Colombia. la Guerra se mide en litros de sanGre
Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad...
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con una de sus organizaciones miembro en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), vienen realizando una labor de investigación, incidencia y apoyo a víctimas de delitos internacionales, frente a la CPI desde el año 2005. Según el artículo 15 del Estatuto de Roma, los interesados (víctimas, organizaciones no gubernamentales, etc) pueden presentar a la Fiscalía de la CPI, comunicaciones que den cuenta de crímenes de competencia de la Corte. La FIDH y el CAJAR han sometido, desde junio de 2005, 12 comunicaciones de este tipo a la Fiscalía de la CPI.
El presente informe se estructura en dos partes: la primera parte analiza la práctica de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado en el período 2002-2008, destacando sus características de sistematicidad y generalidad; la segunda parte se concentra sobre la administración de justicia en este tipo de casos por parte de los tribunales colombianos, con particular énfasis en la responsabilidad de los altos mandos militares....
Las principales temáticas de este informe son:
I. Las Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia y el Fenómeno de los Falsos Positivos
A. Contexto político y móvil de los autores: baja de civiles inocentes para mostrar resultados y obtener beneficios
1. El sistema de incentivos y recompensas: el negocio de los falsos positivos
2. La presión por resultados positivos, medidos por “número de bajas” (body count)
B. Las Ejecuciones Extrajudiciales: Delitos Internacionales
1. Falsos positivos: ¿crímenes de guerra?
2. Falsos positivos: crímenes de lesa humanidad
C. Indicios de Responsabilidad de los Altos Mandos Militares
1. Responsabilidad Penal Individual en Derecho Penal Internacional
2. La Responsabilidad de los Superiores Militares en los casos de Falsos Positivos
II. Administración de Justicia por Falsos Positivos: Impunidad de los Máximos Responsables
A.Investigaciones Individuales y Ausencia de investigación de Patrones
B. Impunidad de Altos Mandos Militares
C. Ausencia de Independencia: el Tema del Fuero Penal Militar
D. Obstrucción de la justicia
1. Presión sobre operadores judiciales, abogados y organizaciones de derechos humanos
2. Amenazas sobre testigos y víctimas
3. Retardo excesivo de los procesos, maniobras dilatorias y pérdida de pruebas
4. Ausencia de investigación de delitos contra la administración de justicia: falta de incentivos para decir y descubrir la verdad
E. Otras observaciones
Reproducimos a continuación las conclusiones del informe:
Conclusiones del Informe:
En este informe hemos expuesto el carácter sistemático y generalizado que tomó el fenómeno de los falsos positivos en Colombia, entre los años 2002 y 2008. Esta conducta delictiva estuvo motivada por el contexto político de la época en el que se exigía al Ejército que mostrara resultados positivos en el combate contra los grupos insurgentes, a cuyo fin se estableció un sistema de incentivos y recompensas. Falto de control suficiente, dicho sistema se prestó a numerosos y terribles abusos que condujeron a que más de 3.000 civiles inocentes fueran asesinados para luego ser presentados como dados de baja en combate. Los falsos positivos se volvieron un negocio, a través del cual algunos se usufructuaban económicamente y miembros del Ejército obtenían beneficios según su rango, consistentes en permisos, felicitaciones y ascensos entre otros. La expansión del fenómeno en todo el territorio de Colombia y la identidad de patrones de un modo delictivo complejo y organizado, nos conducen a concluir que estos actos estaban apoyados por los más altos mandos del Ejército, quienes, además, habían ascendido luego de desempeñarse en unidades militares que habían llevado a cabo estos tipos de ejecuciones extrajudiciales. Ellos omitieron ejercer el debido deber de control, siendo así responsables a la luz del Derecho Penal Internacional.
Este informe presentó asimismo un análisis del comportamiento del sistema judicial colombiano frente a este fenómeno. También desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional, observamos falencias estructurales. Frente a los niveles de generalidad y sistematicidad expuestos, observamos que las investigaciones y juicios se realizan en su gran mayoría de manera aislada, evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad y apuntando a subir en la escala de mando. Adicionalmente, la intimidación y amedrentamiento que sufren operadores judiciales, organizaciones de derechos humanos, víctimas y testigos. Las maniobras dilatorias, los retardos excesivos y la falta de capacidad del sistema para llevar adelante este tipo de caso también son moneda corriente.
Ante estas circunstancias y a la luz de los principios de la CPI, en particular el principio de complementariedad, tal como ha sido interpretado en su jurisprudencia, sostenemos que los casos en que debería centrarse una investigación de la CPI – es decir los más altos responsables por crímenes de lesa humanidad – no son objeto de investigación o enjuiciamiento en Colombia.
Así, el caso sería plenamente admisible frente a la CPI. La FIDH, sus organizaciones miembro y la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU instan a la CPI a abrir una investigación sobre Colombia y a considerar dentro de la misma el caso de los falsos positivos. Tomamos también esta oportunidad, para alertar a la CPI sobre la necesidad de considerar, en relación con este tema y otros relacionados con los casos que se adelantan en Colombia, no solo las informaciones recibidas de la parte del Gobierno colombiano, sino también otras fuentes, dada la participación de partes del aparato estatal en la comisión de crímenes de masa, lo cual hace las informaciones poco fiables. Esta preocupación está basada en una observación sobre las fuentes citadas por la CPI en su informe de diciembre de 2011.
