contrapeso muy débil al ataque concentrado de los medios de comunicación sobre su forma de gobierno.

En cuarto lugar, aunque Trump ha logrado algunos apoyos internacionales tras sus encuentros con gobernantes de Japón e Inglaterra, dio marcha atrás a sus negociaciones con Rusia, fundamentales para socavar a sus adversarios imperiales.

En quinto lugar, Trump no ha conseguido conectar sus políticas de inmigración con un programa eficaz para relanzar el empleo interno ni sacar a la luz y capitalizar las draconianas políticas antiinmigración puestas en marcha por la administración Obama, mediante las cuales se encarceló y se expulsó del país a millones de personas.

En sexto lugar, Trump ha fracasado a la hora de comunicar el vínculo entre sus programas económicos favorecedores del mercado y el gasto militar y su relación con un paradigma totalmente diferente.

Como consecuencia de todo ello, el éxito del ataque militarista liberal-neoconservador al nuevo presidente ha puesto en retirada su estrategia central. Trump se encuentra sometido a un asedio que lo pone a la defensiva. Aunque consiga sobrevivir a este ataque concentrado, su concepción original de “reconstruir” la política imperial y la política interna de EE.UU. está destruida y los pedazos de esta mezclarán lo peor de ambos mundos: Sin la expansión de los mercados exteriores para los productos estadounidenses y un programa de empleo interno que logre el éxito, las perspectivas de que Donald Trump vuelva a las guerras en el extranjero y abra paso a la caída del mercado no dejan de aumentar.

Fuente: Rebelión
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224178

DESPUÉS DE TRECE AÑOS DE OCURRIDOS LOS HECHOS FISCALIA PIDE INVESTIGAR A GENERAL POR FALSOS POSITIVOS

Fiscalía pide a la Corte Suprema investigar a general del Ejército por falsos positivos

Por José Marulanda

Trece años después, la Fiscalía General de la Nación apenas compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al hoy brigadier general Francisco Javier Cruz Ricci por su participación en la ejecución extrajudicial del líder campesino del Putumayo Silvio Hernán Argotty y de un ciudadano ecuatoriano aún sin identificar, conocido sólo como Amilkar. La denuncia la hizo el abogado defensor de derechos humanos Alexander Montaña, quien representa a la familia de una de las víctimas.

El caso ocurrió en el año 2004 en el Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, cuando integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia le entregaron al Ejército, según este abogado, a los dos hombres que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Debido a la impunidad que ha reinado en este caso, la defensa de las víctimas tomó la decisión de llevarlo a instancias internacionales.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia acepte el caso y se disponga a investigarlo y precise la responsabilidad del alto mando militar en esta ejecución extrajudicial.


http://www.pazificonoticias.com/fiscalia-pide-a-la-corte-suprema-investigar-a-general-del-ejercito-por-falsos-positivos/

jueves, 16 de marzo de 2017

TEMER, AL BASURERO DE LA HISTORIA...BRASIL SE LEVANTA CONTRA LOS AJUSTES NEOLIBERALES DE TEMER

DOSSIER: 

CIENTOS DE MILES SALIERON A LA CALLE EN MÁS DE VEINTE CIUDADES PARA REPUDIAR A TEMER


Brasil lucha contra el ajuste jubilatorio

La Central Unica de Trabajadores y otros gremios convocaron a un acto ayer en San Pablo, al que asistieron más de 300 mil personas, en el que Lula dijo que la lucha recién empieza.

Miles de personas protestan contra Temer en el acto de la CUT en San Pablo. 

Cerca de un millón de personas participó en huelgas y protestas en más de veinte ciudades de Brasil contra los ajustes impulsados por el gobierno del presidente Michel Temer.

San Pablo, capital económica del país, amaneció sin metro y con pocos autobuses por el paro gremial. La Central Unica de Trabajadores y otras organizaciones gremiales convocaron a un acto ayer por la tarde en la Avenida Paulista, al que asistieron alrededor de 300 mil personas, y que culminó con un durísimo discurso del ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. “El pueblo seguirá protestando hasta que haya un gobierno democráticamente elegido,” arengó. La manifestaciones se repitieron en decenas de ciudades, para defender los derechos sociales. Las protestas se extendían a más de 20 capitales de todo el país, de acuerdo con el sitio informativo G1. En Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sudeste) los organizadores reportaron más de 100.000 manifestantes, lo mismo que en Río de Janeiro, mientras unos 30.000 se manifestaron en Fortaleza (Ceará, noreste), más de 10.000 en Salvador (Bahia, noreste) y en Goiania (Goiás, centro-oeste).

El Ministerio de Hacienda, en Brasilia, fue ocupado por unos 500 militantes del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), que colgaron pancartas para denunciar los proyectos de reforma del régimen de las jubilaciones y de la ley laboral. Por otro lado, unas 5.000 personas, según la policía, participaron en la protesta contra el gobierno en la Explanada de los Ministerios de Brasilia. Temer sostuvo ayer en un evento público que su gobierno busca rescatar al sistema de jubilaciones del colapso, “para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán en el futuro”. “Nadie va a perder sus derechos”, aseguró. El gobernante insistió en que la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones es necesaria y urgente para evitar su inminente quiebra. Temer recordó que el gobierno federal de Brasil tuvo que socorrer financieramente a algunos estados, como Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul, en los que el colapso del sistema de jubilaciones provocó una crisis en las finanzas públicas sin precedentes. “No queremos que Brasil de aquí a seis o siete años tenga que hacer lo que hicieron estos estados o lo que hizo Portugal, que tuvo que cortar los salarios de los trabajadores activos y de los jubilados, así como elevar la edad de jubilación”, aseguró.

Desde que reemplazó en el 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, Temer impulsa un programa de ajustes con la pretensión de recuperar la confianza de los mercados y reactivar la economía del gigante latinoamericano, en recesión desde hace más de dos años. La próxima reforma en la agenda es la del sistema de jubilaciones, que busca prolongar el tiempo de contribuciones y elevar la edad mínima requerida para obtener los beneficios completos del retiro. El otro proyecto en tramitación, la reforma laboral, determina que las negociaciones sectoriales puedan prevalecer sobre la legislación, entre otras normas de flexibilización con las cuales el gobierno espera alentar las contrataciones para revertir un nivel récord de desempleo (12,6 por ciento, casi 13 millones de personas).

Las resistencias al endurecimiento de la legislación social también se hacen sentir en el seno mismo de la base gubernamental de Temer, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de fines del 2018, en un clima político enrarecido por el escándalo Petrobras, que salpica a todo el arco parlamentario.

https://www.pagina12.com.ar/25990-brasil-lucha-contra-el-ajuste-jubilatorio

Movilizaciones populares ponen freno a Temer

Emir Sader

Lula vive una semana impresionante. El lunes habló en la apertura del congreso de los trabajadores rurales, a una platea de miles de personas, en Brasilia. El martes tuvo que declarar en un proceso absurdo en el cual es reo, sin ningún argumento. El fue, acompañado de la militancia política, contestó a todo, concluyó con un discurso político sobre su trayectoria, sobre su gobierno y la denuncia de las persecuciones que sufre. Fue tan demoledor, que el principal cronista de derecha, de la revista Veja, dijo que Lula se había comido totalmente al juez, había salido muy bien.

El miércoles fue un día muy importante en la lucha en contra del paquete neoliberal del gobierno de Temer. Fue convocada una jornada de movilizaciones nacionales y de huelga en contra específicamente de la reforma sobre las jubilaciones y de la reforma laboral que el gobierno tramita en el Congreso.

Fue la jornada de movilizaciones populares más grande que Brasil ha conocido desde la ruptura de la democracia. Hubo manifestaciones callejeras en cientos de ciudades por todo el país. En una ciudad como Sao Paulo, por primera vez los servicios del Metro y de omnibús pararon, generando una situación nunca antes conocida en la ciudad más importante de Brasil.

La concentración más grande de la jornada fue en la avenida Paulista, la principal vía de Sao Paulo, donde se concentraron 500 mil personas, las cuales se las arreglaron para llegar, pese a la huelga de los transportes. Líderes sindicales y de movimientos sociales –como los Sin Tierra y los Sin Casa, entre otros– hicieron uso de la palabra, hasta que llegó Lula.

Lula dijo que el pueblo sólo se detendrá cuando pueda elegir democráticamente su gobierno, mientras la multitud que lo escuchaba coreaba su nombre. Criticó las medidas propuestas por el gobierno de Temer y afirmó que debería ser presidente de una empresa, para vender lo que produjera y no los bienes del pueblo brasileño. Agregó: Este país era respetado en todo el mundo; hoy tenemos un presidente que no tiene coraje ni de ir a Bolivia.

Como pasa ahora con todas las reuniones en que participa Lula, terminan teniendo un carácter de campaña electoral, con las consignas tradicionales de las campañas anteriores de Lula. De hecho, el PT ha decidido que lanzará la precandidatura de Lula a la presidencia de Brasil antes incluso del congreso del partido –que se realizará los días 1, 2 y 3 de junio–, para imponer un clima de disputa electoral desde ahora. Para ello Lula prepara un plan de seminarios para discutir su plataforma política para la campana del próximo año.

Un reportaje de Folha de Sao Paulo, de una periodista de Curitiba, a partir de hechos de la Operación Autolavado y los procesos en contra de Lula, dijo que el plan es tratar de sacar al ex presidente de la vida política entre junio y octubre de 2018, es decir, en el auge de la campaña electoral, que se concluirá en octubre de ese año. Es difícil imaginar, a partir del clima de movilización de masas en la perspectiva electoral ya iniciado en Brasil, sumado al desgaste cada vez más grande del gobierno, que sea posible una operación jurídica en contra del líder más popular de la historia brasileña, desde ahora ya el líder de las encuestas en todas las circunstancias, en primera y segunda vuelta.


El día 3 de mayo, el juez Sergio Moro, quien directamente se erigió en el enemigo político de Lula y busca inhabilitarlo electoralmente, el mismo que ha intentado meterlo a la cárcel desde hace un año, convocó a Lula a declarar en Curitiba. Una ciudad que no es el feudo privilegiado de Moro –él la llama república de Curitiba–, a tal punto que una manifestación convocada por sus simpatizantes para apoyarlo, la semana pasada, tuvo la participación de solamente 15 personas.

Por otra parte, se convoca a una inmensa manifestación para acompañar a Lula el día de la declaración, que se anuncia en una circunstancia especial, con el enfrentamiento entre los partidarios del ex presidente y de sus detractores, además de que se verán frente a frente por primera vez Lula y Moro. Por la experiencia de esta semana, Lula, quien ya llamó a los jueces responsables por la persecución a su mujer, no dejará pasar esa oportunidad para no sólo defenderse de las acusaciones, sino también para relatar su trayectoria como líder social y político, recordar las conquistas de su gobierno y denunciar las persecuciones de que es víctima.

Pero antes de ese momento, concluyendo una semana muy intensa, Lula irá, con Dilma, al noreste, a la provincia de Paraiba, hacia donde llega el río más importante de Brasil, el río Sao Francisco, cuya obra es responsabilidad de los gobiernos del PT, pero que Temer fue a inaugurar la semana pasada, bajo protestas de la población local, que sabe que la paternidad de la obra es de Lula y de Dilma. Será una manifestación extraordinaria, para la cual se preparan caravanas de todo el noreste del país. Será un fin de semana simbólicamente muy fuerte y políticamente consagrador para Lula y también para Dilma.

Mientras tanto, si el gobierno ya sufría muchas dificultades con su propia base parlamentaria para aprobar su proyecto de modificaciones del sistema de jubilaciones, a partir de las manifestaciones de hoy las perspectivas son todavía peores para el gobierno. A lo que se suma el inicio de los procesos en contra de por lo menos cinco ministros de Temer, en el Supremo Tribunal Federal.

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/16/opinion/018a1pol

POR PRESIÓN MILITAR SE MANIPULÓ ACUERDO DE LA HABANA EN EL CONGRESO

¿Se manipuló el acuerdo de La Habana en el Congreso?
   
"...sólo los soldados -como actores materiales de delitos- serán juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes


Las víctimas de crímenes de estado denuncian la modificación unilateral del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y advierten de que puede derivar en una declaración de inconstitucionalidad.


¿Cuánto ha cambiado la Jurisdicción Especial de Paz desde La Habana?, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Se ha excedido el Gobierno en sus atribuciones? Este lunes, tras cuatro debates y sesiones maratonianas, quedaba refrendado en el Senado la ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr). Pero el texto final no es el mismo que salió del acuerdo de paz de La Habana firmado entre el Gobierno y las FARC. Incluye unos cambios sustanciales sobre los que advierten el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Más allá del contenido, se trata de modificaciones unilaterales que, a su juicio, “exceden” las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para la implementación de los acuerdos y por ello podrían incurrir en una declaración de inconstitucionalidad como ya ocurrió con el decreto ley 2204 de 2016 sobre la Agencia de Renovación del Territorio Sentencia (C-160 de 2017).

Por ello este miércoles han emitido un comunicado en el que exigen al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final “respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso”.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación da cobijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Tras el debate del lunes, el Movice critica que las proposiciones realizadas, y aprobadas, por miembros los de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno no solo modifican “sustancialmente” elementos del Acuerdo Final, sino que “afectarán de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado”. En este sentido resaltan especialmente que se restringe la posibilidad de investigar y sancionar la financiación de los grupos paramilitares, se limita la participación de las víctimas en la Sala de Reconocimiento de la Verdad y se debilita la responsabilidad de la cadena de mando en los crímenes de Estado. El Movice destaca que los partidos que promovieron estas proposiciones “son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares”.

Financiación paramilitar

Las asociaciones rechazan que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares. En este sentido recuerda que esta situación es aún más censurable cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad.

La modificación introducida en el acto legislativo sobre esta cuestión fue presentada por el senador Germán Varón Cotrino. Ahora solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.

“Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos”, lamenta el Movice quien insiste en que “sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera”.

Las víctimas y el Tribunal para la Paz

Los informes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos como insumos para que el Tribunal para la Paz citara a presuntos responsables ya no serán suficientes. El Senador Roosvelt Rodríguez –ponente del Acto Legislativo- presentó y consiguió el apoyo para una modificación que dice querer prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos. El Movice lamenta que esta proposición “equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales”.

La presión militar y la cadena de mando

Para el Movice, en el acuerdo final sobre la JEP ha quedado en evidencia, una vez más, “la presión del estamento militar sobre el poder civil”. Las Fuerzas Militares han logrado debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modifica principios del Derecho Internacional (Artículo 28 del Estatuto de Roma) que tendrá como consecuencia que sólo los soldados -como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, “mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes”.

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación y se aprobara el Sivjrnr, como instrumento “fundamental” para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, saludan la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria. “Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique”, concluye el comunicado.

Equipo Colombia Plural
Fotos: Arianna Giménez

https://colombiaplural.com/se-manipulo-acuerdo-la-habana-congreso/


La ONU critica con dureza el blindaje de los militares en la JEP

El informe 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia advierte sobre las restricciones, vacíos y ambigüedades de la ley de Amnistías o de la JEP en cuanto a los funcionarios públicos. Exige el reconocimiento de los crímenes de Estado.


Paco Gómez Nadal
Foto: Nelson Cárdenas
El informe de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2016 no es complaciente con la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Si bien reconoce la oportunidad y el esfuerzo de las instituciones y de las propias FARC, el representante Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (HCHR, por sus siglas en inglés), Todd Howland, lanza varias señales de alerta referidas a la legislación, a la seguridad en áreas rurales, a las vagas garantías de no repetición y a la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Respecto al Acto Legislativo que se aprobó esta semana en el Congreso que pone en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), el HCHR cree que “restringe y distorsiona el marco legal que deben aplicar los magistrados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas militares o de la policía y no cumple con los estándares internacionales sobre responsabilidad del superior y del mando”. De hecho la ONU pide a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, que se pronuncie al respecto para aclarar “las normas aplicables relacionadas con la responsabilidad del superior”.

Tampoco cree la ONU que Ley 1820 sobre amnistías e indultos (Ley de Amnistía) cumpla con el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos: “La ley incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento. También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas”. Tal y como quedó formulada la ley, “puede favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

En general, el informe correspondiente a 2016, plantea muchas dudas sobre cómo serán tratados los funcionarios públicos (militares y civiles) que hayan sido señalados por crímenes en el marco del conflicto armado. “El Alto Comisionado lamenta que, en un estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional. Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad. Tampoco establece un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos”.

Crímenes de Estado


Para la ONU, los avances en el reconocimiento de los hechos de guerra aún es parcial e insuficiente. En el caso de las FARC, el informe destaca los actos de reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos en los casos de La Chinita, en Apartadó, en el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca o en la muerte de un líder afrocolombiano en Nariño, pero estas solicitudes de perdón sólo “cumplirán su objetivo una vez las víctimas las acepten y comiencen a recibir los beneficios de acciones más amplias de reparación”.

También reconoce la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno en el genocidio de la Unión Patriótica, pero, insiste Howland en su informe, “el reconocimiento de las violaciones cometidas por servidores públicos debe tomar en cuenta las dimensiones estatales, políticas, institucionales e individuales, en su totalidad. Amplios sectores oficiales y políticos aún niegan que agentes del Estado hayan perpetrado graves violaciones, incluso en los casos en que el Presidente ha reconocido oficialmente la responsabilidad del Estado. Garantizar que el reconocimiento tenga un efecto reparador para las víctimas es uno de los retos políticos, legales y culturales transcendentales del proceso de construcción de paz”.

Esta falta de reconocimiento del papel de los agentes del Estado en la guerra sucia y el exceso de vaguedad de las referencias en el Acuerdo de Paz a las garantías de no repetición se quedan cortos. “La no-repetición implica reformas estructurales institucionales, con la participación de las víctimas y de la sociedad, a fin de garantizar el respecto, la protección y la garantía de los derechos humanos y el goce de una vida digna”.

En general, a la ONU le preocupa que el SIVJRNR pueda naufragar ante “la ambigüedad y la falta de precisión en los nuevos mandatos institucionales y marcos legales, la necesidad de recursos, la superposición de las funciones y el gran número de casos que deben ser procesados”. El esfuerzo de “coherencia y coordinación” que tendrán que hacer las instituciones del Estado es monumental.

La Colombia invisible requiere especial atención


Ese esfuerzo deberá ser más intenso allá donde hay menos presencia del Estado. La HCHR está especialmente preocupada por la seguridad y el futuro en las zonas rurales: “Se requiere urgentemente fortalecer la presencia integral de las autoridades civiles y cumplir plenamente sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar todo el espectro de derechos humanos de la población rural, antes de que se consoliden nuevas formas de control ilegítimo por parte de terceros”. Y es que, además del abandono secular de las zonas rurales, la ONU constata que “los actores vinculados al crimen organizado (incluyendo el transnacional), el crimen local, las disidencias de las FARC-EP, así como los grupos armados organizados del ELN y el Ejército de Liberación Popular (EPL), compiten por el control, la explotación y los réditos de las actividades económicas ilegales. La pobreza, marginalización y falta de oportunidades en estas áreas, en su mayoría rurales, sumada a la débil presencia del Estado y la corrupción, facilitaron el desarrollo de las actividades económicas ilegales. La violencia derivada de estas actividades económicas afecta a las comunidades, sus líderes y a las autoridades locales”, reza el informe.

De hecho, según la ONU, de los 59 líderes y lideresas asesinados en 2016 -aseguran que hay más víctimas mortales pero que no eran líderes-, 43 (el 73%) desarrollaban su labor en zonas rurales. Detecta la Oficina del Alto Comisionado que en 2016 se incrementaron esas agresiones en zonas rurales y, especialmente, en aquellas de las que las FARC comenzó a salir. También alerta sobre la detención de hasta 11 líderes en capturas que se convierten en “detenciones prolongadas antes de que el acusado seas liberado por falta de pruebas”. “Se requiere una revisión de esta situación que involucra a la Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo, así como la forma en que se emplea la inteligencia militar para el impulso de las investigaciones penales”. Y, aunque valoran en el informe el esfuerzo de la Fiscalía en estos casos, reiteran el alto índice de impunidad relacionado con los casos de agresiones y asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos.

En materia de seguridad, la ONU también manifiesta su preocupación sobre la asignación de roles para luchar contra la inseguridad que persiste en le país y “observa con preocupación la intervención de las fuerzas militares en las tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social hasta la lucha contra el crimen organizado”. Y esta realidad es fruto de la confusión de roles y de la herencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, la que pone a las fuerzas militares a luchar contra el enemigo interno. “La Oficina reitera que las fuerzas militares no son responsables de la seguridad ciudadana. Constitucionalmente, tienen la finalidad de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La policía nacional tiene la responsabilidad de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades”. Esta realidad parece especialmente grave cuando esta Oficina constató en 2016, al menos, 11 ejecuciones extrajudiciales perpetradas “por miembros del ejército o de la policía en Antioquia, Bolívar, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Una de las víctimas era una niña”.

De las ejecuciones extrajudiciales “del pasado” también se preocupa Howland, quien, tras reconocer al Ministerio de Defensa y al Ejército por admitir los hechos, insiste en que, “teniendo en cuenta los patrones en la planificación, comisión y encubrimiento de los ‘falsos positivos’, no se puede limitar la responsabilidad a los autores materiales. Solo uno de los 14 generales del ejército actualmente bajo investigación por estos hechos fue llevado a juicio”.

Por estas irregularidades y para definir el papel de las fuerzas militares en el país, la ONU cree que hay que dar pasos más acelerados ya que “el proceso de reforma militar, civil y policial establecido en la Ley de Inteligencia (2013) no ha avanzado al ritmo necesario para la construcción de paz y de una manera que asegure a la población que no se repetirán las violaciones de derechos humanos del pasado”.

El informe profundiza sobre aspectos como el acceso a la salud o, en general, a los derechos económicos y sociales. Seguiremos analizando sus contenidos.

(Descargar el Informe Derechos Humanos 2016)

https://colombiaplural.com/la-onu-critica-dureza-blindaje-los-militares-la-jep/


CUNDE LA INDIGNACIÓN Y PROTESTAS EN OCCIDENTE, PERO ¿PORQUÉ SEGUIRÁ GANANDO EL SISTEMA?

Indignación y protestas por todo Occidente
Por qué seguirá ganando el sistema

Perry Anderson
Le Monde Diplomatique
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos


Brexit, victoria de Trump, movimientos populistas de Europa: desde la izquierda a la derecha, Occidente protesta contra las ortodoxias neoliberales y globalistas de los últimos 40 años.

Hace 25 años era usual utilizar el término “movimientos antisistema” (1) para caracterizar a fuerzas de la izquierda que se alzaban contra el capitalismo. Actualmente no ha perdido relevancia en Occidente, aunque ha cambiado su significado. Los movimientos de revuelta que se han multiplicado en la última década ya no se rebelan contra el capitalismo, sino contra el neoliberalismo —flujos financieros desregulados, servicios privatizados y aumento de la desigualdad social, esa variante específica del reinado del capital establecido en Europa y Estados Unidos desde la década de 1980. El orden económico y político resultante ha sido aceptado casi indistintamente por gobiernos de centro derecha y de centro izquierda, de acuerdo con el principio fundamental de la pensée unique, el dictado de Margaret Thatcher de que “no hay alternativa”. Actualmente se presentan dos tipos de movimientos contra este sistema. El orden establecido los tilda de amenaza del populismo, ya sea de derecha o de izquierda.

No es casual que estos movimientos aparecieran antes en Europa que en Estados Unidos. Sesenta años después del Tratado de Roma, la razón es clara. El mercado común de 1957, un producto de la comunidad del carbón y del acero del Plan Schuman, concebido tanto para evitar cualquier retorno de un siglo de hostilidades franco-alemanas como para consolidar el crecimiento económico de la postguerra en Europa occidental, fue el producto de un período de pleno empleo y aumento de los ingresos populares, afianzamiento de la democracia representativa y desarrollo de los sistemas de bienestar. Sus disposiciones comerciales incidieron muy poco en la soberanía de las naciones que lo formaban, que resultaron más fortalecidas que debilitadas. Los presupuestos y los tipos de cambio los determinaban internamente los parlamentos nacionales que tenían que rendir cuentas al electorado nacional y en los que se debatían enérgicamente políticas opuestas políticamente. París rechazó los intentos de agrandarse de la Comisión de Bruselas. No sólo Francia bajo la dirección de Charles de Gaulle, sino también, a su propia manera más discreta, Alemania Occidental bajo Konrad Adenaue siguieron unas políticas exteriores independientes de Estados Unidos y capaces de desafiarlo.

El final de los trente glorieuses supuso un cambio fundamental para esta construcción. Como analiza el historiador estadounidense Robert Brenner, (2) desde mediados de la década de 1970 el mundo capitalista avanzado entró en una larga recesión: tasas de crecimiento más bajas y aumentos más lentos de productividad década tras década, menos empleo y mayor desigualdad, salpicados de fuertes recesiones. Desde la década de 1980 se invirtieron las direcciones políticas, empezando en Reino Unido y Estados Unidos para a continuación extenderse a Europa gradualmente: se recortaron los sistemas de bienestar, se privatizaron las industrias y servicios públicos, y se desregularon los mercados financieros. Había llegado el neoliberalismo. En Europa esto ocurrió con el tiempo para adoptar una forma institucional excepcionalmente rígida: la cantidad de Estados miembros de lo que era la Unión Europea se multiplicó por más de cuatro al incorporar una vasta zona de bajos salarios en el este.

Austeridad draconiana

Desde la unión monetaria (1990) al Pacto de Estabilidad (1997) y después el Acta del Mercado Único (2011) se anularon los poderes de los parlamentos nacionales en una estructura supranacional de autoridad burocrática protegida de la voluntad popular, tal como había profetizado el economista ultraliberal Friedrich Hayek. Una vez instalada esta maquinaria se pudo imponer a los electorados indefensos la austeridad draconiana bajo la dirección conjunta de la Comisión y una Alemania reunificada, ahora el Estado más poderoso de la Unión, donde importantes pensadores anuncian francamente su vocación de hegemonía continental. Externamente, en el mismo periodo la UE y sus miembros dejaron de desempeñar cualquier papel significativo en el mundo contrario a las directrices estadounidenses y se convirtieron en la vanguardia de las políticas de una nueva Guerra Fría respecto a Rusia establecidas por Estados Unidos y pagadas por Europa.

Así pues, no es de extrañar que al desobedecer la voluntad popular en los sucesivos referendos e incorporar al derecho constitucional los decretos presupuestarios, el cada vez más oligárquico elenco de la UE haya generado tantos movimientos de protesta en su contra. ¿Qué panorama ofrecen estas fuerzas? En el núcleo de la UE anterior a la ampliación, la Europa occidental de la era de la Guerra Fría (la topografía de Europa oriental es tan diferente que se puede dejar de lado a este respecto), los movimientos de derecha dominan la oposición al sistema en Francia (Frente Nacional), los Países Bajos (Partido para la Libertad, PVV), Austria (Partido de la Libertad de Austria), Suecia (Demócratas Suecos), Dinamarca (Partido del Pueblo Danés), Finlandia (Finlandeses Verdaderos), Alemania (Alternativa para Alemania, AfD) y Gran Bretaña ([Partido de la Independencia de Reino Unido] UKIP).

En España, Grecia e Irlanda han predominado los movimientos de izquierda: Podemos, Syriza y Sinn Fein. De manera excepcional, Italia tiene tanto un fuerte movimiento antisistémico de derecha en Lega como otro aún mayor más allá de la división izquierda/derecha en el Movimiento Cinco Estrellas (M5S): su retórica extraparlamentaria sobre las tasas y la inmigración lo sitúa a la derecha aunque a la izquierda lo sitúan su trayectoria parlamentaria de continua oposición a las medidas neoliberales del gobierno de Matteo Renzi (particularmente respecto a la educación y a la desregulación del mercado laboral) y su papel fundamental en la derrota de la apuesta de Renzi para debilitar la constitución democrática de Italia (3). Se puede añadir Momentum, que surgió en Gran Bretaña tras la inesperada elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista. Todos los movimientos de derecha excepto AfD son anteriores a la crisis de 2008; algunos se remontan a la década de 1970 e incluso antes. Syriza creció y M5S, Podemos y Momentum nacieron a consecuencia directa de la crisis financiera.

El hecho fundamental es el mayor peso global de los movimientos de derecha respecto a los de izquierda, tanto por la cantidad de países donde tienen ventaja como por fuerza de voto. Ambos son reacciones a la estructura del sistema neoliberal, que encuentra su expresión más marcada y concentrada en la actual UE, con su orden basado en la reducción y privatización de los servicios públicos, la derogación del control y la representación democráticos, y la desregulación de los factores de producción. Los tres están presentes a nivel nacional en Europa, como en otras partes, pero tiene un nivel mayor de intensidad a nivel de la UE, como atestiguan la tortura de Grecia, el hecho de pisotear los referendos y la magnitud del tráfico de personas. En el ámbito político esas son las cuestiones que más preocupan a la población y mueven las protestas contra el sistema respecto a la austeridad, la soberanía y la inmigración. Los movimientos antisistema se diferencian por la importancia que otorgan a cada uno, a qué color de la paleta neoliberal son más hostiles.

Los movimientos de derecha predominan sobre los de izquierda porque desde muy pronto hicieron suya la cuestión de la inmigración jugando con las reacciones xenófobas y racistas para lograr un amplio apoyo entre los sectores más vulnerables de la población. Con excepción de los movimientos en los Países Bajos y Alemania, que creen en el liberalismo económico, eso está típicamente vinculado (en Franca, Dinamarca, Suiza y Finlandia) no a la denuncia del Estado de bienestar sino a su defensa; se afirma que la llegada de inmigrantes lo mina. Pero sería erróneo atribuir toda su ventaja a esta carta, en ejemplos importantes (el Frente Nacional (FN) en Francia es el más significativo) también tienen ventaja en otros frentes.

La unión monetaria es el ejemplo más obvio. La moneda única y el Banco Central, diseñados en Maastricht, han hecho de la austeridad y la negación de la soberanía popular un sistema único. Los movimientos de izquierda pueden atacarlos tan vehementemente como cualquier movimiento de derecha, si no más. Pero las soluciones que proponen son menos radicales. A la derecha, el FN y Lega tiene remedios claros para las tensiones de la moneda única y la inmigración: salir del euro y detener el flujo. A la izquierda, con excepciones aisladas, nunca se han hecho unas demandas tan inequívocas. En el mejor de los casos, se sustituyen por ajustes técnicos de la moneda única, demasiado complicados para tener mucha aceptación popular, y por alusiones vagas y avergonzadas a las cuotas, que los votantes no entienden tan fácilmente como las francas propuestas de la derecha.

El reto de la cada vez mayor emigración

La inmigración y la unión monetaria crean dificultades especiales a la izquierda por razones históricas. El Tratado de Roma se basó en la promesa del libre movimiento de capital, mercancías y mano de obra dentro de un mercado común europeo. Mientras la Comunidad Europea estuvo confinada a países de Europa occidental, los factores de producción donde más importaba la movilidad eran el capital y las mercancías: en general la migración a través de las fronteras internas de la Comunidad eran bastante escasa. Pero a finales de la década de 1960 ya eran significativas las cifras de mano de obra inmigrante procedente de las antiguas colonias africanas, asiáticas y caribeñas, y de regiones semicoloniales del antiguo imperio Otomano. Más adelante la ampliación de la UE hacia el este de Europa incrementó drásticamente la migración interna de la UE. Por último, las aventuras neoimperialistas en las antiguas colonias del Mediterráneo —el bombardeo de Libia y el alimentar por intermediación la guerra civil en Siria— han provocado grandes oleadas de refugiados a Europa, junto con represalias terroristas por parte de militantes procedentes de una región en la que Occidente continua instalado como cacique, con sus bases, sus bombarderos y sus fuerzas especiales.

Todo esto ha provocado xenofobia: los movimientos antisistema de derecha se han alimentado de ella y los movimiento de izquierda han luchado contra ella leales a la causa del internacionalismo humano. Los mismos compromisos subyacentes han llevado a la mayor parte de la izquierda a oponer resistencia a cualquier idea de acabar con la unión monetaria, lo que se considera una regresión a un nacionalismo responsable de las pasadas catástrofes de Europa. Para ellos el ideal de unión europea sigue siendo un valor esencial. Pero la actual Europa de integración neoliberal es más coherente que cualquiera de las vacilantes alternativas que han propuesto hasta ahora. Austeridad, oligarquía y movilidad de factores forman un sistema interrelacionado. La movilidad de factores no se puede separar de la oligarquía: históricamente no se ha consultado a ningún electorado europeo acerca de la llegada de mano de obra extranjera o sobre la magnitud de esta; esto siempre ocurría a su espalda. La negación de la democracia, que se convirtió en la estructura de la UE, excluía desde el principio cualquier opinión acerca de la composición de su población. El rechazo de esta Europa por parte de movimientos de derecha es más consecuente políticamente que el de la izquierda, otra razón de la ventaja de la derecha.

Unos niveles récord de descontento de los votantes

La llegada de M5S, Syriza, Podemos y el AfD marcó un aumento del descontento popular en Europa. Las encuestas actuales registran unos niveles récord de desafección de los votantes a la UE. Pero, ya sean de derecha o de izquierda, el peso electoral de los movimientos antisistema sigue siendo limitado. En las últimas elecciones europeas los tres mejores resultados para la derecha —UKIP, el FN y el Partido del Pueblo Danés— supusieron aproximadamente el 25 % de los votos. En elecciones nacionales la cifra media en toda Europa occidental para estas fuerzas de derecha y de izquierda unidas es de aproximadamente el 15 %. Este porcentaje de electorado supone una amenaza pequeña para el sistema; el 25 % puede representar un quebradero de cabeza, pero a día de hoy el “peligro populista” del que alertan los medios sigue siendo muy modesto. Los únicos casos en los que un movimiento antisistema ha llegado, o pareciera que podría llegar, al poder son aquellos en los que un mal reparto deliberado de escaños, a través de una prima electoral creada para favorecer a la clase dirigente, sale mal o puede salir mal, como en Grecia e Italia.

En realidad, existe una enorme diferencia entre el grado de desilusión popular con la actual UE neoliberal (el verano pasado las mayorías en Francia y España expresaron su aversión a ella e incluso en Alemania apenas la mitad de las personas encuestas tenía una opinión positiva de ella) y la magnitud del apoyo a fuerzas que se declaran contrarias a ella. Es común la indignación o la aversión por aquello en lo que se ha convertido la UE, pero desde hace algún tiempo el determinante fundamental de las pautas de las elecciones europeas ha sido, y sigue siendo, el miedo. Se detesta de manera generalizada el status quo socioecónomico, aunque este es ratificado regularmente en las elecciones con la reelección de aquellos partidos que son responsables de él debido al temor a que alterar dicho estatus y alarmar a los mercados conlleve una miseria aún mayor. La moneda única no ha acelerado el crecimiento en Europa y ha infligido enormes penalidades a los países del sur más afectados. Pero la posibilidad de una salida aterroriza incluso a aquellas personas que ahora saben cuánto han sufrido por ella. Hay más miedo que ira. De ahí la conformidad del electorado griego con la capitulación de Syriza ante Bruselas, los reveses de Podemos en España, el arrastrar de pies del Parti de Gauche en Francia. Lo que subyace en todas partes es lo mismo. El sistema es malo, hacerle frente es arriesgarse a un castigo.

Entonces, ¿cómo se explica el Brexit? En toda la UE se teme a la inmigración masiva. Ese temor lo fomentó la campaña a favor de la salida en Reino Unido, campaña en la que Nigel Farage fue un destacado orador y organizador, junto con importantes conservadores. Pero por sí misma la xenofobia no es en absoluto suficiente para tener más peso que el temor a un colapso económico. En Inglaterra, como en todas partes, ha ido creciendo a medida que un gobierno tras otro mentía acerca de la magnitud de la inmigración. Pero si el referéndum sobre la UE hubiera sido simplemente una contienda entre estos miedos, como trató de hacer la clase dirigente política, sin lugar a dudas el voto a favor de permanecer habría ganado por un amplio margen, como ocurrió en el referéndum de 2014 sobre la independencia escocesa.

Había otros factores. Después de Maastricht la clase política británica rechazó la camisa de fuerza del euro, solo para seguir con un neoliberalismo nativo más drástico que cualquiera de los del continente: en primer lugar, el desmedido orgullo financializado del Nuevo Laborismo que sumió a Gran Bretaña en una crisis bancaria antes que cualquier otro país de Europa, a continuación un gobierno conservador-liberal demócrata de una austeridad más drástica que cualquiera de las generadas en Europa sin una coacción externa. Los resultados de esta combinación son únicos económicamente. Ningún otro país europeo se ha polarizado tan drásticamente por regiones entre metrópolis encerradas en una burbuja y con altos ingresos en Londres y el sudeste, y un norte y noreste empobrecidos y desindustrializados donde los votantes consideran que tienen poco que perder votando a favor de salir (que, significativamente, es una perspectiva más abstracta que abandonar el euro), pasara lo que pasara a la City y la inversión extranjera. El miedo contó menos que la desesperación.

Desde el punto de vista político, tampoco ningún otro país europeo ha manipulado tan descaradamente un sistema electoral: UKIP era el mayor partido británico individual en Estrasburgo bajo representación proporcional en 2014, pero un año más tarde, con el 13 % de los votos, obtuvo una sola plaza en Westminster, mientras que el Partido Nacional Escocés, con menos del 5 % obtuvo 55 escaños. Según los intercambiables regímenes laborista y conservador producidos por este sistema, los votantes situados en la parte inferior de la pirámide de ingresos dejaron de votar. Pero cuando de pronto se les concedió, por una vez, una verdadera posibilidad en un referéndum nacional, regresaron en masa para dar su veredicto sobre las devastaciones de Tony Blair, Gordon Brown y David Cameron.

Por último, y de forma contundente, está la histórica diferencia entre Gran Bretaña y el continente Durante siglos el país no solo fue un imperio que empequeñeció culturalmente a cualquier rival europeo, sino que, a diferencia de Francia, Alemania, Italia o la mayor parte del resto del continente no sufrió derrota, invasión u ocupación alguna en ninguna de las dos Guerras Mundiales. Por lo tanto, la expropiación de los poderes locales por parte de una burocracia en Bélgica estaba más abocada al fracaso que en otros lugares: ¿Por qué un Estado que había derrotado dos veces el poder de Berlín habría de someterse a la mezquina intromisión de Bruselas o Luxemburgo? Las cuestiones de identidad podrían superar más fácilmente a las cuestiones de interés que en el resto de la UE. Así pues, no funcionó la fórmula normal (el miedo a un castigo económico es superior al miedo a la inmigración extranjera), resentida por una combinación de desesperación económica y amour-propre nacional.

Estados Unidos salta en la oscuridad

Estas fueron también las condiciones en las que un candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos con unos antecedentes y un temperamento sin precedentes (abominable a ojos de la opinión bipartidista dominante, sin hacer el menor intento de ajustarse a los códigos aceptados de conducta civil o política, y que no gusta a muchos de sus votantes) pudo atraer a suficientes trabajadores blancos del cinturón industrial despreciados como para ganar las elecciones. Como en Gran Bretaña, la desesperación fue mayor que la aprensión en las regiones proletarias desindustrializadas. También ahí y de una manera mucho más cruda y abierta, en un país con una historia más profunda de racismo nativo, se denunció a los inmigrantes y se exigieron muros, tanto físicos como procedimentales. Sobre todo, el imperio no era un recuerdo lejano del pasado, sino un vívido atributo del presente y una reivindicación natural respecto al futuro, aunque había sido dejado de lado por quienes estaban en el poder en nombre de una globalización que significó la ruina para la gente común y la humillación para su país. El eslogan de Donald Trump era “Make America Great Again” [Que Estados Unidos vuelva a ser grande*], que logró deshacerse de los fetiches del libre movimiento de productos y mano de obra, e ignorar las ataduras y devociones del multilateralismo: no se equivocaba al proclamar que su triunfo era un ostensible Brexit. Fue una revuelta mucho más espectacular ya que no se limitó a una única (y para la mayoría de la gente, simbólica) cuestión y careció de toda respetabilidad de la clase dirigente o bendición mediática.

La victoria de Trump ha sumido a la clase política europea, centro derecha y centro izquierda unidos, en una indignada consternación. Es bastante malo romper las convenciones establecidas sobre la inmigración. Puede que la UE haya tenido pocos escrúpulos en encerrar a los refugiados en la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan, con sus decenas de miles de presos políticos, su tortura policial y la suspensión de lo que se entiende por el imperio de la ley, o en mirar hacia otro lado ante las barricadas de alambre de espino en toda la frontera norte de Grecia para mantener a los refugiados en las islas del Egeo. Pero, respetando las convenciones diplomáticas, la UE nunca se ha vanagloriado abiertamente de sus exclusiones. La falta de inhibición de Trump en estas cuestiones no afecta directamente a la UE. Lo que sí le afecta, y es motivo de una preocupación mucho más grave, es su rechazo de la ideología del libre movimiento de factores de producción y, aún más, su displicente indiferencia por la OTAN y sus comentarios acerca de mantener una actitud menos beligerante con Rusia. Habrá que ver si algo de esto es más que un gesto que pronto caerá en el olvido, como muchas de sus promesas referentes a cuestiones internas. Pero su elección ha materializado una importante diferencia entre una serie de movimientos antisistema de derecha o de un centro ambiguo y partidos de izquierda, rosas o verdes convencionales. En Francia e Italia los movimientos de derecha se han opuesto sistemáticamente a las políticas de la nueva Guerra Fría y a las aventuras militares aplaudidas por los partidos de izquierda, incluyendo el bombardeo sobre Libia y las sanciones a Rusia.

El referéndum británico y las elecciones estadounidenses fueron unas convulsiones antisistema de la derecha, aunque estuvieron flanqueadas por significativos incrementos antisistema de la izquierda (el movimiento de Bernie Sanders en Estados Unidos y el fenómeno de Corbyn en el Reino Unido), de menor escala, aunque menos esperados. No estará claro qué consecuencias tendrán Trump o el Brexit, aunque sin duda serán más limitadas que las predicciones actuales. El orden establecido está lejos de estar derrotado en ninguno de los dos países y, como ha demostrado Grecia, es capaz de absorber y neutralizar a una velocidad impresionante las revueltas desde cualquier dirección. Entre los anticuerpos que ya ha generado están los simulacros yuppies de avances populistas (Albert Rivera en España, Emmanuel Macron en Francia), que arremeten contra los callejones sin salida y corrupciones del presente, y prometen una política más limpia y dinámica en el futuro, más allá de los partidos decadentes.

Está clara la enseñanza de los últimos años para los partidos antisistema de izquierda en Europa. Para no ser superados por los movimientos de derecha no se pueden permitir ser menos radicales a la hora de atacar el sistema y deben ser más coherentes en su oposición a este. Eso significa hacer frente a la probabilidad de que la UE sea ahora tan dependiente de decisiones previas en su condición de construcción neoliberal que ya no se pueda pensar seriamente en reformarla. Habría que deshacerla antes de poder construir algo mejor, ya sea rompiendo la actual UE o reconstruyendo Europa sobre otras bases y arrojando Maastricht al fuego. A menos que se produzca otra crisis económica más profunda, ninguna de las dos opciones es muy probable.

Notas:

(1) Por parte de Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi y otros.

(2) Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence: the Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn 1945-2005, Verso, Nueva York, 2006.

(3) Raffaele Laudani, ‘Renzi’s fall and Di Battista’s rise’, Le Monde diplomatique, edición inglesa, enero de 2017.

* [N. de la t.: Para la traducción de este eslogan véase el interesante artículo ¿Cómo traducir ‘Make America Great Again’? Esta traductora se ha permitido añadir otra discrepancia: para los estadounidenses el nombre de su país es “America”, ignorando al los demás habitantes tanto de América del Norte como de América Central y Sur. 
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Perry Anderson enseña historia en la Universidad de California, Los Angeles, y su obra más reciente es The H-Word: the Peripeteia of Hegemony, Verso, Londres, 2017.


Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224148

 
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