Consulta popular sobre minería en Ibagué será el 2 de octubre
La pregunta que responderán los ibaguereños es: “¿Está de acuerdo a que se ejecuten actividades mineras en nuestro territorio?”
Por: Beatriz Helena Alba / José Ledesman Díaz
Tras la aprobación del decreto No. 1000-0853 del 8 de agosto de 2016 “por medio del cual se convoca al pueblo del municipio de Ibagué, departamento del Tolima a una consulta popular”, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, convocó a la ciudadanía a participar el domingo 2 de octubre en las votaciones para la consulta popular en Ibagué, que pretende por primera vez en una capital del país realizar una acción democrática en la que el pueblo pueda manifestarse respecto a aquellos aspectos que les afecta directa e indirectamente, en lo que se refiere a la exploración y explotación minera.
En este documento, el mandatario solicita a la Registraría Nacional del Estado Civil la decisión adoptada, para que esta adelante los trámites pertinentes para llevar a cabo la votación de la Consulta Popular. La pregunta que responderán los ibaguereños en la jornada de votación, cuyo texto está ajustado a la constitución y la ley y, es materialmente constitucional, según acto administrativodel 28 de julio de 2016, del Tribunal Administrativo del Tolima, será la siguiente: ¿Está usted de acuerdo si o no que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
Por su parte, los promotores de la consulta popular registraron el Comité Promotor del NO ante la Registraría Nacional del Estado Civil, representantes de diferentes sectores sociales y políticos se sumaron a la campaña ciudadana de agua, vida y soberanía. En el país han tenido lugar dos consultas populares en las que las comunidades votaron NO a la minería en sus territorios. La primera, realizada en Piedras, Tolima en Julio de 2013, donde sus habitantes se pronunciaron en contra de la llegada de AngloGold Ashanti al municipio y la segunda en Tauramena, Casanare, el 15 de diciembre de 2013, donde la mayoría de los habitantes votaron en contra de las actividades sísmicas en siete veredas de su jurisdicción.
¿Qué es una consulta popular?
La consulta popular es un mecanismo de participación constitucional amparado en la ley 136 de 1994:
“Artículo 33º.- Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio. Ver: Artículo 30 y ss Ley 388 de 1997
Parágrafo.- En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.
Según Renzo García, miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la consulta popular en Ibagué hace parte de una gran estrategia de defensa ambiental de varios sectores, que están convencidos de hay que parar el ecocidio que generan los proyectos mineros contaminantes contra los recursos hídricos, la biodiversidad y los derechos de las comunidades.
El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo afirma que la autonomía de los pueblos no puede ser reducida. Hay que recuperar, como dice en la constitución, el derecho de los pueblos de decidir sobre su territorio. Afirma que por encima de las amenazas y las presiones contra la consulta, está la defensa de los derechos de los pueblos y especialmente su autonomía, por eso lo eligieron los ibaguereños y a ellos es a quién va a responder. “Ibagué en este momento es un blanco directo para la explotación de la minería a cielo abierto y eso es lo que nosotros no queremos, de las 23 mil hectáreas que tiene la meseta de Ibagué, solo 9 mil están siendo cultivadas porque no hay suficiente agua, la minería atenta aún más contra dichos recursos y afecta el potencial productivo. Nos preocupan proyectos mineros como la banda transportadora que llevaría el material de lixiviación de La Colosa al sector del Totumo, dónde se harían las pilas para lavar el material con cianuro”, puntualiza el alcalde quién planea trabajar arduamente con su equipo de trabajo, jornadas extra laborales y fines de semana, de ser necesario, para informar e invitar a los ibaguereños a votar este 2 de octubre.
¿Por qué hacer una consulta popular en Ibagué?
99 títulos mineros en Ibagué
De acuerdo con la Agencia Nacional Minera, con fecha de corte del 16 de marzo de 2016, en Ibagué hay actualmente 99 títulos mineros concesionados, lo que corresponde a 42 mil hectáreas del municipio, esto es el 30% de la extensión total de Ibagué que tiene 143mil hectáreas. Además de 44 solicitudes mineras que abarcan alrededor de 33mil hectáreas del territorio del municipio, un 23% de la extensión total de Ibagué. Es decir entre los títulos mineros que están vigentes y los solicitados hay un 53% del área total del municipio de Ibagué.
Empresas propietarias de títulos
De estos 99 títulos mineros otorgados, 27 títulos son propiedad de Anglogold Ashanti con un área de 31354,17312 (73.4%), 1 título es de Continental Gold Ltd con un área de 4223,299467 (9.9%) y 3 títulos son de propiedad de Negocios Mineros S.A con un área de 2752,352345 (6.4%) y 68 títulos son propiedad de otras empresas con un área de 4381,689988 (10.3%).
Títulos en la cuenca del Combeima
Dichas titulaciones mineras afectan las fuentes hídricas del municipio, en la cuenca del rio Combeima hay 39 títulos aprobados que abarcan 7.590 hectáreas que representan el 30% de la extensión de la cuenca, “lo preocupante es que esa cuenca es la principal fuente de abastecimiento de agua potable, que surte a más del 80% de la población que habitamos el casco urbano del municipio de Ibagué.” Explica Jorge Mario Vera, magister en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas.
De acuerdo a esto, se verían afectadas las bocatomas para el abastecimiento de agua en Ibagué. El tema clave es que Ibagué tiene 33 acueductos de los que se abastece el municipio, de esos 32 son acueductos comunitarios y el otro es el acueducto principal que es administrado por el Ibal y que abastece el 80% de la población del casco urbano del municipio; ese acueducto tiene 2 bocatomas una ubicada en la vereda Cay y la otra ubicada entre las veredas de Pastales y Villa Restrepo. De la bocatoma que se encuentra en la vereda Cay se captan entre 500 – 600 litros de agua por segundo y se encuentra en un área que ya se encuentra titulada a la empresa AngloGold Ashanti Colombia S.A. y la otra bocatoma que capta entre 1000 – 2000 litros por segundo, dependiendo la época del año, está en una zona de solicitud minera, es decir una zona que está en estudio para potencial exploración, para convertirse en título minero para explotación de oro, puntualiza Jorge Mario Vera.
Títulos en páramos
Ibagué tiene el 4.84% del área total de las zonas de páramo en el departamento del Tolima. En la zona de páramo del municipio que tiene un área total de 17mil hectáreas, se registran 10 títulos otorgados con un área de 5.297.2 ha, es decir 30.4% del área total de páramos.
Títulos en el Machín
En el domo del volcán Machín que abarca un área total de 431.2 ha, se registran 1 título minero otorgado con un área de 160.5 ha, es decir el 37.2% del domo del Machín, y 2 títulos mineros solicitados con un área de 269.7 ha, es decir 62.8% del área total del domo.
Posible lixiviación de materiales de la Colosa en territorio Ibaguereño
Otra preocupación de los ibaguereños es que desde el 2006 la cuestionada multinacional AngloGold Ashanti, empezó a buscar áreas donde desarrollar el proceso de lixiviación que implica la construcción de las piscinas de cianuración, en las que toman la roca, la muelen hasta convertirla en polvo y la lavan con agua con cianuro de sodio para extraer el oro y otro iones metálicos que puedan haber allí y luego construir diques para contener el 98% del total de la roca que queda en el fondo de la piscina, esa roca al estar en contacto con el oxígeno empieza un proceso de oxidación de sustancias químicas que producen una cosa que se llama técnicamente el drenaje ácido de mina, que es una cantidad de coctel tóxico para las que necesitan construir diques y almacenar allí durante mucho tiempo el material que económicamente no es útil para la empresa, afirma Jorge Mario Vera.
Estas actividades se les dificultan en la misma zona de explotación a causa de la topografía de Cajamarca que es bastante montañosa, por lo que la multinacional había localizado al municipio de Piedras – Tolima como una de las opciones dónde realizar este proceso, pero a causa de la consulta popular del 28 julio de 2013 en la que el 90% de los habitantes de piedras votaron NO a la minería, la multinacional ha tenido que buscar otros lugares dónde desarrollar el proceso y estarían pensando en la ciudad de Ibagué, dónde ubicaron 2 puntos potenciales: en la zona del Totumo y en el Cañón del Combeima, zonas que cuentan con la demanda de agua y la topografía necesaria para las piscinas lixiviación y los diques, explica Jorge Mario Vera.
En el año 2013 AngloGold Ashanti expresó ante el Concejo de Ibagué que para el desarrollo del proyecto minero requerían 197 hectáreas de Ibagué, 626 en Cajamarca y 840 en Piedras. Frente a la negación del municipio de Piedras de entregar a la multinacional su territorio, Anglogold deberá revertir su estrategia de expansión e Ibagué sería su opción más cercana tanto por ubicación geográfica como por oferta hídrica de sus cuencas.
La consulta popular no atenta contra los pequeños mineros del municipio
En caso de resultar ganadora la consulta popular y los ibaguereños voten NO a la minería contaminante, esta decisión no significa que toda la actividad minera quede prohibida en el municipio, la consulta pretende decidir sobre aquella minería de gran escala que compromete la contaminación de tierras y recursos hídricos para su ejecución no para pequeños y medianos mineros que realizan la extracción sin realizar daño ambiental.
“No es cierto que cuando se hacen procesos como la consulta popular se esté atacando al pequeño minero. Se habla con preocupación de la minería extensiva e intensiva de materiales metálicos que son para los que están dadas las mayores hectáreas de tierra en extensión. Ya que de los 99 títulos mineros, 92 tienen que ver la actividad minera de metales pesados (oro, cobre, zinc, plata, platino, manganeso, entre otros). Solo el 8% está destinado para explotación minería de material de arrastre (arena, material de recebo, material de uso y construcción, entre otros)” explica Jorge Mario Vera.
Porque que votar NO el domingo 2 de octubre
Para Renzo García, votar NO en la consulta popular significa defender el agua, defender la vida, el derecho a un ambiente sano y la democracia, es no permitir que el gobierno nacional siga imponiendo una dictadura minera y permita darles un futuro sostenible a nuestros hijos.
Para Jorge Mario Vera es una decisión que implica trasformaciones territoriales sustanciales válidas desde la constitución de 1991 para defender la soberanía del pueblo colombiano de vocación productiva agraria y representa un referente de gestión con el que abordar los conflictos generados por la minería, que hasta el momento no hacen parte de las negociaciones de paz en la Habana en las que no se ha tocado de fondo el modelo de desarrollo y extractivismo minero energético y los impactos y conflictos que están generando los proyectos mineros en el país.
Los ibaguereños deben ejercer su derecho a decidir sobre la protección de sus recursos hídricos, reglamentar la entrega de títulos entregados irresponsablemente en zonas estratégicas y ampliar los mecanismos de participación, sociales y democráticos que les permita decidir sobre su territorio. Desde las 8 de la mañana del 2 de octubre de 2016 las urnas estarán dispuestas para tal fin, en los habituales puntos de votación.
http://www.las2orillas.co/2-octubre-se-realizara-la-consulta-popular-mineria-ibague/
El caso paradigmático de la consulta popular minera de Ibagué
Más de 100 mil habitantes alzaron su voz para defender el agua, la soberanía y el territorio
Por: Felipe Pineda Ruiz
El domingo 28 de julio de 2013 será recordado por el pueblo tolimense, y los movimientos ambientales nacionales, por convertirse en la fecha en la cual Piedras, un municipio ubicado a escasos 40 kilómetros de Ibagué decidía, mediante consulta popular, decirle no a la exploración y explotación de oro en la mina operada a cielo abierto denominada La Colosa.
Ni siquiera las amenazas a ambientalistas locales, cabildantes del municipio y al mismo alcalde, perpetrados por grupos al margen de la ley, ni mucho menos el otorgamiento de licencias ambientales“Express”, expedidas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lograron esfumar el fragor de la lucha de esta población de escasos 3.000 habitantes quienes se expresaron en contra de la afectación de sus suelos y de la contaminación de sus fuentes hídricas, principalmente del río Opia, producto del transporte del material extraído de La Colosa al territorio piedruno.
Este proyecto minero de gran envergadura otorgado a la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti, según los propios cálculos de la empresa beneficiada, alberga tentativamente un recurso inferido de 28 millones de onzas de oro que empezaría a ser explotado en el año 2023.
Efectos legales del auge de las consultas populares.
Aquel proceso deliberante, llevado a cabo en este pequeño pueblo, se convirtió en paradigma para consultas ambientales vinculantes posteriores como la llevada a cabo el 15 de diciembre de 2013 en Tauramena (Casanare) y la que actualmente está en proceso: la de la ciudad de Ibagué.
La Ley 134 de 1994, que estableció los lineamientos sobre participación ciudadana, en su artículo 55 clarifica el carácter vinculante y obligatorio de este tipo de referendos populares al estipular claramente lo siguiente: “se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”.
Algunos sectores poderosos, entre quienes se encuentran las multinacionales mineras, y sus inversionistas nacionales y extranjeros, aducen la invalidez de este tipo de consultas al intentar salvaguardar jurídicamente sus intereses en la interpretación de la sentencia C-983 de 2010 y en lo estipulado en el decreto 2041 de 2014, que se pronuncian sobre la propiedad estatal del suelo y las licencias ambientales express respectivamente.
Sin embargo, las leyes 136 de 1994 y la Ley 1757 de 2015 van más allá al otorgarle al soberano, el pueblo, la posibilidad de decidir y hacer cumplir obligatoriamente dicha determinación a las autoridades locales respectivas.
La terquedad de los maquinistas de la locomotora: contexto minero local y global
A pesar de la caída de los commodities en el mercado global, acentuada desde 2014 por la desaceleración de la economía china y la apreciación del dólar con respecto a las demás monedas dominantes en el ámbito mundial (Fondo Monetario Internacional, Thompson Reuters, 2015) la explotación de hidrocarburos y minerales siguen siendo la principal actividad económica nacional, al generar más del 70% de las exportaciones del país.
Sin embargo, esta actividad productiva, en lugar de crear las bases para un modelo económico y de desarrollo sostenible, ha erosionado la competitividad de la industria manufacturera, la agro industria y el comercio en general. El coletazo generado por la subordinación absoluta de las finanzas públicas al extractivismo no se ha hecho esperar: el peso se ha depreciado un 52% en el último año; la industria ha caído un 2,1% el año pasado (DANE, 2015) y el déficit del presupuesto público ha alcanzado para 2016 los 30.5 billones de pesos, correspondientes al 3,6% del PIB nacional.
A pesar de la dependencia evidente de la actividad minera y extractiva en las rentas estatales, el estado del arte relacionado con el cálculo económico de las externalidades producidas por esta actividad, 3,5% del PIB anual nacional según algunas mediciones, y sobre los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) o “impactos ambientales generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño u operador identificables y en donde no se hayan realizado un cierre de minas reglamentado y certificado por la autoridad correspondiente” (CEPAL, 2008), es casi nula.
Es relevante acotar el riesgo que corren actividades con potenciales enormes como la agroindustria a futuro, las cuales hacen parte del inventario de sectores en proceso de ser afectados por la actividad minera. Según datos del Ministerio de agricultura, el 53% del área dedicada o con potencialidad de ser destinada al agro en el país está asida por títulos mineros en la actualidad.
De manera escueta la minería de socavón o a cielo abierto afecta los suelos al erosionarlos, destruye ecosistemas, aumenta las temperaturas, disminuye la calidad del aire así como deseca y contamina las cuencas hidrográficas.
Ibagué: consulta popular a favor del agua, la soberanía y el territorio
Después de la experiencia de consultas populares en Tauramena y Piedras, el municipio de Cajamarca, probablemente la población más afectada por los eventuales efectos ambientales de la mina La Colosa, buscó adelantar el mismo mecanismo decisorio sin éxito, al truncarse en la votación del consejo municipal dicho proyecto.
Este revés potencializó la iniciativa liderada por el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, de frenar la operación de 38 títulos mineros, en su mayoría otorgados a la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti, en areas estratégicas como las bocatomas del acueducto de Ibagué y perímetros colindantes con el rio combeima, cuenca hidrográfica que abastece del preciado líquido al 80% de habitantes del municipio principal del departamento del Tolima.
La campaña, en su etapa germinal, logró superar inicialmente uno de sus principales escollos: el tramite en el concejo de Ibagué. La votación realizada el lunes 29 de febrero en dicha corporación, con 10 votos a favor y 9 en contra, dio via libre a la realización de la primera consulta minera en el país en una población mayor a 100.000 habitantes.
La sesión en cuestión no estuvo exenta de hostilidad y provocaciones gubernamentales. Las advertencias temerarias, por parte de los delegados de la procuraduría, sobre eventuales sanciones disciplinarias y la defensa desconcertante del ministerio de minas a favor de los intereses de las compañías mineras, marcaron el derrotero de una votación polémica de principio a fin.
A pesar de un sinnúmero de presiones, por parte de una multiplicidad de organos gubernamentales, el pasado 28 de julio el Tribunal Administrativo del Tolima le dio vía libre a la consulta al reconocer el carácter vinculante de la misma. La decisión estuvo acorde con el pronunciamiento reciente de la de Corte Constitucional, que otorga a los municipios, por medio de consultas populares, la facultad de decidir en sus territorios sobre la explotación de recursos naturales.
El último paso a seguir, para finiquitar esta gesta deliberante, es la convocatoria a elecciones. Se calcula que los ibaguereños, una vez agotados los trámites de rigor, acudirían a las urnas a finales de agosto o principios de septiembre del presente año.
En cifras concretas para que dicho proceso tenga efectos vinculantes, deberán acercarse a las urnas no menos de la tercera parte del censo electoral de Ibagué, 130.000 ciudadanos aproximadamente, de los cuales la mitad más uno de dichos sufragantes deberán responder positivamente a la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?.
El primer tramo en esta construcción transversal de sentido común, que tiene a la movilización ambiental y ciudadana como eje articulador de una nueva voluntad popular e incluyente en suelo tolimense, tuvo lugar el pasado 3 de junio en la denominada marcha carnaval. En aquella ocasión, más de 100.000 ibaguereños alzaron su voz para defender tres bienes que rehusan estar bajo la férula del mercantilismo inhumano: el agua, la soberanía y el territorio.
@pineda0ruiz
http://www.las2orillas.co/caso-paradigmatico-la-consulta-popular-minera-ibague/
