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HUNDIDA REFORMA A LA JUSTICIA POR EL GIGANTESCO RECHAZO POPULAR

Gobierno y sus mayorías parlamentarias acuerdan corregir actuación inconstitucional con otra también inconstitucional


Por B. E. O.

Como se preveía el Gobierno utilizando un mecanismo de última hora, no muy santo, con sus mayorías parlamentarias decidieron archivar la cuestionada Reforma Judicial, dada su inconstitucionalidad y vicios de tipo penal en el trámite de la misma, pero sobre todo en la parte final de conciliación. 

Tratando de ocultar, que desde el momento mismo de su presentación, la "Reforma" contenía la intención de propiciar la excarcelación de los políticos comprometidos con el paramilitarismo y la corrupción, dejando espacio jurídico para la nulidad de procesos que se adelantan contra exfuncionarios del Gobierno Uribe, entre los cuales sobresalen procesos contra los exministros Andrés Felipe Arias y Diego Palacio, el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno y el exsecretario jurídico Edmundo del Castillo que forman parte del Partido de Unidad Nacional.


Diversos sectores de intelectuales, trabajadores de la  Rama Judicial, distinguidos juristas y organizaciones sociales y políticas salieron a las calles impulsando firmas contra la Reforma. En  casi todas las ciudades del país  el  rechazo   no se hizo esperar, mientras el gobierno Santos se lavaba las manos, pretendiendo con la citación a extras del Congreso, aplacar el gigantesco rechazo  a tan semejante exabrupto. La situación fue tan grave que el presidente Santos  exclamó  con alivio al final de la  reculada: "la tormenta está pasando".
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Dejando constancias respectivas y explicando la no asistencia a sesiones extras el Polo Democrático optó por no atender este conciábulo "legal" para cobrar extras, que el gobierno tendió a sus connotados congresistas y parlamentarios. La votación fue unánime.

Nota redacción B. E. O.
G. M. M.

Constancia de bancada del Polo explicando su no asistencia a sesiones extraordinarias del Congreso



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La bancada parlamentaria del Polo Democrático Alternativo dejó una constancia tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes en la que explica en forma pormenorizada porque no avala ni participa en las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Juan Manuel Santos para hundir el esperpento de la reforma a la justicia.

Según los congresista del Polo, el gobierno de Santos con la convocatoria a sesiones extras lo que busca es dar un “golpe de opinión” que le permita recuperar su imagen pública deteriorada por el escándalo deteriorado.

Desde el inicio de los debates el Polo Democrático manifestó a los congresistas, al gobierno y la opinión pública las nefastas consecuencias de la aprobación de este Acto Legislativo y advirtió oportunamente de la inclusión de artículos que benefician a grupos de las ramas del poder público, como las disposiciones que dificultan la perdida de investidura para congresistas, el incremento del periodo de los magistrados de Altas Cortes y la creación de fuero constitucional para los secretarios generales de Senado y Cámara. Por esto el Polo siempre dio voto negativo a la reforma.

Es falso que quienes con su voto aprobaron esta reforma no conocían lo que se estaba votando y que el Gobierno Nacional junto con las plenarias de Senado y Cámara hayan sido engañados por un grupo de doce conciliadores. Varias de las más graves modificaciones al articulado fueron aprobadas antes de la conciliación.

Según los congresistas del Polo este acto legislativo debió archivarse oportunamente, tal y como esta colectividad lo solicitó en reiteradas ocasiones. Desde el inicio este partido advirtió que la iniciativa era severamente inconveniente para el país y que durante su trámite se presentaron vicios insubsanables, como impedir la presentación y discusión de proposiciones y negar la verificación del quórum. Hechos estos, que el presidente Santos sólo vislumbró cuando la ciudadanía se pronunció indignada.

Ahora, el Gobierno Nacional intenta de manera desesperada, enmendar sus propios errores y los de la bancada de Unidad Nacional, quienes durante todo el trámite legislativo actuaron en connivencia con algunos magistrados de las Altas Cortes, la clase política y las elites de este país, en contra de los intereses superiores de la Justicia, del Estado Constitucional de Derecho y del pueblo colombiano.

El Polo Democrático no participará en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, convocadas para la discusión y votación de las objeciones presidenciales a la Reforma a la Justicia, por considerar que se encuentran seriamente viciadas de inconstitucionalidad. Los actos legislativos no son susceptibles de objeciones presidenciales y tampoco pueden ser discutidos en sesiones extraordinarias, tal como lo establecen los artículos 149 y 375 de la Constitución Política. Por lo tanto, la citación y discusión a las sesiones de hoy y mañana desbordan la competencia del Congreso, del presidente Santos y se constituyen en un pésimo precedente.

No es cierto que el Presidente de la República pueda asumir la responsabilidad jurídica y política que les concierne a los congresistas. La responsabilidad penal y disciplinaria es individual e intransferible.

Como la Reforma a la Justicia no fue pensada para mejorar el acceso a la administración de justicia, proteger los derechos ciudadanos y garantizar la independencia y autonomía de la rama judicial, el Polo Democrático reafirma su posición y convoca a la ciudadanía a movilizarse y hacer uso de las vías constitucionales apoyando iniciativas como el referendo revocatorio de esta reforma.

Igualmente invita a la conformación de una mesa de concertación, liderada por la sociedad civil, en la que se discuta una propuesta seria de Reforma a la Justicia que promueva la independencia de los poderes públicos, la autonomía e independencia de la rama judicial y la materialización del acceso a la justicia, en especial de las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

Clara López: "El Gobierno corrige una actuación inconstitucional con otra"


Por Paula Durán / Revista Semana 

La presidenta del Polo Democrático, Clara López, reivindica el papel de la oposición en Colombia, habla de lo que denominó "peligroso unanimismo" y exige responsabilidades políticas y jurídicas para todos aquellos que tuvieron que ver en el trámite de la reforma a la justicia.

Semana.com: ¿Cuál es su opinión sobre la coyuntura política que vive actualmente el país?

Clara López: Vivimos una crisis institucional profunda. Gobierno y Congreso se han acostumbrado a cambiar la Constitución para acomodar intereses privados y particulares, sin atención a los mínimos dictados de la ética democrática. La reforma se ha convertido en un bumerán que los golpea severamente. La ciudadanía empieza a reaccionar colectivamente para ponerle remedio mediante medios constitucionales como la revocatoria por firmas del acto legislativo.

Lamentablemente, el Gobierno y sus mayorías parlamentarias acuerdan corregir una actuación inconstitucional con otra también inconstitucional, lo que sólo puede profundizar la crisis institucional que vivimos.

Semana.com: ¿Qué opina el Polo Democrático de la reforma a la Justicia y del actuar del presidente Santos en los últimos días? 

C. L.: El presidente Santos se equivocó en materia grave. Con el acuerdo político para hundir la reforma, crea un precedente de graves implicaciones para la institucionalidad al actuar al margen de la Constitución para enmendar el entuerto que su gobierno contribuyó a aprobar. 

La reforma se debe echar para atrás con las herramientas que da la Constitución y no mediante un acuerdo político con el que las mayorías siguen tratando de minimizar su responsabilidad política. El país ya no está dispuesto a seguir por el camino de los acuerdos dame y dame entre el Gobierno y el Congreso. 

Semana.com: ¿Esta actuación en bloque (votación del Polo) legitima al Polo como la verdadera oposición al modelo de país que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos? 

C. L.: La reforma desde un comienzo debilitaba la pérdida de investidura y la forma de juzgar a los congresistas, lo que llevaba ineluctablemente a dejar a cerca de 70 procesados en libertad. Así lo hizo saber el Polo Democrático en carta enviada al presidente desde el mes de marzo pasado y en las juiciosas intervenciones de nuestros parlamentarios en todos y cada uno de los ocho debates de la reforma, en los cuales consecuentemente votamos negativamente. 

No estuvimos solos en la votación final de la conciliación. Es necesario también reconocer al partido MIRA y a figuras aisladas de los partidos de la coalición de Gobierno como el senador Juan Lozano, presidente del partido de la U; Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, y Ángela María Robledo, del Partido Verde. 

Con quienes se deslinden del bloque que viene gobernando a Colombia y con los demás sectores políticos y sociales alternativos tenemos la obligación de construir una alternativa viable que se enfrente exitosamente al proyecto releccionista en el próximo debate electoral. 

Semana.com: ¿Cuáles deben ser las consecuencias para los congresistas que conciliaron y dieron su visto bueno a la reforma a la Justicia?

C. L.: Además de la responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, hay una clara responsabilidad política de los congresistas que votaron en beneficio propio para sustraerse del alcance de la justicia. Pero la responsabilidad no se puede limitar a los congresistas que participaron en la conciliación. 

El Polo ha comunicado al Consejo Nacional Electoral que en la consulta del Partido que se realizará el 30 de septiembre se propone preguntar a los electores y electoras si están de acuerdo con la revocatoria de los que votaron la cuestionada reforma y de su inhabilitación, incluida la de sus parientes más cercanos, para que no sean relegidos al Congreso en 'cuerpo ajeno', como lo fueron muchos de los condenados por parapolítica. 

Semana.com: ¿Qué tipo de precedente deja el presidente Santos al actuar más creativamente que legalmente, sólo apoyado en el consenso sobre la necesidad de hundir la reforma? 

C. L.: A la larga, lo único que mantiene la institucionalidad democrática de un país es el cumplimiento de las reglas del juego constitucional. Cuando el incumplimiento viene de la primera autoridad del país, se profundiza la crisis y la institucionalidad entra en coma con pronóstico reservado. A futuro, imagínese usted un presidente objetando una reforma constitucional que le recorte sus poderes. El lindero entre la democracia y la dictadura tiene un umbral que ningún presidente debe cruzar. 

Semana.com: ¿Se podría decir que Santos le da un golpe de Estado a la Constitución de 1991? 

C. L.: Desde la oposición, hemos visto en el Gobierno un inconveniente desdén por el pluralismo político. Sabemos que el presidente y el Congreso ostentan las mayorías para gobernar, pero en un Estado social y democrático de derecho, las mayorías no pueden apabullar a las minorías, condenarlas al silencio y a la invisibilización. Estas no deciden pero deben ser escuchadas. Cuando ello sucede, la deliberación democrática se enriquece, sin desmedro del poder decisorio de las mayorías.

Por eso insistimos en el Estatuto de la Oposición ¿Quién sabe? De pronto el reconocimiento del papel de la oposición habría evitado el descalabro que hoy viven el Gobierno y su mayoría parlamentaria. Puede que hundan la reforma, pero no podrán hundir la responsabilidad política que les cabe en su aprobación y en su hundimiento por fuera de los cauces constitucionales. 

Semana.com: ¿Cree que al aprobar la reforma constitucional que eliminó el conflicto de intereses para discutir actos legislativos le abrió las puertas para que congresistas con impedimentos le "metieran mano" a la reforma de la Justicia? 

C. L.: Sin lugar a dudas. De ello estaba plenamente consciente el Gobierno. Bajo la batuta del entonces ministro del Interior, Vargas Lleras, mediante Acto Legislativo No. 1 de 2011, se adicionó el parágrafo del artículo 183 para que los congresistas quedaran exentos de la figura del conflicto de intereses cuando discutieran y votaran actos legislativos como el de la Justicia. 

No debemos olvidar que dicha reforma hizo parte del acuerdo de Germán Vargas Lleras con el presidente Santos para ingresar a la coalición de la Unidad Nacional. Que estaban plenamente conscientes me lo confirmó el ministro de Justicia en respuesta a la comunicación dirigida al presidente de la República en que señalábamos el peligro del debilitamiento de la institución de pérdida de investidura. 

En ella además me pidió no preocuparme por lo que podía pasar, por cuanto "usted puede tener la certeza de que la ampliación de los términos en los procesos de pérdida de investidura no hará el proceso 'inocuo' (así lo había calificado el Polo en la misiva al presidente), sino que, por el contrario, les otorgará mas garantías los H. Congresistas…"

Semana.com: ¿Qué responsabilidad política debería asumir el exministro del Interior Germán Vargas Lleras, que fue quien pasó esa reforma constitucional? 

C. L.: Toda. No midió la rebeldía de la opinión a esa manera tradicional de hacer política. Tampoco creo que la opinión pública vaya a aceptar que con la Ley de Vivienda que hizo aprobar a las volandas haya pretendido legitimar por esas mismas mayorías parlamentarias la más grande utilización de recursos del Estado para hacer política con los cuatro billones que antes de su aprobación ya le había asignado el presidente Santos. 

Semana.com: ¿Quiénes son los responsables de esta crisis institucional y qué deberían hacer? 

C. L.: Es un régimen caduco que no puede subsistir cumpliendo su propia legalidad, confeccionada a su medida. No creo que tenga ninguna utilidad pedir renuncias. Se requiere la dignidad del exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra para proferirlas.

Los sectores alternativos tenemos una responsabilidad histórica de converger alrededor de un programa compartido y una candidatura presidencial única para poder llegar a las próximas elecciones con una alternativa de dignidad y cambio para el pueblo colombiano. 

Semana.com: ¿Qué lecciones le puede dejar este capítulo político a Colombia? 

C. L.: Es peligroso otorgar a un Congreso como el nuestro la facultad de hacer una reforma constitucional sin el control del constituyente primario. Ya van dos docenas de reformas constitucionales que han desnaturalizado a cuentagotas el Estado social de derecho estatuido en la Constitución de 1991. Debemos regresar por sus fueros. El unanimismo que se ha apoderado del país es malsano y nos lleva por los precipicios de la antidemocracia.

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