La contratación del servicio educativo en Ibagué
El discurso contra la privatización educativa parece irrumpir con mayor fuerza en el sistema escolar y, particularmente en Ibagué, a raíz de los recientes cuestionamientos que se han hecho por la contratación del servicio educativo a través de la Fundación Funimedes.
El Municipio contrató el servicio de educación rural a través de la Fundación Funimedes, cuya sede funciona en las instalaciones del colegio Rosarista. (Foto: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA)
Fecode y organizaciones políticas y de otra índole, entre ellas las universidades, están contra la privatización de la educación. Es un discurso teórico y político que transita por todo el mundo, principalmente en Latinoamérica. En Londres, Stephen J. Ball y Deborah Yodell se han hecho oír sobre este tema y han acuñado el concepto de “Privatización encubierta en la educación pública”, (2007).
Tal privatización de la educación según estos autores, se puede dar cuando se miran las instituciones escolares como empresas de prestación de un servicio, con prácticas y fundamentos teóricos apropiados para la rentabilidad económica; o cuando el sector privado participa en la prestación del servicio educativo, que corresponde al Estado, como ocurre cuando se contrata el servicio educativo con particulares.
¿Hay privatización de la educación en la zona rural de Ibagué? ¿Está en marcha un proceso de privatización con estos contratos?
Las normas actuales sobre la prestación del servicio educativo en Colombia, permiten que se recurra a entes privados y oficiales para la prestación del servicio educativo que le corresponde al Estado (Ley 1294 de 2009 y decretos reglamentarios).
En Ibagué se ha recurrido a las tres modalidades de contratación del servicio educativo que establece la ley: La concesión de la prestación del servicio, como en el caso de las instituciones educativas Antonio Nariño y Bicentenario, denominados como megacolegios; la contracción del servicio propiamente dicha que es el caso de Funimedes y la administración delegada del servicio por parte de una comunidad religiosa, como en el caso de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús. El Ministerio de Educación no admite la matrícula del Bienestar Social de la Policía, para efectos de las relaciones técnicas alumnos -docente, que se exigen.
¿Qué nos dicen los datos estadísticos del Ministerio de Educación, sobre la matrícula en instituciones oficiales y privadas? (Simat).
Nos dicen que la matrícula en las instituciones educativas oficiales de Ibagué, tiende a disminuir. Pasó de 95 mil 915 estudiantes en el año 2011 (año base para el actual gobierno) y pasó a la cifra de 86 mil 998 matriculados en el año 2014 (hasta abril), es decir, una disminución de ocho mil 917 estudiantes en este período, equivalente a un 9.3 por ciento menos.
La matrícula en colegios privados tiende a permanecer igual. Era de 23 mil 539 estudiantes en 2011 y pasó a ser de 23 mil estudiantes en 2014. La disminución de la matrícula en la zona urbana es más cuantiosa que en la zona rural.
Entonces, estos datos nos dicen que el peso de la privatización no está reflejada en estas cifras. Pero es pertinente decir que los estudiantes bajo la contratación privada era en 2011 para atender 410 estudiantes y en 2014 esa cifra pasó a ser de dos mil 20 estudiantes.
La opinión del concejal Mora
Pedro Mora, que ya se acerca a 10 años como concejal de Ibagué, dice perentoriamente sobre este asunto: “Cuando la secretaria de educación era Cecilia Correa, hubo un compromiso con la educación en la zona rural y se nombraron 240 docentes de planta fija.
“Hoy tenemos que lamentarnos de que casi todos esos docentes se los trajeron para la zona urbana, para meter privados. Estamos privatizando la educación en el sector rural y eso me parece un acto criminal. Ese tema de la contratación a través del Banco de Oferentes tiene la tendencia a desdibujarse, el privado quiere quedarse con la clientela educativa, y eso es muy delicado y lo tenemos que corregir.
“La educación tendrá que seguir siendo pública. Pero aquí se ha venido cumpliendo un proceso de contratación de docentes y ha venido avanzando tanto hasta pensar que los contratistas terminan privatizando la educación. Comenzamos a perder espacios dentro de lo que es público y eso es muy engañoso para la educación.
“La contratación de docentes para la zona rural afecta su calidad educativa. Es que a la calidad educativa, en términos generales no se le ha prestado la suficiente atención en los últimos gobiernos municipales.
“Ha sido un tema muy secundario en este gobierno y debería ser primordial porque debemos avanzar hacia la calidad y ese ha sido un tema muy tibio, que se ha manejado con contratación de conferencistas, lo cual no modifica esquemas mentales en la educación”.
La justificación para contratar maestros
La contratación del servicio educativo con organizaciones privadas, se hace con aquellas que hagan parte del Banco de Oferentes, previa la realización de un estudio sobre insuficiencia de docentes que cada año la Secretaría de Educación debe entregar al Ministerio de Educación para que este acepte la contratación, con cargo a recursos de las transferencias nacionales para educación (SGP).
“El Municipio no cuenta con el número de docentes necesarios para atender al total de la demanda de escolaridad en la zona rural. Son 110 las sedes rurales educativas, con docentes en 50 de ellas. Quedan faltando 60 docentes que deben ser vinculados a través de la contratación del servicio para atender dos mil estudiantes”, dice el Secretario de Educación Diego Guzmán en el estudio preparado por la Dirección de Cobertura (Sandra Urrego) y enviado al Ministerio de Educación para su aceptación.
Y agrega el Secretario de Educación, “el Ministerio de Educación no tiene en cuenta en la relación técnica alumnos por docente, la dispersión de la población en la zona rural, donde tenemos sedes rurales a cuatro horas una de otra y escuelas donde sólo hay de cinco a 12 niños”.
Los 105 docentes contratados por Funimedes para 2015, según el coordinador del contrato, Alexánder Tejada, reciben un salario neto de 974 mil pesos mensuales a los cuales se le suman los costos de prestaciones sociales lo cual llegaría al total de un millón 450 mil pesos por cada docente. Según el contrato y las normas vigentes, el contratista debe asumir, además, los costos de la canasta educativa que incluye alimentación, transporte y algunos materiales de ayudas educativas, para los estudiantes y los costos de capacitación para los docentes.
LUIS E. CHAMORRO RODRÍGUEZ
EL NUEVO DÍA
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