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miércoles, 28 de noviembre de 2012

REELECCIÓN DE PROCURADOR ES ILEGAL Y RECOGIÓ LO QUE URIBE SEMBRÓ CON SU MATONEO DE OCHO AÑOS


Ecos de la reelección del procurador

La 'cuenta de cobro' del procurador Ordóñez

Hugo García Segura
ElEspectador.com

En su agradecimiento al senado por su reelección, el funcionario lanzó una dura indirecta a quienes desde los medios de comunicación se opusieron a su continuidad como jefe del Ministerio Público.

Alejandro Ordóñez obtuvo en total 80 votos a favor mientras que su único contrincante, Orlando Gallo Suárez, logró 2 sufragios. / Gabriel Aponte

“Gracias a los senadores por su independencia (…) queda demostrado que la opinión pública no es la opinión publicada”. Esas fueron algunas de las palabras pronunciadas por el procurador Alejandro Ordóñez ayer en la plenaria del Senado, tras ser reelegido con una arrolladora mayoría de 80 votos a favor. Palabras que implícitamente son una ‘cuenta de cobro’ a todos los columnistas de diversos medios de comunicación que desde hace varios meses expresaron su rechazo a la continuidad de Ordóñez al frente del Ministerio Público.

“Ni el Congreso ni el Gobierno fueron independientes. Todo lo ocurrido fue una farsa. Colombia no tienen sino un partido, que es el de la corrupción, que es el mismo que ha logrado que Ordóñez se pueda reelegir por cuatro años. A ese partido de la corrupción no le importa nada y por eso dijo que la opinión pública no es la opinión publicada, queriendo decir que a la gente la gente le importa poco lo que digamos los columnistas”, expresó Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador y uno de los más acérrimos opositores del procurador.

Bejarano cuestionó el hecho de que Ordóñez hubiese reconocido que estaba en campaña desde hace un año, lo cual, en su concepto, implica un compromiso en cuanto a su autonomía e independencia y las de los mismos senadores que lo eligieron: “Eso quiere decir que estuvo un año amenazando senadores y hasta ministro del Gobierno (…) lo que quiso decir fue gracias senadores por no hacerle caso a la opinión pública que decía que no se me debían reelegir”, agregó el columnista, quien además crítico el apoyo que le dio el Partido Liberal al procurador, algo que según señaló riñe con los principios e ideales de la colectividad.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz, manifestó que a la luz del derecho y hasta del sentido común, la reelección de Alejandro Ordóñez es ilegal pues la normatividad dice que se debe elegir de una terna, no de dos, y además tampoco se cumplió con la ley de cuotas porque no hubo una mujer en el proceso final. “Se trata de una farsa y lo que están es tratando de mostrar que todo se hizo correctamente. Van a llover demandas, pero no va a pasar nada porque el Consejo de Estado, que es el que finalmente las decide, va a fallar dentro de tres o cinco años diciendo que la elección fue correcta. Todo se sabe de antemano. Es importante que la opinión pública sepa de qué manera se hacen en Colombia este tipo de elecciones, pero no va a pasar nada”, enfatizó Gaviria.

Hoy, en su columna publicada en El Espectador, titulada ‘El hedor en torno a Ordóñez’, la periodista Cecilia Orozco advierte que no es cierto que la mitad de Colombia se guíe por el procurador, como afirman sus subalternos y expresa: “Otra cosa es que solo unos pocos nos rebelemos contra sus abusos y que a la inmensa mayoría no le importe lo que sucede, vencida, y convencida de que aquí no hay nada que hacer sino tratar de sobrevivir individualmente”.

El hedor en torno a Ordóñez

Cecilia Orozco Tascón
ElEspectador.com

La renuncia de la candidata de Santos a la terna para procurador general, es el único acto de decencia que se ha visto en torno a la farsa de la mal llamada “elección” de Alejandro Ordóñez.

Todo lo demás hiede. Y me disculpo por la expresión, pero no hay otra manera de calificar la coyunda de las altas cortes —empezando, por supuesto, por la Suprema que lo postuló—, con el Congreso y con el presidente de la República, quien, como en la reforma a la justicia, ha querido pasar agachado sin asumir el liderazgo que le corresponde ni la responsabilidad política por el desplome de la moral que ha terminado de sufrir la Nación en sus manos. El nombramiento inconstitucional y por demás ilegítimo de Ordóñez se cumple porque se cumple. O se cumplió ya (entrego esta columna a las 3 de la tarde del martes), porque, según lo sancionó el gran jurista Roy Barreras, presidente del Senado y uno de los jefes de campaña del empleador de su mujer, una terna de dos es válida hoy aunque no lo hubiera sido ayer para elegir fiscal general.

La permanencia de quien les garantiza impunidad a sus electores y persecución a sus opositores, se urdió hace meses. La tramaron los hombrecillos que han capturado al Estado y que hoy circulan en las tres ramas del poder. Ese personaje, el súmmum de las perversiones del ejercicio público, tejió con hilos de corrupción en oferta de puestos, apertura o cierre de procesos, ausencia de investigaciones, lisonjas, comidas y cocteles y hasta la intervención impúdica de su mujer, la capa de su reelección, como le consta al país. No es cierto que “la mitad de Colombia se guíe por él”, como afirman sus subalternos. Otra cosa es que solo unos pocos nos rebelemos contra sus abusos y que a la inmensa mayoría no le importe lo que sucede, vencida, y convencida de que aquí no hay nada que hacer sino tratar de sobrevivir individualmente.

Este procurador recogió lo que Uribe sembró con su matoneo de ocho años. Por eso tenemos a una Corte Suprema cómplice en lugar de jueza de delincuentes. A los senadores mendigos de la coalición de gobierno, dispuestos a brincarse la Constitución y la ley para ofrecerle otros cuatro años a su nuevo rey, bien por los mendrugos de pan que les bota, bien por el miedo a que los destituya e inhabilite cuando le venga en gana. Y a un presidente ladino que aun sabiendo que otro período de Ordóñez es cuchillo para su cabeza, no se atrevió a ejercer su función de jefe de Estado. Santos le dio la espalda a asunto de tan hondo calado, en público. En privado, enviaba mensajes a la Procuraduría. Así se explica su tardía decisión de incluir a María Mercedes López en una terna en la que, gustoso, hubiera puesto al procurador. Claro, sin el desgaste de opinión que ello implicaba.

La magistrada del Consejo de la Judicatura, inocente, aceptó cuando creyó que el presidente la iba a acompañar. Pero la evidencia la aplastó. Se le abona el valor de renunciar antes de la “votación”. Tal como lo dijo el otro gran jurista y hombre de inmaculada conducta Eduardo Enríquez Maya, investigado en varios estrados pero sin ninguna sanción, no habrá nada que impida la reelección de Ordóñez. Ni siquiera las recusaciones por deberle favores o por tener procesos en curso. Para eso está la tesis gloriosa de la Corte Suprema: los impedimentos no son válidos cuando unos votan por los otros y los otros por los unos.

Entre paréntesis.- Orlando Gallo, el tercer miembro de la terna que no ha sonado ni ha tronado, sacó la cara ayer para asegurar que no renunciaba porque sus “condiciones” eran distintas a las de López. Tiene razón: es asalariado de la universidad Sergio Arboleda, sede y fortín de la ultraderecha de Ordóñez. Gallo no es sino un pobre comodín.

Cecilia Orozco Tascón

http://www.elespectador.com/noticias 

lunes, 9 de abril de 2012

Para alcanzar una paz justa y duradera: Solución política al conflicto ya !!!

MANIFIESTO POR LA PAZ


Para alcanzar una paz justa y duradera: Solución política al conflicto ya !!!




… y la tiranía y la guerra no son los mas grandes flagelos de la humanidad? 
Emilio, J. J. Rousseau 

El Comité Organizador del Encuentro celebra el éxito del evento, la calidad de las ponencias, discusiones y conclusiones de todas y todos los participantes. 

Durante tres días, más de 120 participantes, entre ellos representantes de organizaciones sociales colombianas, migrantes venidos de toda Europa, internacionalistas solidarios con Colombia, autoridades locales, partidos políticos suizos, organizaciones no gubernamentales europeas y una importante delegación del parlamento Vasco, compartieron ideas sobre la realidad colombiana y las alternativas de solución política al conflicto, aceptando el desafío de generar, desde Suiza, un espacio de discusión en un ambiente fraterno. 

Reconocemos unánimemente el carácter económico, político y social del conflicto colombiano, y a la confrontación militar entre el Estado y la insurgencia armada como su expresión más evidente. 

Sostenemos que la solución política es la única vía válida y posible al conflicto, afirmando que dicha solución deberá centrarse en la superación de las causas estructurales que lo han originado, a saber: el 

modelo de exclusión y la inequidad social, la tenencia de la tierra, la ausencia de libertad de expresión y de una verdadera democracia, las violaciones a los derechos humanos, el irrespeto a la vida. 

Ante un eventual proceso de paz, el dialogo, que no comenzaría desde cero, teniendo en cuenta los procesos del Caguán y los diálogos de la Habana, con las FARC y el ELN respectivamente, deberá hacerse de cara al país, sin engaños, y con la participación de la sociedad colombiana. 

Durante todo el evento, los y las asistentes llamaron la atención sobre la grave situación del conflicto social, político y armado que vive Colombia, manifiesto en la preocupante situación de conflictividad social que genera el modelo de desarrollo imperante en el país, con un modelo extractivo, considerado nefasto para los intereses del pueblo colombiano. Otro aspecto importante, resaltado por los participantes, es la grave situación carcelaria de los prisioneros y prisioneras políticas, quienes iniciaron una huelga de hambre para reclamar sus derechos. Fue unánime la necesidad de realizar de manera inmediata campañas que aborden estas dos temáticas, adaptadas al contexto de cada país donde vive la migración colombiana y esperando que en esa línea puedan aprovecharse el próximo Encuentro por la Paz a realizarse en Suecia los días 11, 12 y 13, y la Conferencia Internacional que se llevará a cabo en Irlanda del 24 al 25, ambos en mayo de este año. 

Otro aspecto importante, subrayado por los y las participantes, es el avance sustancial en lo organizativo y la madurez que han ganado las diferentes expresiones del movimiento social colombiano durante el 2011. El pueblo colombiano comienza a recorrer caminos de unidad serios, amplios y participativos. 

Muestra de ello fueron: el encuentro el diálogo es la ruta de Barrancabermeja; el Congreso sobre territorios y soberanía en Cali; la importante e histórica lucha estudiantil que derrotó el proyecto privatizador de la educación pública; y lo serán también el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica en este 2012. Este esperanzador panorama plantea la necesidad y la urgencia de reproducir estos ejemplos en el exterior en donde las y los migrantes deberán iniciar procesos que les permitan convertirse en sujetos políticos colectivos y hacer parte, junto con los otros agentes sociales, de la solución política a los conflictos que vive Colombia en la búsqueda de la paz con justicia social. 

Estas iniciativas emanadas en la plenaria del Encuentro Internacional por la Paz y la Solución Política al Conflicto Colombiano serán dadas a conocer de manera más detallada por el Comité Organizador, bajo cuya responsabilidad se acordó la coordinación de éstas y futuras tareas. 

¡¡En Colombia: Solución política al conflicto YA! 

lunes, 19 de diciembre de 2011

El PDA acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido



COMUNICADO DE PRENSA

El PDA acepta que los Senadores Camilo Romero, Luis Avellaneda y Jorge Guevara se excluyan del Partido

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo emitió una declaración que deja sin reconocimiento político a tres senadores de la república.

Decidieron irse del Polo

Los senadores Camilo Romero, Luis Carlos Avellaneda y Jorge Guevara, elegidos en la campaña electoral de marzo de 2010 con el aval del Polo Democrático Alternativo, se han puesto fuera de la organizacón con sus reiteradas declaraciones en los medios de comunicación y sus actividades durante la campaña electoral que terminó el pasado 30 de octubre.

En muchas ocaciones habian expresado sus afinidades con otras banderas, su rechazo a nuestra organización y el desconocimiento a sus instancias directivas del Partido. Que sus decisiones estimularon el transfuguismo entre sus seguidores y las alianzas con otros partidos y movimientos opuestos al Polo y a su Ideario de Unidad; violaron resoluciones políticas de sus distintas instancias de dirección, no apoyaron sus candidatos oficiales mientras sí lo hicieron con los de otras colectividades y, como si fuera poco, atacaron con frecuencia al Patido con cuyo nombre, personería, avales y votos obtuvieron sus curules.

En resumen, están en contra de las normas contempladas en la Ley 1475 de 2011 y de varios artículos de los estatutos vigentes en el Polo. Y con sus últimas declaraciones, donde plantean abiertamente su decisión de irse hacia “Los Progresistas”, se han puesto fuera de nuestra organización. En entrevista concedidas a El Tiempo, El Espectador, Semana, el Nuevo Siglo, Portafolio, La Silla Vacia y varios programas de radio y televisión han expresado “ques se van del Polo”, y que “ya tomaron la decisión de abandonar las filas de su Partido para hacer tránsito hacia el Movimiento Progresistas del alcalde electo Gustavo Petro”.

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo, PDA, considera que ellos mismos se han excluido de la institucionalidad partidaria con todas las consecuencias legales y estatutarias que esto implica. La presente decisión la será notificada a las autoridades electorales, a la mesa Directiva del Senado de la República y a los tres congresistas nombrados inicialmente.

Comité Ejecutivo Nacional
Polo Democrático Alternativo

Bogotá, 19 de Diciembre de 2011

sábado, 17 de diciembre de 2011

Las tragedias no son resultado del invierno sino de la carencia de una política pública capaz de generar condiciones de vida de no vulnerabilidad

Inundaciones en Bogotá
Tragedias, como tantas gotas de lluvia 

 Carlos Valbuena


desdeabajo

En Colombia siempre hemos tenido tragedias invernales, pero la magnitud de las dos últimas temporadas ha hecho que las tragedias dejen de ocurrir sólo en ciertos lugares marginales y geográficamente definidos. Es el caso de lo sucedido, por estos días, en el suroccidente de Bogotá, dónde barrios como Vizcaya, Atalaya, El Recreo, Alamada del Río y Quintas, de la localidad de Bosa, y Tintal, de la localidad de Kennedy –algunos construidos bajo la cota del nivel del río y todo parece indicar con tuberías insuficientes para encausar las aguas negras y las procedentes de las lluvías– se inundaron a través de sus cañerías en virtud de la presión ejercida por el alto caudal del río Bogotá y algunos de sus afluentes. Esta tragedia ha dejado 45.000 damnificados, grandes pérdidas para estas familias, así como un futuro con mal olor para ellas, como para toda los que habitamos Bogotá.

Caminando por la Alameda

Caminar por la alameda en el sector de la ciudadela El Recreo, en Bosa, en un momento se pudiera pensar como una experiencia grata y que permitiera sentirse habitante de la ciudad y al mismo tiempo ribereño y sabanero, con ese horizonte de fondo por donde han llegado tantos viajeros, invasores, desplazados y comerciantes. Ese sueño posible es arrancado muy pronto por el olor de las aguas negras que inundan las calles y los primeros pisos de las casas.

Desde la noche del martes 6 de diciembre, estas aguas entraron a los hogares como un huésped, buscando refugio para pasar la noche de las velitas. Según Aura González, “nos dio mucha tristeza porque la noche de las velitas no había luz, nos tocó poner velas encima de unos bultos de arena, y amontonarnos con las cosas recogidas en el segundo piso o subidas en lo que pudimos para que no se nos dañaran”.

Anfibios

Desde la noche del martes, los habitantes del sector pasaron de ser terrestres a vivir como anfibios: no había escapatoria. Las calles y los primeros pisos estaban inundados. Tantos arreglos navideños en naufragio hacían sentir un diciembre frustrado. En las zonas altas ya había bajado el agua, pero ahora eran el barro y miles de lombrices, además del olor putrefacto de las aguas negras, lo que causaba desazón y desespero entre sus habitantes.

Mientras tanto, la vida de anfibio hacía que la gente estuviera de un lado para otro con sus botas de caucho, transportándose ya no en motos, carros o bicicleta, sino en botes, como en cualquier Venecia, intentando descansar en carpas instaladas alrededor del barrio, eso sí, siempre pendiente de sus propiedades, a la expectativa de las ayudas que muy lentamente llegan. 

Es un tiempo que parece ser de otro tiempo, como un cuento del que no se pensó nunca ser protagonista. La angustia no deja de reflejarse en el rostro de cientos de personas. También, el inconformismo, comprensible por la angustiosa situación que sobrellevan y por la incapacidad de las instituciones ante el tamaño del desastre ambiental que ahora, como aquellas pestes del Egipto faraónico, ahora afecta a miles de familias. Se espera que, en la medida en que el clima mejore y las motobombas desalojen el agua acumulada en calles y viviendas, se puedan culminar las jornadas de aseo y desinfección, tarea fundamental para impedir epidemias y otras afectaciones en la salud de los moradores de esta parte de la ciudad..

Mientras esto sucede, mientras llegan mejores condiciones para retomar la cotidianidad, algunas familias toman lo que pueden y se marchan adonde amigos y familiares que habitan en otros sitios de Bogotá. La situación es desesperante, pues los gastos económicos se multiplican, y los ingreos se reducen. Así lo confirma Armando Romero: “Nosotros vivimos pagando arriendo en esta casa, ahora únicamente tiene trabajo mi esposa, estamos debiendo arriendo y con todo esto los gastos se aumentan. Nos tocó sacar a nuestros hijos para donde un familiar porque aquí se nos iban a enfermar”.

La casa en el hoyo

“Mire para allá y se da cuenta de que las casas están construidas por debajo del nivel del canal Cundinamarca, mejor dicho, están meditas en un hoyo, ahí se ve”. Estas no son las palabras de un topógrafo o de cualquier otro experto sino las palabras de Joaquín Rodríguez, un habitante del barrio. Algunos de estos sectores fueron construidos hace cerca de 10 años por varias empresas, como la Constructora Bolívar. 

Las casas en la ciudadela El Recreo, en contra de un verdadero habitat, son de tres por cinco metros y tienen tres pisos; verdaderas cajitas de fósforos. Estas casas valieron aproximadamente 22 millones de pesos, incluyendo el pago inicial y la papelería. La gran mayoría de las familias que las habitan las están pagando a 10 años; además, muchas de estas casas siguen en obra negra. Para sus habitantes, el problema apenas comienza, bienvenidas todas las ayudas, pero saben que son paliativos, porque de tener una estabilidad y un patrimonio alrededor de sus viviendas pasaron a tener un gran problema porque nadie quiere irse a pagar arriendo allí o comprar estas casas. Mientras tanto, las deudas siguen vigentes, creciendo, pero el valor comercial de las viviendas se deprecia.

Soluciones institucionales

Parcialmente, el gobierno distrital presenta algunas medidas paliativas a la difícil situación que sobrellevan los habitantes de esta parte de la ciudad: prometió que para 2012 no les cobrarán impuesto vehicular, predial, y de industria y comercio. La Personería Distrital investigará a las Curadurías por haber otorgado licencias de construcción. Se revisará el papel de las alcaldías locales y del Acueducto.

Por su parte, el gobierno nacional prometió un cheque de 1 millón 500.000 pesos para antes del 24 de diciembre y dialogar con las instituciones financieras para que no cobren la cuota de vivienda en enero-febrero, y reiteró el anuncio de la licitación para la recuperación del río Bogotá. “Recuperado” el río, se pretende que su ladera sea un parque y no haya nuevos planes de vivienda en la zona.

El vicepresidente Angelino Garzón, por su parte, saludó el hecho de que el Fondo Nacional del Ahorro tomara la iniciativa respecto al manejo de las cuotas de los damnificados, e hizo un llamado para que las entidades financieras a las cuales los damnificados les deben su casa se comprometan con medidas efectivas que sirvan para paliar la situación que viven..

Bosa y Kennedy son toda Colombia

Lo que pasa en las localidades de Bosa y Kennedy sucede de manera reiterativa en toda Colombia. Hasta hace un tiempo, las tragedias invernales en el país las sufrían principalmente algunas poblaciones ribereñas de los principales ríos que recorren el país. Eso era un libreto que ya sabían manipular muy bien los medios de comunicación y las élites. Era un libreto construido y heredado por las mismas élites que, bajo la lógica de un país centralista y excluyente, con in modelo de desarrollo de espaldas a la naturaleza, han concentrado la riqueza en ciertos lugares geográficos menos vulnerables ante los inviernos, mientras en los lugares vulnerables la gente tiene que arrinconarse por efecto de la concentración de la tierra en pocas manos.

La Niña que desnuda al sistema

Hoy, el fenómeno de La Niña ha rebasado los márgenes históricos del invierno y sus efectos, más allá de los cientos de tragedias vividas y por vivir, y de las típicas respuestas institucionales. Esta Niña está mostrándonos varias cosas. La agudización de los inviernos ha dejado al descubierto que la estructura social colombiana se construye sobre la injusticia social y ambiental. Por eso, los principales damnificados son los pobres y la misma naturaleza. Este invierno ha destapado el hedor que subyace en los lugares donde las tragedias no son resultado del invierno sino de la carencia de una política pública capaz de generar condiciones de vida de no vulnerabilidad.

Este mal olor en parte es propio pero tiene un trasfondo heredado de la concepción de desarrollo que hemos importado. Por eso, hoy huele mal en Bosa, en Europa, en Japón y en la Cumbre de las Naciones Unidas por el cambio climático en Durban (Sudáfrica). En Bosa, lo que más huele mal no es el agua putrefacta sino la política de engaño e irresponsabilidad a la que han sido sometidas las personas. Más que el invierno, es esta política de la mentira lo que incuba tragedias y más tragedias.

Las causas

Se habla de que son causas naturales, divinas o humanas. Cuando el gobierno dice que “esta maldita Niña ha sido el karma de mí gobierno” (palabras del presidente Juan Manuel Santos, Chia, 6 de diciembre), está reforzando la idea de que gran parte de lo que sucede no es responsabilidad de los gobernantes sino de la naturaleza o de Dios.

Se dice que los dos últimos inviernos son los más fuertes en décadas, que no se conocía algo así, y aún se discute si La Niña es generada por el cambio climático o no. El tema del invierno y del cambio climático tiene muchos aspectos polémicos, pero algo obvio que ha ratificado el invierno es que, si no se respeta el equilibrio natural, si no se asume una relación de armonía y respeto con la naturaleza, se propician condiciones para nuevos desastres, no sólo ambientales sino de todo tipo. En ese sentido, la relación ser humano-naturaleza que impusieron los invasores, consolidada en la Colonia y prolongada durante siglos, con extensión hasta el presente, marcó el destino nacional.

La vulnerabilidad que tenemos a todo nivel, en el campo y ciudades, y la política mentirosa que ha logrado destapar este invierno, al ponernos en esta situación extrema, permite decir que la peor situación ambiental vivida en los últimos años no es el invierno sino el modelo minero-energético impulsado durante el doble gobierno de Uribe (*), extendido hasta el presente, con la aprobación de cientos de títulos mineros que destruirán y contaminarán nuestras cordilleras, arrinconando a miles de pobladores del campo y la ciudad, quienes padecerán en próximos inviernos, o fuera de estos, situaciones calamitosas.

También me gustan los estudiantes y los indígenas

Uno de los comentarios de los damnificados en Bosa es que tienen que demandar, que necesitan abogados. Así como ellos necesitan abogados hoy, otros los consiguieron ayer, junto a topógrafos, ingenieros y funcionarios corruptos que autorizaron la construcción de estas viviendas. En tal sentido, tienen razón los estudiantes colombianos en sus recientes jornadas de protesta, al hablar de luchar por otro modelo de educación; por una educación pública, gratuita y de calidad, porque sólo así es posible graduar profesionales con criterios éticos que no permitan la incubación de estas tragedias. Este es el motivo por el cual han invitado a la sociedad toda a vincularse al debate sobre la educación que requerimos en el país y la manera de abordarla.

Lo que ha sucedido en los primeros días de diciembre en el suroccidente de Bogotá, y sucede en muchos lugares de Colombia y el mundo, es el reflejo de la crisis de un modelo de sociedad y de vida que nos está degradando y matando. Los ancestros muiscas que habitaron la Sabana de Bogotá tenían otro modelo de relación con la naturaleza, defendido continentalmente por los pueblos indígenas de hoy. Esta herencia viva y recreada, a pesar de los problemas y los matices en las comunidades, es un patrimonio cultural de toda la sociedad colombiana, que en su trasfondo señala la necesidad de un reordenamiento territorial urbano y rural, como única vía para construir justicia y vida digna, y para evitar próximos desastres ambientales, por motivos ya diagnósticados.

La enseñanza está a la mano. También, el camino por seguir.

(*) En su primera administración se duplicó el área titulada para la minería, superando los 1,1 millones de hectáreas. Las cifras se multiplicaron exponencialmente a partir de 2006, y por más de cuatro veces entre ese año y 2009, logrando adjudicar para la explotación minera un total de 8,4 millones de hectáreas.

http://www.desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/18786-tragedias-como-tantas-gotas-de-lluvia.html

jueves, 15 de diciembre de 2011

REFORMA A LA JUSTICIA Y "SUPERCORTE" ES UN EXABRUPTO JURÍDICO

Supercorte: un engendro

Foto: noticiascaracol.com

Por: Rodolfo Arango

La creación de una "Supercorte" para juzgar a altos funcionarios, entre ellos a los congresistas, tiene un tufillo a revancha.

La reforma parece más un ajuste de cuentas con la Corte Suprema de Justicia por su desempeño en los últimos años que una propuesta bien intencionada. Recordemos que la Sala Penal de la Corte Suprema procesó a un tercio de los miembros del Congreso por paramilitarismo, y esa misma Corte la que pierde la competencia para investigar y juzgar a los legisladores. Se trata de una venganza anunciada. Ingenuo sería pensar que tarde o temprano los legisladores –por solidaridad de cuerpo o por interés propio– no ripostarían “podando” las funciones de la Corte Suprema. La audacia es aún mayor. Ni cortos ni perezosos, los congresistas quieren además nombrar ellos mismos parte de sus “jueces naturales”. Todo sucede mientras la Corte Suprema investiga a varios “pesados” senadores y representantes por el delito de tráfico de influencias en la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¡Inoportuna la reforma, por decir lo menos!

La “Supercorte” nombrada parcialmente por sus potenciales procesados es un exabrupto jurídico. Los principios de imparcialidad de la justicia y de separación de las ramas del poder público son desconocidos por el acto legislativo. El régimen republicano y democrático se pone en riesgo con la comentada reforma. No existe separación del poder público cuando quien es investigado y juzgado nombra, así sea parcialmente, a sus propios jueces. El contubernio entre legisladores y jueces impide el necesario control que caracteriza a una justicia objetiva e imparcial. La abierta injerencia del Congreso sobre la administración de justicia no se compadece con nuestra tradición civilista. De generalizarse este diseño judicial, ya pronto cada sector social u organismo oficial buscará la creación de un cuerpo especializado autonombrado para que lo investigue y juzgue (¿absuelva?). El fuero militar también apunta en el mismo sentido: militares juzgando militares, algo superado en el mundo civilizado.

Como en otros momentos de asedio a la Corte Constitucional, la población debería rodear a la Corte Suprema de Justicia para impedir que pierda una de sus más valiosas competencias. El argumento de que la reforma garantiza el conocimiento del caso por la Corte Suprema en segunda instancia no es valedero. No es lo mismo intervenir eventualmente en calidad de tribunal de “alzada” o de segunda instancia, que hacerlo también como tribunal de investigación y juzgamiento. La Sala Penal de la Corte sólo intervendría si el procurador –nombrado por los congresistas– apela la decisión absolutoria o preclusiva. De personas como Alejandro Ordoñez dependería que la Corte Suprema llegara a conocer del proceso penal contra congresistas. ¡Vaya garantía de verdad y justicia!

La Corte Suprema de Justicia parece convertirse en víctima de su propio desempeño. No hubiera perseguido penalmente a los legisladores, no tendría que soportar ahora los embates de los sectores lesionados. Por fortuna para el Estado de Derecho, la Suprema no fue inferior a su mandato. A una reforma a la justicia, servida a la carta de sus destinatarios, es necesario oponerse frontalmente: ella subvierte los principios fundamentales del Estado de derecho. Transitamos tiempos aciagos, por cierto. Pero la tradición republicana del país puede aún ser preservada y triunfar sobre la sinrazón de los intereses corporativos. La fuerza de la razón y la voz del pueblo son para ello indispensables.

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-316647-supercorte-un-engendro

MIENTRAS DAMNIFICADOS NO RECIBEN AYUDAS, PROYECTO DE LEY REGALARÍA 3.5 BILLONES A TELEFÓNICA-MOVISTAR

Mientras familias se ahogan por invierno, gobierno y Senado aprueban 3.5 billones del presupuesto para recuperar perdidas de Telefónica
El Polo Democrático Alternativo dio una fuerte lucha en el Senado de la República contra la aprobación de una altísima suma del presupuesto nacional para contrarrestar perdidas de la empresa mixta administrada por Telefónica telecomunicaciones que tiene a Movistar de España.

El senador del Polo Alexander López manifestó, “Mientras los niños se mueren de hambre, mientras los estudiantes piden educación de calidad y las familias se ahogan por el invierno, el Ministro de Hacienda y los Congresistas le están subsanando las deudas a Movistar de España con 3.5 billones de pesos de los colombianos, con el único propósito de sanear sus pérdidas”

López adujo “Quiero ver a los funcionarios que quebraron a Telecom y que hoy están en las transnacionales respondiendo por sus actos ante los organismos de control”

Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo, le pidió hoy a la plenaria de la cámara alta archivar el proyecto de esta ley.

“El ministro de Hacienda les ha ocultado información vital a los colombianos”, precisó Robledo y agregó, “no les ha dicho que mientras que el Estado le va a inyectar a Coltel $3.5 billones en efectivo, Telefónica aportará a Movistar, empresa que ha estado perdiendo casi medio billón de pesos por año y cuya pérdida operacional llegó en 2010 a casi 300 mil millones de pesos. Es con las pérdidas, agregó Robledo, con las que la nueva ley va a obligar al Estado a asociarse, lo que no garantiza que la nación no tenga que volver a desembolsar billonarias sumas, como lo reconoció el propio ministro de Hacienda al afirmar que “esto es una nueva apuesta”.

El senador del Polo terminó denunciando que el negocio se está haciendo “en medio de la más horrenda puerta giratoria”, puesto que el actual ministro de comunicaciones, Diego Molano, era antes un alto ejecutivo de Telefónica de España y el hoy presidente de Coltel-Telefónica, Alfonso Gómez Palacio, fue el gerente que metió a Telecom en el cepo de la privatización.

La deuda pensional de la antigua TELECOM fue asumida en 2005 por la nueva empresa de telecomunicaciones, Colombia Telecomunicaciones, teniendo la mayoría accionaria de esta Telefónica de España, mejor conocida como Movistar.

La nueva empresa se comprometió a asumir el pasivo pensional de los 17.900 empleados afectados por la liquidación de TELECOM y este dinero sería sacado de sus ganancias. Además los derechos de los pensionados ya están protegidos por el acto legislativo 01 del 2005. Sin embargo, los informes de la Contraloría del 2009 encontraron que la nueva empresa se estaba usufructuando de los antiguos bienes de TELECOM sin reportar ese dinero al fondo de liquidación de los empleados, lo que indicaría un delito penal.

“Es decir, la nueva administración de Colombia Telecomunicaciones se robó a sí misma, quebró la empresa a propósito para ahora poder desfalcar al Estado en 3.5billones de pesos anuales. Y el Ministro les abrió la cancha, mantuvo las asimetrías regulatorias para favorecer a las transnacionales para que metieran el gol”, aseguró el Senador Alexander López.

El Senador Jorge Robledo, advirtió que en el año 2004 la empresa MOVISTAR presentó perdidas por 300mil millones, y que esta tendencia se mantiene. “Vamos a capitalizarle la empresa a una multinacional que está presentando pérdidas”.

El Senador López señaló que “como si fuera poco, el Ministro de Hacienda no nos ha dado ningún estudio que sustente esta capitalización, y quiere pasar por alto los incumplimientos de Movistar, quien maneja la compañía”.

Incluso el Senador López presentó pruebas ante la Plenaria de giros realizados al exterior por parte de Telefónica a MOVISTAR y sus filiales internacionales por un monto de 400 millones de dólares en los últimos 4 años. “¿Qué empresa en crisis envía tanta cantidad de dinero en 4 años si está supuestamente en crisis?”, preguntó el Senador López.

“Aquí se está regalando recursos por 3.5 billones de pesos para salvarle las pérdidas a una transnacional, mientras que con esos recursos se podría garantizar la educación que están pidiendo los estudiantes o resolver la situación de los damnificados del invierno, salvar la vida de los 5 mil niños al año que se mueren de hambre ó intervenir la situación de los hospitales públicos en quiebra”, Señaló el Senador Alexander López.

De la misma manera el Senador López exigió una investigación a fondo de los funcionarios que tienen en esta situación a Colombia Telecomunicaciones, entre ellos Alfonso Gómez Palacios, antiguo gerente de la empresa pública y que ahora trabaja como presidente de MOVISTAR y anunció que se recurrirá a instancias nacionales e internacionales de control para evitar este desfalco de más de 3.5 billones de pesos y la impunidad que se pueda causar por la aprobación de este proyecto.

http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1757:mientras-familias-se-ahogan-por-invierno-gobierno-y-senado-aprueban-35-billones-del-presupuesto-para-recuperar-perdidas-de-telefonica&catid=75:noticias&Itemid=66

domingo, 11 de diciembre de 2011

Los obreros acuden a la concertación sólo para mejorar sus derechos, no para entregarlos


Empleo y política de concertación salarial

José Arlex Arias Arias
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Cada año asistimos a la comedia que, con unos actores principales con características autárquicas e imponentes -Gobierno Nacional y Empresarios- y otros secundarios -Centrales Obreras y Pensionados-, debilitados por los primeros, tiene los mismos argumentos que pretenden mostrar a los colombianos una supuesta política de concertación salarial, que es una de las causantes de la miseria, pobreza, desigualdad e iniquidad a la que han llevado a la población.

Si partimos del hecho aceptado de que la equidad en el salario -pagar a cada uno aquello a lo que tiene derecho- es una de las formas de redistribución de la riqueza, y de que la política de concertación salarial de las dos últimas décadas no ha hecho otra cosa que concentrar la riqueza en las cuentas bancarias de los empresarios, podemos concluir, sin hacer mucho esfuerzo, que dicha concertación ha estado al servicio de ese poder y no precisamente para beneficio de trabajadores y pensionados. No puede darse una concertación salarial sin antes resolverse la política de la calidad del empleo puesto que, los acuerdos para aumentar los ingresos de los trabajadores sin la existencia de un marco jurídico que garantice la remuneración con un salario digno, se convierte en destemplado “canto a la bandera”.

En Colombia se presentan tal cantidad de hechos sobresalientes -de todo tipo-, a un ritmo tan frenético, que el pueblo pierde su capacidad de asombro -ayudado además por la campaña mediática de alienación- y olvida una cosa tras otra. El pasado mes de octubre la Procuraduría General presentó un informe sobre la vinculación laboral en Colombia, el cual quedó durmiendo el sueño de los justos en los anaqueles de los grandes medios de comunicación, sólo porque su revelación no les hace bien a sus dueños, que son los grupos económicos y empresarios.

Según el estudio, “63% de los trabajadores gana menos del salario mínimo y el 60% no cuenta con un empleo digno”. En términos castizos, 60 de cada 100 trabajadores son los denominados informales, aquellos que se rebuscan por su propia cuenta, carecen de garantía laboral, prestaciones sociales y seguridad social. La situación es mucho más grave cuando asegura que 63 de cada 100 trabajadores ganan menos de ese salario mínimo que cada fin de año hacen tanto “esfuerzo” por incrementar por decreto -después de la respectiva parodia teatral- de los actores principales y algunos secundarios, en los cocteles del Palacio de Nariño. Esta política ha postrado a la clase obrera al punto que Estados Unidos -que a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y sus multinacionales las impulsa e impone - apoyó el estudio de la Procuraduría con el concurso de la Agencia de Cooperación Usaid. La razón para hacerlo es que esta política ubica a Colombia como el más desigual de Suramérica y tercero en el mundo después de Haití y Angola, además de que el Consejo Económico para América Latina -Cepal- asegurara que esa retribución salarial ha llevado a que en “Colombia el 10% de la población pobre sólo reciba el 0,5% de los ingresos y el 10% más rico, 50% de ellos, convirtiéndolo en una bomba de tiempo social”. El informe de la Procuraduría finaliza con estas conclusiones: en Popayán, Cartagena, Manizales o Pereira son casi nulas las posibilidades de conseguir un empleo con vinculación directa a una empresa; entre 1960 y 2007, el enganche directo de las empresas industriales bajó del 96 al 72%; en marzo de 2011, de cada 100 trabajadores, 48 laboraban sin contrato en las ciudades y 63 en el campo -de los que tienen contrato, sólo la mitad lo firmó a término indefinido-; los contratos de término fijo aumentaron del 10 al 24%; sólo 62% de los trabajadores reciben cesantías y 57% vacaciones remuneradas; y el aumento de la contratación por terceras empresas (temporales o cooperativas) pasó del 3,9% del total de empleo industrial en 1960, al 27,4% en 2007. Mientras el gobierno de Santos insista en mantener esta clase de políticas salariales y laborales impuestas por el Consenso de Washington, evidencia que la concertación es en beneficio de multinacionales y empresarios, por lo que a los trabajadores y pensionados sólo les queda combatirla.

¡Los obreros acuden a la concertación sólo para mejorar sus derechos, no para entregarlos y menos para bendecir una política social que le sea contraria!

http://www.argenpress.info/2011/12/colombia-empleo-y-politica-de.html

martes, 6 de diciembre de 2011

EL DESAFÍO DEL CARDENAL DARÍO MONSALVE

Imagen: iglesia.jpg. eloriginal.co


 Palabra de Dios



Ramiro Bejarano Guzmán 
EL ESPECTADOR

Se necesita mucho carácter para atreverse a decir que a Alfonso Cano no le respetaron la vida y que lo ajusticiaron, y además sostener que la salida militar al conflicto armado es inútil mientras no haya una solución social.

La frase no es de Piedad Córdoba, tampoco de un militante de la izquierda, menos de uno de los jefes liberales, quienes por estos días andan entregados a la orgía de una constituyente del partido a la que no han sido invitados los copartidarios de a pie, sino preferencialmente congresistas, diputados, concejales, manzanillos y lagartos.

El responsable de este desafío público fue un vocero de la Iglesia católica, el nuevo arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien por fortuna llegó a suceder a monseñor Sarasty, cuya gestión fue desastrosa.

Se necesita mucha convicción para salir a pregonar que el Estado le aplicó la pena de muerte al jefe de las FARC, cuando en este país hay quienes son capaces de expresar su complacencia con la tesis de la eventual ejecución de Cano, como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando otro sacerdote, el padre Llanos, se fue de bruces aplaudiendo la muerte de Raúl Reyes, en vez de rezar un réquiem por su extraviada vida.

Resulta inevitable no inquietarse ante esta hipótesis estremecedora de Monsalve: “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a Alfonso Cano, cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de sesenta años, herido, ciego y solo?, y, ¿por qué encapsular la lucha antiguerrillera en ese marco de traer muertos a los cabecillas, sin agotar el marco ético de la no pena de muerte, de la captura como objetivo legal?”.

Que el Gobierno haya guardado silencio ante tan duras declaraciones, que ponen en tela de juicio la transparencia del operativo donde dieron de baja a Cano, es preocupante. Y lo es más si se tiene en cuenta que hace apenas unas horas el propio presidente Santos le respondió con “furia” a Piedad Córdoba, por dudar que las FARC sean las asesinas de los cuatro uniformados secuestrados. No hay coherencia que en un caso el Gobierno reaccione con “coraje” y en el otro guarde prudente silencio.

El arzobispo no invocó planteamientos propios de su credo católico, como el de que el único que dispone de la vida ajena es Dios. El sustento de su preocupación fue estrictamente constitucional, al recordar que la Carta Política prohíbe la pena de muerte y eso exige un pronunciamiento.

El Gobierno, que acaba de obtener en el Congreso el botín que aprobó la peligrosa y odiosa presunción constitucional para el fuero militar, haría bien en dar respuestas convincentes a las juiciosas reflexiones de monseñor Monsalve. Esta vez nadie podrá decir que quien habló es un auxiliador de los rebeldes ni tampoco podrán acallarlo con una muenda mediática. Ese silencio oficial no le hace bien al Gobierno, pero sobre todo a la historia que está empezando a escribirse.

El llamado de Monsalve tiene además importancia porque no se detuvo solamente en sus dudas sobre el operativo militar, sino que se adentró, con diplomacia, en retomar la estrategia del Acuerdo Humanitario como única salida capaz de ponerle fin a ese drama de los secuestrados que están pudriéndose en la selva. El tremendo interrogante del arzobispo, acerca de lo que estaría pasando con los secuestrados, si Cano en vez de muerto estuviere preso, no es asunto de poca monta.

Y es también muy diciente que ninguno de los jerarcas de la Iglesia católica haya desautorizado a Monsalve. Por primera vez en mucho tiempo vemos un encumbrado pastor utilizando un lenguaje moderado y no guerrerista, y eso es bueno, porque lo único que no nos puede ocurrir, es que esa Iglesia, antes poderosa e influyente, pierda poder de interlocución con los actores del conflicto.

http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-314774-palabra-de-dios

LA DESIGUALDAD EN COLOMBIA ESTÁ INTACTA

Desigualdad y felicidad a la colombiana
Por Germán Uribe*

Los ricos en Colombia vienen haciéndose al 6 por ciento del ingreso nacional, en tanto que las mayorías captan el 3 por ciento.

Una forma simple de desenmascarar la posición política de extrema derecha, dogmática y retrógrada de alguien, o mejor, digámoslo de una vez, de desentrañar su liviandad de principios morales y el abuso que hace de su fe religiosa o de sus privilegios económicos y de clase, es ver de qué manera juzga las causas de la desigualdad social y las expresiones populares que tienden a encontrar soluciones a esa discriminación a través de la protesta u otras formas de lucha reivindicatoria.

Basta observar con detenimiento y objetividad el Informe Mundial de Desarrollo Humano 2011, divulgado en los primeros días de noviembre de este año por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para darnos cuenta de la espantosa iniquidad y la apocalíptica injusticia por la cual hacen su tránsito vital hombres y mujeres, niños y ancianos de todas las latitudes del mundo incluyendo, quién lo creyera, vastos sectores de la población estadounidense y europea. Pero como nuestra preocupación mayor está anclada aquí y ahora en nuestra disparatada Colombia, sumerjámonos por un momento en algunos de los escenarios que nos llevaron a ocupar el deshonroso tercer lugar entre 129 países del planeta, superando tan sólo a dos naciones dramáticamente atrasadas como lo son Haití y Angola. 

Dato escalofriante y denuncia vergonzosa que da la sensación de que el gobierno y numerosos actores del poder político y la economía preferirían engavetar. 

El informe es preciso y contundente. No da para las interpretaciones soslayadas e impúdicas con que el verbo desfachatado de los causantes del acelerado deterioro social quieren explicarlo, buscando con ello el modo de preservar sus privilegios, sin importar que ese estado de cosas se mantenga o agrave. Y las señales de preocupación que nos envían son estas: el Estado y el gobierno están haciendo todo lo posible para que, dentro del marco de la democracia y las instituciones, y en el ejercicio de los deberes patrióticos que la Constitución y la ley establecen, dicha realidad cambie. De tal manera que creamos que los señores que tiene las riendas del poder político y el imperio económico están haciendo todo lo posible por alcanzar un equilibrio que albergue satisfactoriamente las aspiraciones del conjunto de la sociedad. 

¡Todo es cuestión de paciencia, señores! 

Para incursionar brevemente en este tema, quizás el de mayor calado en lo que tiene que ver con el desarrollo y la sobrevivencia de los seres humanos, debemos aceptar que el meollo de esta crisis está centrado en la distribución del ingreso, la riqueza y el consumo, estudiado por las Naciones Unidas mediante una medición llamada “Coeficiente Gini de ingresos”. Allí se demuestra, palmariamente, cómo la humanidad está dividida irremediablemente entre vivos y bobos. 

Es de anotar que los factores con mayor frecuencia esgrimidos para explicar nuestra desigualdad social, son algunos de ellos azarosamente acomodaticios, simplistas y hasta perversos: la procreación desmedida e irresponsable de los humildes, el atraso histórico de ciertos grupos étnicos, la crianza y educación dada a los hijos por sus padres, la “pereza” intrínseca en la gente del “pueblo” que no les permite asumir posiciones correctas ni acciones o decisiones que les pueda ayudar a salir del atolladero, y en fin, sin ir más al fondo respecto de la desigualdad de oportunidades, punto esencial, a veces se refieren a la población migrante como causante de su propio desequilibrio, no importa que haya sido llevada a esa condición por componentes de abandono estatal, violencia, desarraigo y despojo. 

Y si alguna consecuencia funesta le está trayendo a Colombia esta tremenda desigualdad social reseñada por el organismo internacional, boomerang sepulturero ella misma para los poderosos de la economía nacional y la alegre comparsa de los políticos corruptos y los gobiernos ineptos, o peligrosamente arbitrarios y delirantes como el de Uribe, es en sí mismo el conflicto armado colombiano ahora propenso a devenir en una inimaginable guerra civil. 

Permítaseme reproducir unas pocas estadísticas que le dan fuerza y sentido a mi consternación: 

Los ricos en Colombia vienen haciéndose al 6 por ciento del ingreso nacional, en tanto que las mayorías captan el 3 por ciento. 

El 0,06 por ciento de los propietarios rurales, que tienen más de 2.000 hectáreas cada uno, poseen el 53,5 por ciento de la tierra, en contraste con el 83 por ciento, que tienen predios de menos de 15 hectáreas y son dueños del 7,2 por ciento. Con razón, el vocero de la ONG inglesa, Oxfam Asier, Hernando Malax, acaba de afirmar: “Colombia es uno de los países del mundo con más desigualdad en el acceso a la tierra, hay pocos países del mundo que sean más desiguales que Colombia, y esto lleva a situaciones enormes de pobreza rural, contribuye al conflicto y limita el desarrollo que se pueda llevar a cabo”. 

Mientras el sueldo de un congresista ronda los 21 millones de pesos, el salario para un trabajador es de 535.500 pesos. 

Pese a que el Producto Interno Bruto (PIB) y el Gasto Público se multiplicaron por dos en los últimos veinte años, la pobreza extrema apenas se redujo en 2 por ciento y la desigualdad está intacta

El 10 por ciento más rico de la población se embolsilla la mitad del PIB y el 10 por ciento más pobre apenas alcanza a rozar el 0,6 por ciento del mismo. 

¿Por ello será que cada vez se repite más aquello de que entretanto “el capitalismo privatiza las ganancias, socializa las pérdidas? 

Y, vaya cinismo: “Somos el país más feliz del mundo”, ordenaron que repicaran algunos de los dueños del 6 por ciento del ingreso nacional a sus todopoderosos voceros, mientras el 17% de nuestros compatriotas vive de milagro, o más exactamente, 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones, indigentes. 

Pero, entonces, así, ¿cómo es eso de que somos una Colombia feliz? 

*guribe3@gmail.com 

http://www.semana.com/opinion/desigualdad-felicidad-colombiana/168436-3.aspx

REFORMA AL SISTEMA DE SALUD PONE EN RIESGO A HOSPITALES PÚBLICOS


La Ley 1438 que reforma el sistema de salud pone en riesgo a los hospitales públicos que aún existen

notiagen

Según los informes financieros producidos por la Superintendencia de Salud, de los 995 hospitales y centros de salud públicos que reportan su información financiera el 88% de ellos se encuentra en déficit, es decir, 882 centros de salud. Según la Ley 1438 de enero de 2010, el Ministerio de la Protección Social podrá intervenir financieramente las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera y deberán someterse a un programa de saneamiento fiscal y financiero en las condiciones que determine el Ministerio. El artículo 82 de la Ley anuncia que si no superan la situación de riesgo, serán liquidadas o fusionadas.

El 19 de enero de 2011 el Gobierno de Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1438 «por medio de la cual se reforma el Sistema General en Salud» y el 18 de febrero el Ministerio de Protección Social comunicó el cronograma de reglamentación e implementación de los 145 artículos que componen la Ley con la previsión de que los cambios se realizarían desde mayo de 2011 hasta diciembre de 2012. Esta reforma da continuidad al modelo implementado por la Ley 100 de 1993, pero tiene especial interés porque introdujo medidas con efectos importantes sobre las instituciones públicas de salud aún existentes.

La exposición de motivos de la Ley 1438 y las intenciones de las reformas están orientadas a la satisfacción de los usuarios debido a un mejoramiento de los servicios de salud. Entre ellos cabe mencionar la afiliación de toda la población colombiana, la prestación de los servicios en cualquier parte del país, un mismo plan de beneficios para el régimen subsidiado y para el contributivo, la libre elección para la afiliación o la prohibición de multas por inasistencia a citas médicas. Esas son algunas de las promesas que ya habían sido previstas en la Ley 100 y no se habían cumplido.

Alguno de los puntos destacables son aquellos referentes al tratamiento que se le dará a las Instituciones Prestadoras de Salud Públicas (IPS) aún existentes que, de acuerdo con la Superintendencia de Salud (Supersalud), hasta 2009 eran 998, en su mayoría hospitales públicos.Según los informes financieros producidos por esta entidad, de los 995 hospitales y centros de salud públicos que reportan su información financiera el 88% de ellos se encuentran en déficit, es decir, 882 centros de salud. Por déficit se entiende que los gastos para funcionamiento e inversión en los presupuestos son mayores a los ingresos percibidos por estas entidades. En la siguiente tabla sobre la situación financiera de los hospitales públicos en 2009 se puede ver el número de IPS que hay en cada departamento, las que están en déficit y el monto del déficit por cada departamento. El total del déficit para el agregado nacional fue de 1,57 billones de pesos hasta diciembre de 2009.

Situación financiera de los hospitales públicos en 2009, Informe financiero Supersalud
Situación financiera de los hospitales públicos en 2009, Informe financiero Supersalud
Departamento
Total de IPS
IPS en déficit
Total déficit                (millones de pesos)
Amazonas
2
2
3.041
Antioquia
133
117
210.039
Arauca
4
3
7.029
Atlántico
26
24
21.355
Bogotá DC
23
22
220.796
Bolívar
45
41
66.198
Boyacá
109
102
39.122
Caldas
30
24
25.046
Caquetá
6
4
12.091
Casanare
5
2
27.532
Cauca
19
17
39.959
Cesar
28
27
41.905
Chocó
9
8
14.489
Córdoba
32
29
35.560
Cundinamarca
52
50
117.554
Guaviare
2
2
7.007
Huila
41
39
62.711
La Guajira
22
20
53.031
Magdalena
34
28
31.784
Meta
15
15
31.498
Nariño
79
64
43.537
Norte de Santander
16
14
52.044
Putumayo
11
11
15.010
Quindío
14
12
18.410
Risaralda
16
13
8.216
Santander
85
75
55.995
Sucre
28
26
38.409
Tolima
50
43
69.240
Valle del Cauca
56
45
200.744
Vaupés
1
1
140
Vichada
2
2
3.836
Total IPS
995
882
1.573.330

La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC) afirma que la deuda de las EPS con los más de 1.000 centros de salud públicos es de 5 billones de pesos por los servicios prestados en atención médica intrahospitalaria en los anteriores 10 años. En el reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) para 126 instituciones afiliadas a esta institución —principalmente clínicas y hospitales privados, aunque también hay públicos— la deuda a diciembre de 2010 de las EPS y el Estado es de 3,7 billones de pesos.

La intervención de la Ley 1438

El Capítulo 4 del título 6 de la Ley 1438 que trata sobre las «Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y empresas sociales del Estado» se presenta un mecanismo en el artículo 80 sobre la «Determinación del riesgo de las Empresas Sociales de Estado» que indica: «El Ministerio de la Protección Social determinará y comunicará […] el riesgo de las Empresas Sociales del Estado teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiero, a partir de sus indicadores financieros». Ya sea porque las empresas no exhiban buenos indicadores o porque no reportan la información exigida, «las Empresas Sociales del Estado, atendiendo a su situación financiera se clasificarán […] en riesgo alto y deberán adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero, sin perjuicio de las investigaciones que se deban adelantar por parte de los organismos de vigilancia y control».

Luego, el artículo 81 indica que «las empresas categorizadas en riesgo medio o alto deberán someterse a un programa de saneamiento fiscal y financiero […] en las condiciones que determine el Ministerio de Protección Social […] cuando una Empresa Social del Estado no adopte el programa de saneamiento fiscal y financiero en los términos y condiciones previstos, será causal de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud». Finalmente, el artículo 82 anuncia que si no superan la situación de riesgo, dará lugar a su liquidación o fusión.

Ahora bien, ya desde hace unos años sindicatos, alcaldes y gobernadores están llamado la atención sobre la situación de fragilidad financiera de los hospitales y centros de salud públicos. Ello significa que la mayoría de estas instituciones están propensas a ser calificadas en alto y medio grado de riesgo y, por lo tanto, proclives a ser intervenidas y liquidadas. La cantidad de instituciones en esta situación es tan significativa que la Ley ordena, en el artículo 50, crear el Fondo de Salvamento y Garantías para el sector Salud (FONSAET) con el fin de garantizar los recursos necesarios para la intervención, fusión o liquidación de esas instituciones públicas.

Sin embargo, la Ley no sólo aplicará mecanismos de vigilancia y de intervención, sino que también implementará mecanismos de incentivos para las instituciones que exhiban buenos indicadores, o que hayan superado la situación de riesgo por medio de los programas de saneamiento. En consecuencia, el artículo 69 indica la creación del “Programa de Fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado” que se basa en un fondo con recursos provenientes del Presupuesto Nacional con el fin de mejorar la capacidad instalada y modernizar la gestión. Es importante destacar que los recursos para estos fines se otorgarán a las instituciones a través de créditos, que en algunos casos exitosos pueden ser condonados.

Dado que este mecanismo de regulación del riesgo puede dar lugar a que desaparezcan las instituciones públicas de salud en las regiones más pobres, la Ley prevé un sistema de subsidios para que las instituciones privadas puedan prestar los servicios. Es más, se autoriza a las EPS para intermediar los recursos del Régimen Subsidiado dirigido a las regiones más pobres.
Finalmente, para la reforma de la salud el gobierno nacional estima unos gastos de 1,5 billones de pesos anuales justificados por la intención manifiesta de dar mejor servicio al usuario final. Con esta reforma se garantiza la participación creciente del sector privado que captará recursos públicos no sólo por atención a usuarios del régimen contributivo sino también por los del régimen subsidiado.

http://notiagen.wordpress.com/2011/12/06/la-ley-1438-que-reforma-el-sistema-de-salud-pone-en-riesgo-a-los-hospitales-publicos-que-aun-existen/#more-3462

 
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