HIPOCRESÍA DEL ESTADO COLOMBIANO Y SUS ÉLITES MAFIOSAS CON EL NARCOTRÁFICO

Cristian Camilo Barrera

Los denominados cultivos de uso ilícito han cobrado una importancia particular para la economía colombiana al menos desde la década de 1980. Alrededor de la cadena productiva del narcotráfico, que implica las fases de cultivo, procesamiento y comercialización, se consolidaron importantes redes económicas y de poder administradas por diverso tipo de personas que han regulado y administrado este rentable negocio. Colombia ganó una fama de alcance mundial con la economía resultante de estos narcóticos, tanto así que incluso se construyó todo un mito a nivel mundial alrededor de la cantidad de riqueza que logró acumular Pablo Escobar, quien es considerado por muchos como el narcotraficante más reconocido e importante de la historia. 

En estos más de 30 años en los que este rentable negocio se ha mantenido y se ha expresado en diferentes lugares de la geografía nacional han pasado varias cosas. Por ejemplo, a mediados de los 90 se habló desde la institucionalidad de la derrota de los carteles de narcos más importantes del país, y en adelante se responsabilizó a los grupos guerrilleros del control y la administración de estos negocios. Por ello fue que a finales de los noventa se firmó un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos denominado como Plan Colombia: una estrategia cívico-militar de más de 9.600 millones de dólares para combatir lo que estos gobiernos consideraban el principal problema y enemigo para el orden existente en Colombia y la región: la guerrilla y la coca.

Sin embargo, es claro que en ningún momento los grupos guerrilleros han tenido el monopolio en la regulación de la producción, procesamiento y comercialización de los cultivos de uso ilícito en Colombia. De hecho, si se analiza la evolución macroeconómica del país en los últimos 20 años queda claro que buena parte de la fuerza y volumen de la economía paralela de los narcóticos fue incorporada a los flujos económicos de la legalidad, y por ello en buena medida el Estado Colombiano no tuvo un ciclo económico de recesión y crisis como si lo tuvieron a principio del siglo otros países de la región dependientes de la economía internacional y los mercados globales tales como Argentina o México. Para comprobar la conveniencia y ambivalencia con que el Estado colombiano y sus élites han manejado el tema del narcotráfico y las utilidades económicas que esta actividad las ha generado, vale la pena recordar la existencia de la denominada “ventanilla siniestra” que tuvo el Banco de la República de Colombia hasta la década de los 90. Allí se recibían y cambiaban divisas extranjeras por moneda nacional sin necesidad de justificar el origen de los fondos. Ello permitió legalizar importantes cantidades de dólares y dineros provenientes de la actividad del narcotráfico que recibieron élites y grupos políticos locales, ya que con estos movimientos de capitales pudieron legalizar y poner a circular importantes cantidades de dinero dentro del flujo de divisas que regulaba el Estado Colombiano.

Por lo anterior, hay que decir y dejar clara una cuestión ante la opinión mundial que mira con expectativa el panorama y contexto socio-político en Colombia, y no comprende fácilmente lo que actualmente está pasando con los cultivos de uso ilícito: aquí han existido y hay importantes grupos económicos que se mueven en la “legalidad”, así como personas con grandes volúmenes de tierras, que se han beneficiado históricamente del negocio del narcotráfico, y de hecho siguen controlando actualmente la parte más rentable de este negocio: los ciclos de transformación de la coca en cocaína, su transporte a las ciudades y a otros países, y su comercialización.

Los colombianos y el mundo nos acostumbramos a escuchar en medios de comunicación y a leer en documentos e informes elaborados por instancias del gobierno colombiano y norteamericano que el problema de las drogas en Colombia estaba directamente relacionado con los grupos insurgentes y con las poblaciones campesinas que aceptaban cultivar coca en sus territorios. Con esa simple pero contundente afirmación se ha intentado por un lado justificar la criminalización en contra de este sector del campesinado que se ha visto en la condición de cultivar la hoja de coca, y por otro lado de responsabilizar a la guerrilla como el único actor que se ha beneficiado económicamente del tema de los cultivos de narcóticos, de paso con ello han legitimado sendas intervenciones y ayudas internacionales de tipo económico y militar para intentar “neutralizar” este problema.

Resulta en el contexto actual totalmente desafortunado e injusto que se siga estigmatizando y culpando al sector campesino que vive de los cultivos de la hoja de coca como el principal responsable del fenómeno. Si se miran las regiones y los territorios donde más se están realizando estos cultivos queda claro que hay factores materiales y concretos que ponen en evidencia la ausencia, el olvido y la debilidad de la institucionalidad del Estado en estas regiones, en tanto no hay vías, escuelas, centros de salud, proyectos de inversión o apuestas de políticas públicas que le apunten a mejorar y transformar realmente las condiciones de vida de la población que habita estas regiones y con ello se pueda sustituir la economía cocalera.

Para demostrar lo anterior, a continuación se va a presentar de manera comparada los lugares donde se concentran las áreas de cultivos, luego se van a exponer las dimensiones en Hectáreas estimadas de los mismos, y se van a presentar los flujos que hay en la transformación y comercialización de la coca tanto a nivel local como internacional, ello con la finalidad de demonstrar que el margen de utilidad para el campesinado es el más pequeño en toda la cadena productiva, y que la rentabilidad es exponencialmente mayor para algunos grupos de mafiosos que regulan las rutas y la comercialización de estos productos seguramente con la complicidad de poderes y autoridades locales.

Regionalizar la Pobreza y desconocer la concentración de riqueza en los centros de poder.

Para comprender de mejor manera la dimensión y la ubicación geográfica de los centros de producción y transporte de la coca en Colombia presentamos a continuación el siguiente mapa donde se pueden ver claramente las regiones donde se concentra la producción de los cultivos de la hoja de coca. De entrada hay que resaltar el hecho de que estas áreas de producción se ubican en zonas periféricas aisladas donde la institucionalidad se expresa sobre todo en una dimensión coercitiva, y donde no existen las condiciones básicas de infraestructura para el suministro de los servicios habitacionales tales como acueductos, redes de alcantarillado y suministro de energía eléctrica.

Las áreas rurales donde se concentra la producción de la hoja de coca coincide con zonas donde hay elevados índices de pobreza, donde hay ausencia de vías de acceso, donde las fincas y propiedades tienen extensiones cortas, y donde la oferta laboral es demasiado baja. Para dimensionar la extensión de estos cultivos a nivel geográfico, hay que traer a colación las cifras estadísticas elaboradas por la Casa Blanca de los Estados Unidos, quienes estiman que el número de hectáreas cultivadas con coca alcanzaron una cifra de 159.000 en el 2016.

Imagen 1: Áreas geográficas de Colombia con cultivos de coca. Año 2015. [i]

La cuestión de los cultivos de hoja de coca en Colombia también puede analizarse como un problema de clase: mientras los pobres son quienes la cultivan y sufren sendas arremetidas y procesos de estigmatización pública por vivir de estos cultivos, además son quienes reciben el menor margen de utilidad como resultado de este proceso productivo. Por otro lado, quienes comercian, transportan y transforman estos narcóticos son presentados mediáticamente como hábiles mafiosos, como respetables capos de la droga, y como unos “berracos”, a tal punto que incluso las principales cadenas de televisión colombiana han hecho series y telenovelas mostrando las ostentosas vidas de los capos de las drogas en Colombia. Con este tipo de mensajes a la sociedad promueven la cultura narco-paramilitar ligada a estos estilos de vida de despilfarro, derroche, de la instrumentalización de los cuerpos femeninos, y de las bondades de “la vida fácil”.

Los cultivos de coca en Colombia no responden a una estructura de latifundio, y ello en buena medida se explica precisamente porque son los más pobres y quienes menos tierras tienen los que se dedican a esta actividad económica. Mientras las grandes extensiones de tierra productiva están siendo destinadas para la ganadería, las pequeñas parcelas y las áreas apartadas de la geografía nacional son destinadas al cultivo de la hoja de coca. Además, vale la pena tener en cuenta que hay actualmente una tendencia incremental en el volumen y extensión de estos cultivos. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito, en el 2015 había más de 126.000 hectáreas de cultivos de coca, según la procuraduría y el departamento de Estado de Estados Unidos se estimó que en el 2016 hubo más de 150.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia, y según lo que proyecta el contexto actual, hay quienes afirman que para el 2017 el número de hectáreas puede alcanzar un pico histórico de 200.000 hectáreas de cultivos en todo el país.

De acuerdo a los índices demográficos de los cuatro departamentos donde se concentra el mayor volumen de producción de hoja de coca (Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Antioquia) se puede estimar que hay más de 120.000 familias que son económicamente dependientes en la actualidad de la renta económica y laboral que genera la fase de cultivo y arranque de la hoja de coca. Es decir, fácilmente hay más de 500.000 colombianos que tienen su sustento económico como resultado de cultivar y arrancar los cultivos de coca en todo el país.

La problemática de los cultivos de coca en Colombia también pone en evidencia el fracaso total y la debilidad estructural de la política agraria proyectada por el Estado colombiano. Hoy estamos frente a un sector rural totalmente atrasado y deteriorado, ello por la ausencia de una política concertada, pertinente y eficaz con el campesinado. Mientras los gobiernos de turno en Colombia apoyaron y fortalecieron el sector agroindustrial y ganadero, dejaron en una total desventaja competitiva y al margen del acceso a beneficios o incentivos para el campesinado. Debemos ser francos y honestos: hoy en Colombia no hay algún otro producto distinto a la coca que les genere a los campesinos un margen de ganancia y supervivencia similar. La ausencia de vías, la incertidumbre para los campesinos en el pago por otros productos que cultivan, el elevado costo de los insumos agrícolas para cultivar, y otros factores de tipo estructural y social limitan y constriñen las posibilidades de que el campesinado pueda tener alternativas concretas y eficaces para sustituir los cultivos de coca en la profunda, desigual y macondiana Colombia actual.

Es decir, mientras se regionaliza la pobreza y la estigmatización hacia estas zonas apartadas y excluidas del país como las principales responsables del problema, vemos que los centros de desarrollo económico si han recibido importantes volúmenes de dinero como resultado de esta actividad ilegal. No hay que dejar a un lado el rumor de que una buena parte del proceso de crecimiento inmobiliario en las principales ciudades de Colombia tales como Cali, Medellín y Bogotá fue impulsado por dineros provenientes del narcotráfico. Es evidente que la actividad de la construcción ligada al sector inmobiliario es una de las que más ha dinamizado la economía nacional en los últimos 15 años, y ante este panorama de crecimiento exponencial de los cultivos es apenas lógico que los márgenes de utilidad del narcotráfico se hayan invertido en estas actividades que de hecho siguen en aumento en la actualidad.

Una élite mafiosa articulada a las redes internacionales.

La cantidad de cocaína que es producida en Colombia es bastante, y el margen de utilidades que genera también lo es. De acuerdo a lo que calculó La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU para el año 2013, se estimó que entre Colombia, Bolivia y Perú producían anualmente 1.000 toneladas de cocaína, de las cuales Colombia produjo aproximadamente 650. En ese año (2013) había cultivadas en Colombia unas 90.000 hectáreas. Ello quiere decir que de acuerdo a la extensión en hectáreas actual, que está por encima de las 160.000, la producción de cocaína de Colombia debe ser al menos de 900 toneladas.

A medida que la cocaína se va transportando a diferentes lugares su valor va cambiando. Es decir, hay una variación en la oferta y la demanda de este narcótico en diferentes espacios geográficos y ello va modificando su valor comercial. El principal consumidor de cocaína en el mundo es Estados Unidos: se estima que su consumo anual es de aproximadamente 450 toneladas, mientras que se estima que a Europa llegan anualmente unas 250 toneladas, siendo entonces esta región la segunda consumidora mundial de esta sustancia. En otras palabras, donde hay mayor demanda hay mejor precio, por ello un kilo de cocaína tiene un valor mucho mayor en los Estados Unidos y en Europa que en cualquier otra parte del mundo.

Para dimensionar la manera como se va modificando el valor comercial de la cocaína en la medida que se va modificando el lugar donde se encuentra, presentamos la siguiente gráfica que muestra la variación de su valor comercial de acuerdo al lugar donde nos encontremos dentro del continente americano: 

Imagen 2: Variación del precio de la cocaína en Dólares. [ii]

Es claro que a pesar de que se estigmatiza y responsabiliza al campesinado colombiano como el principal responsable en la cadena de producción de la cocaína, sus márgenes de ganancia son los más pequeños en relación a todo el ciclo de comercialización y transporte de este producto. También es claro que el principal corredor de transporte de drogas que tiene el país se encuentra en la costa pacífica, y también es evidente que existen importantes poderes de tipo político, económico y militar involucrados en la evolución y continuidad de este rentable negocio ilícito. Entonces, vemos que no es el campesinado colombiano ni las FARC quienes controlan la red de comercialización internacional de la cocaína desde Colombia a otros lugares del mundo, sino que existen complejas redes dentro de la sociedad colombiana que controlan y regulan este lucrativo negocio.

Resulta particularmente llamativo ver que en las emisiones de noticias de las cadenas de televisión recientes ya no aparezcan los cubrimientos de grandes incautaciones de narcóticos a los que nos tenían acostumbrados en la fase más crítica de tensión entre la institucionalidad y la insurgencia, donde se le achacaba a la guerrilla toda la responsabilidad en la comercialización y transporte de narcóticos en Colombia. Es decir, con el proceso de paz mágicamente dejaron de darse las grandes incautaciones a las que nos tenían acostumbrados en medios de comunicación. ¿Será que esto es así porque ya no hay a quien responsabilizar?, ¿o será que hay acuerdos implícitos entre poderes y autoridades locales con estas redes de mafiosos para sacar grandes cantidades de droga del país en este convulsionado y extraño complejo contexto social y político de “paz”?

No hace falta ser un experto en temas de narcoticos para reconocer que estamos ante un problema bastante complejo en Colombia actualmente, y que por omisión, incapacidad o negligencia el Estado colombiano no sabe como abordar esta temática. ¿será que van a esperar para repetir la fórmula de asumir y acoger la estrategia que diseñe el gobierno norteamericano para el problema en Colombia? y también habría que preguntarnos ¿los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC tienen el suficiente alcance en términos de recursos, de tiempo y de maniobrabilidad como para resolver este problema?

Se va la guerrilla y la coca sigue… ¿se rompe la relacion Guerrilla – coca?

El gobierno colombiano tuvo como uno de sus principales argumentos para combatir a las FARC el que esta guerrilla de alguna manera promoviera la extensión de cultivos de coca en varias regiones de Colombia. Es decir, desde la institucionalidad se presentó con mucha fuerza el argumento de que la guerrilla de las FARC era el principal productor de cocaina del país, y que por tanto neutralizar a la guerrilla necesariamente implicaba acabar con los cultivos de coca.

Sin embargo, el contexto actual complejiza y relativiza esta afirmación del gobierno. Si miramos en detalle el contexto actual vemos que la relación guerrilla – coca no es tan lineal y evidente como se plantea en las fórmulas y estrategias de intervención civico-militar del gobierno. Si compraramos las zonas veredales de las FARC en términos del número de hombres ubicados en estas zonas en relación a las zonas cocaleras, vemos que no necesariamente donde hay más coca, hay más guerrilla. Por ejemplo, si sumamos la cantidad de miembros de las FARC presentes en las zonas veredales de Nariño, Putumayo y catatumbo (1120 personas), vemos que esta cantidad representa apenas el 17 % del total de personas que hacen parte de esta guerirlla que están ubicados en todas las zonas veredales de Colombia.

Con lo anterior, es claro que el reiterado y reencauchado discurso del gobierno colombiano de que las FARC ostentaban el monopolio en la producción y la comericalización de la coca en todo el país es falso, ya que a pesar de que la guerrilla se ha movido a las ZVTN, la dinámica de la producción y comercialziación de la coca sigue, y de hecho viene en un proceso de bonanza y crecimeinto nunca antes visto en Colombia. En otras palabras, hay personas con la suficiente capacidad y control territorial distintas a la guerilla que están controlando y regulando el negocio del narcotráfico en Colombia. Y desde ya vale la pena preguntarnos ¿Quienes son, y qué hará el gobierno colombiano ante esto?

Aquí podemos ver un reciente mapa donde se puede ver el número de guerrilleros de las FARC ubicados en cada una de las Zonas Veredales de Transición y Normalización -ZVTN-, y ver que efectivamente la ubicación de algunas zonas cocaleras del país si coinciden con algunas de las áreas de influencia de las FARC, pero también es claro que la capacidad militar de esta guerrilla no está dada en función de la actividad cocalera, y el tamaño de cada una de las ZVTN da cuenta de ello. Es decir, donde hay mas coca no necesariamente es donde hay más guerrilla, y con ello queda en evidencia que en este momento hay otros actores distintos a las FARC involucrados en la comercialización y transporte de estos narcóticos.

Imagen 3: Número de guerrilleros de las FARC ubicados en las zonas veredales. [iii]

Paz sin coca: Conflictos sociales, protesta popular y retos para el Estado.

Recientemente se han escuchado diverso tipo de declaraciones por parte de miembros de diferentes instancias de la institucionalidad sobre el problema de los cultivos de coca. Una de las posturas que más sonó fue la del ex Procurador General, quien defendió la propuesta de que la salida más conveniente y necesaria para el problema debía ser retomar el uso del glifosato para la fumigación de estos cultivos y con ello tratar de reducir el número de hectáreas cultivadas. A su propuesta también se sumó la voz del Fiscal General de la Nación, quién también se ha mostrado de acuerdo en que esta debería ser la salida y se deba retomar el uso del glifosato.

También ha llamado la atención las declaraciones del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien ha planteado que el reto del Estado colomiano y sus fuerzas militares para el 2017 es acabar con 100.000 hectareas de coca. Sostiene que las fuerzas militares contemplan una estrategia de errdicación manual, sustitución de cultivos y la fumigación con glifosato de manera terrestre para cumplir con esta meta.

Además, queda en el tintero lo plasmado en los últimos acuerdos firmados entre las FARC y el gobierno colombiano sobre el tema de cultivos de uso ilicito ( punto 4), donde se contempla la creación de un Programa Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos de Uso Ilicito y se trazan algunos objetivos y principios para resolver el problema. Sin embargo habría que preguntarnos: si al gobierno le ha costado hasta el momento cumplir con las condiciones básicas para que los guerrilleros puedan permanecer en las ZVNT, ¿Cuál será entonces la capacidad que tendrá para cumplir lo contemplado en esta parte del acuerdo y resolver así el problema de los cultivos en Colombia?

Además, no se puede ignorar la posible presión del gobierno norteamericano cuando a medidados de este año el departamento de Estado publique su informe anual donde determine la extensión geográfica de los cultivos de coca en Colombia y se vuelvan a encender las alarmas. Aunque esta vez la situación será un poco distinta o novedosa en tanto el gobierno dificilmente pueda seguir responsabilizando a las FARC por el problema. Entonces, ¿será que en este nuevo contexto caerá todo el peso de la persecusión en contra del campesinado?

Para el gobierno colombiano necesariamente debe terminarse la cadena productiva del narcotráfico para que se valide a nivel internacional su propuesta de paz, y seguramente los intentos que haga la fuerza pública para la erradicación de estos cultivos va a generar importantes conflictos sociales, procesos de resistencia y formas de movilización en estas atrasadas y olvidadas regiones, ya que por costumbre la gente en estas zonas es bastante desconfiada del gobierno, quien mucho ha prometido y poco ha hecho por materializar obras de inversión e impulsar politicas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. El tema de la coca seguramente será en el corto plazo un detonante que impulse procesos de movilización popular en estas regiones rurales, y lo cierto es que ni el Estado ni la guerrilla tienen el sartén por el mango en este tema, solo la historia y el tiempo nos mostrarán el desenlace de esta cuestión.

Además, el rostro de este pulpo que controla actualmente la cadena de transformación, comercialización y transporte de la coca en Colombia sigue en el anonimato. Seguramente la institucionalidad hablará de que los responsables de ello son grupos o bandas delincuenciales, pero es claro que por la envergadura y rentabilidad del asunto, hay poderes de diverso tipo que se mueven entre las sombras de la legalidad y se siguen lucrando de este rentable negocio. Por ello, si el Estado colombiano realmente quiere enfrentar el problema del narcotráfico, debe antes depurarse de quienes desde adentro mismo de la institucionalidad promueven, se benefician y se lucran con este negocio. No olvidemos que hay incluso expresidentes y senadores de Colombia que fueron amigos y personas de confianza de Pablo Escobar, quien fuera el más poderoso narco de la historia.

Notas

[i] Disponible en: http://elcooperante.com/colaboracion-colombia-detecta-aumento-de-66-en-cultivos-de-coca-en-frontera-con-venezuela/

[ii] Disponible en : http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/286766-precio-droga-crece-500-veces/

[iii] Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/dejacion-de-armas-de-las-farc-estaria-atrasada/516114

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224120&titular=la-hipocres%EDa-del-estado-colombiano-y-sus-%E9lites-mafiosas-con-el-tema-del-narcotr%E1fico-