POR MASACRE DEL ARO Y DE LA GRANJA TRIBUNAL DE MEDELLIN COMPULSA COPIAS CONTRA URIBE VÉLEZ

En la decisión, 

Tribunal de Medellín compulsó copias para investigar al expresidente Álvaro Uribe.

Jaime Angulo, detenido en un retén de la Policía en carretera al norte de Antioquia. Foto: Cortesía Policía

Por: Justicia 

Los hacendados antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio fueron condenados a 30 años de prisión por el Tribunal Superior de Medellín como responsables del crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

El Tribunal ratificó una condena inicial impuesta por un juez de la misma ciudad que consideró probado que los ganaderos fueron los determinadores de ese asesinato, perpetrado por la banda 'La Terraza', que era el aparato sicarial de los paramilitares de Carlos Castaño, en febrero de 1998.

En la sentencia el Tribunal consideró que: “existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión, que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Álvaro Uribe Vélez”.

En todos estos años, el expresidente Uribe Vélez ha defendido su inocencia y ha señalado que varios de los paramilitares que hoy aparecen como testigos en su contra, como Salvatore Mancuso y 'Don Berna', fueron precisamente extraditados por su gobierno para que respondieran por narcotráfico en los Estados Unidos.

El hoy senador compartió en su cuenta de Twitter un comunicado en el que dice que ya hay "miles de folios en esas investigaciones, toda clase de presiones en mi contra, nada creíble que me comprometa", y agregó es un "combatiente de las ideas pero no un delincuente".

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Álvaro Uribe Vélez

✔@AlvaroUribeVel

Otros hackers y en tiempo de elecciones

En la decisión el Tribunal asegura que los hermanos Angulo Osorio, que lograron evadir la cárcel a pesar de que desde el primer momento fueron señalados como cerebros del crimen de Valle y de la masacre de El Aro (municipio de Ituango), ordenaron la muerte del abogado y defensor de derechos humanos por sus denuncias contra los financiadores de los grupos paramilitares.

Según el fallo, los ganaderos asistieron a una reunión en la que también estuvo el fallecido Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de la Gobernación de Uribe Vélez, y allí se determinó la necesidad de "silenciar al doctor Valle".

Igualmente en las compulsas de copias del Tribunal aparecen el general Carlos Alberto Ospina, el coronel Germán Morantes Hernández, el mayor Emiro Barrios, la oficial Aurora Bonilla, los tenientes Cristian Arias y Everardo Bolaños Galindo y el agente de la Policía, Carlos Emilio Gañán Sánchez.

“El solo hecho de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento (de los paramilitares), de no combatirlos, como era su deber legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y por supuesto de los actos y conductas punibles cometidas, igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar”, se lee en la sentencia.

La sala de decisión agrega en la sentencia de 135 páginas: “obran elementos de juicio que estudiados en forma coordinada e integral indican con suficiencia la probable responsabilidad de los agentes del Estado que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía General. Se debe evitar la falacia muy recurrida de estos casos de culpar a los muertos, en este caso al general (Alfonso) Manosalva y al doctor (Pedro Juan) Moreno, ellos tienen parte de la culpa, pero son integrantes de una organización, lo que se busca es juzgar a los que aún están vivos y que participaron en ella”.

Igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas

En su decisión los magistrados no accedieron a la nulidad del fallo de primera instancia y mantuvieron la condena de 30 años de cárcel y ordenaron la captura de los hermanos Angulo Osorio por su responsabilidad en el crimen del abogado Jesús María Valle registrada en febrero de 1998.

En el expediente aparece la denuncia de Valle sobre una supuesta alianza entre la Policía, el Ejército y los paramilitares, y sus señalamientos contra el comandante de la Cuarta Brigada y el entonces Gobernador de Antioquia.

El Tribunal señala que hay un nexo entre el asesinato del abogado y las masacres de La Granja y el Aro y que “participaron varias personas más, varias de ellas están muertas y otras no han sido siquiera vinculados a las mismas, en especial de quienes hacían parte de las instituciones estatales, gobernación de Antioquia, Fuerzas Militares, Policía, el extinto DAS, a la vez de ciertos grupos económicos”.

Uno de los testigos reservados identificado como 001 indica que en la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de Yarumal permanecían “los primos que son paracos”.

Aparecen las declaraciones de exjefes paramilitares que fueron extraditados durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, como Salvatore Mancuso.

El exparamilitar dijo que en las acciones de las Autodefensas tuvieron apoyo de empresarios, la Policía, el Ejército y la Gobernación de Antioquia. “Las Convivir era una fachada de las Autodefensas, era una estructura para comprometer a los particulares en la guerra, pero estaban bajo su dominio y era parte de la estrategia para combatir la guerrilla, fue una estrategia patrocinada por la Gobernación de Antioquia”, dijo Mancuso.

A su turno el también extraditado exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano ‘Don Berna’ señaló que Pedro Juan Moreno incidió en la decisión de asesinar al abogado Valle al decirle a “Castaño que estaba haciendo una investigación en la cual iría a comprometer en la masacre del Aro a los integrantes de las Fuerzas Militares y del Gobierno”.

La piedra en el zapato de Uribe con la justicia

Desde el Tribuna de Antioquia el magistrado Pinilla no ha ignorado las denuncias de las victimas del Aro contra el expresidente. Se conocen desde la U. de Antioquia

Horas después de que el Tribunal superior de Medellín sentenciara a 30 años de prisión a los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio por la masacre de 20 campesinos en el Aro y La Granja y se le compulsaran copias, por tercera vez en cinco años, al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez por estos hechos, el líder del Centro Democrático señalaba al exmagistrado del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo, como el gran gestor de una supuesta persecución contra él. No tardo en expresarse en su cuenta de Twitter:

La pugna por diferencias ideológicos y de visiones del país viene de tiempo atrás. Desde los años 70 en la aulas de la Universidad de Antioquia cuando ambos eran estudiantes de derecho y Carlos Gaviria uno de sus profesores más admirados. Estaba en las antípodas. Mientras el monteriano Pinilla Cogollo era un entusiasta de la Anapo, Uribe militaba en las juventudes liberales. Se encontraron en varios debates sin importar que Pinilla fuera dos años menor que el ex presidente. A Uribe le gustaban los boleros y la música tropical de la época, como los hispanos o los graduados, mientras Pinilla seguía a Juan Manuel Serrat y disfrutaba del fútbol. Era un hincha furibundo de Millonarios.

Su ascenso fue meteórico: a los 22 años, mientras Alvaro Uribe era director de Aerocivil, Pinilla Cogollo se transformó en juez de la República. La acusación de Uribe, que el abogado de Montería perteneció en el año 1979 a la guerrilla del M-19, se basa a rumores replicados en portales como Periodismo sin Frontera del periodista Ricardo Puentes. El ex dirigente del M-19 y ex diputado de la Asamblea de Antioquia, Augusto Osorno Gil, negó en noviembre del 2015 que tuviera algún tipo de vinculación con el grupo guerrillero.

Magistrado a los 33 años, Pinilla Cogollo tuvo una gran frustración al no conseguir los votos necesarios para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, desde el Tribunal de Medellín y en la Sala de Justicia y Paz, logró figuración nacional. En enero del 2012 fue el protagonista de una protesta por la decisión de trasladar al Caquetá a Patricia Hernández, funcionaria encargada de llevar los casos de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. En abril de ese mismo año le pidió perdón a los familiares de 300 víctmas de los paramilitares y que fueron enterradas en la Escombrera, en plena Comuna 13 de Medellín. Pinilla se mostró allí como un juez rebelde al declarar ante la televisión que el no quería pertenecer a una justicia que siempre había sido complaciente con el poder. Después de esta declaración compulsó copias a la Fiscalía que enredaban al general Mario Montoya, Comandante de la Cuarta Brigada que lideró la operación Orion, el operativo militar que se llevó a cabo entre los días 16 y 17 de octubre del 2002 –con apoyo de las AUC- y que tuvo como resultado la muerte de seis civiles.

En el 2013, siguiendo las declaraciones de Don Berna, el magistrado Pinilla encontró razones suficientes para que se investigara a Alvaro Uribe Velez por supuesto patrocinio de Paramilitarismo y su vinculación con las masacres del Aro, Ituango y la muerte del defensor de derechos humanos José María Valle, ocurridas mientras fue Gobernador de Antioquia. Cuatro años duraron las acusaciones hasta que, en julio del 2017, Pinilla Cogollo renunció al Tribunal Superior de Antioquia en uso de su buen retiro.

Seis meses después el caso tomó vida nuevamente y el Tribunal Superior pidió que se continuara la investigación, ya no como proceso de justicia paz sino dentro de la justicia civil. Una decisión con implicaciones judiciales importantes. Ante estas acusaciones Uribe respondió: “Ahí están la bitácora del helicóptero de la Gobernación de Antioquia, los testimonios de los pilotos, discutí con Jesús María Valle, de frente y en público, como suelo hacerlo, en defensa del general Carlos Ospina y en vísperas de elecciones vuelven a insinuarme como asesino”. Con este mismo argumento se ha defendido continuamente pero lo cierto es que no han convencido a los magistrados del tribunal de su tierra, Antioquia, para cerrar el expediente.