MANUALES DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS
Imagen: cienciassociales-cllr.blogspot.com
AGUSTIN ANGARITA LEZAMA
En la Maestría en educación de la Universidad del Tolima, específicamente en la línea de investigación en pedagogía de los derechos humanos, desde hace más de tres años venimos investigando un tema relacionado con los manuales escolares de convivencia de las instituciones educativas de Ibagué y su articulación con los derechos humanos, los derechos del niño y las demás normas que deben acatar.
Sin pretender una evaluación exhaustiva, son varios los aspectos que se repiten entre una institución y otra, que nos pueden permitir una mirada preliminar sobre el asunto. La ley 115 o Ley general de educación y el decreto 1860, entre otros, establecen que los manuales de convivencia son herramientas pedagógicas que representan un conjunto de principios, derechos y deberes que rigen las instituciones educativas públicas y privadas. Esos manuales deben ser una expresión viva de la democracia en la escuela, por lo tanto, deben ser construidos mediante un consenso entre los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, padres de familia… Además, esos manuales deben tener revisiones periódicas para actualizarlos a las realidades cambiantes de la vida institucional escolar.
Eso dice la norma. Pero en la práctica hemos encontrado manuales que se elaboraron en 1994 y no han tenido ninguna actualización. Existen instituciones que para evitar el debate democrático para crear los acuerdos necesarios para la convivencia armónica, escogen a dedo los docentes, los estudiantes y padres de familia, para que todo siga igual. Los rectores, directivos y docentes quieren mantener su autoridad a toda costa y han reducido los manuales de convivencia a simples reglamentos, a un gran listado de deberes (nunca de derechos) y sobre todo de sanciones. Entonces, son manuales que vulneran los derechos de los estudiantes, de los docentes, de los padres de familia y que no quieren modificar.
Hay rectores que consideran que por el simple hecho que los padres y los alumnos firman la matrícula y asumen algunos compromisos, ya es suficiente para que tengan que someterse a un manual que viola sus derechos humanos. Se les olvida que los derechos son irrenunciables y que no importa si firmaron, así sea con huellas de sangre en papel, si sus derechos son vulnerados pueden exigir su reparación vía tutela, si es del caso.
Hoy escuchamos a rectores y directivos docentes peleando con los alumnos exigiendo que se corten el pelo o castigándolos porque no les gustó el corte que se hicieron; o con las niñas porque se pintan mechones o por el largo de la falda del uniforme o la altura de las medias. Ni hablar del horror que les causan los piercing o los tatuajes. Las inquietudes de los alumnos son múltiples: que si la calidad educativa tiene que ver con si llevan o no el uniforme, con el largo o el color del pelo, con el gusto personal por la nueva música o cosas por el estilo.
Si bien es cierto que no existe forma sin contenido, que son dos elementos unidos e indisolubles, algunos creen que la forma es lo más importante y se desviven por ella, no importa que los resultados académicos de las pruebas SABER sean pésimas, o que los alumnos no entiendan lo que leen o no sepan redactar o escribir. ¡El debate por la calidad educativa está abierto!
Md. Agustín Angarita Lezama
Director Observatorio de paz y derechos humanos
Universidad del Tolima
Ibagué, Alto de Santa Elena
Teléfono 2771212 extensión 9393 Cel 315 319 2414
Director Observatorio de paz y derechos humanos
Universidad del Tolima
Ibagué, Alto de Santa Elena
Teléfono 2771212 extensión 9393 Cel 315 319 2414
