Limosnas para la educación pública
Francisco Torres
(PDA)
Al mejor estilo de la fallida Cumbre de las Américas en la que se fabricó un mundo irreal para consumo de visitantes y televidentes con el objeto de ocultar la miseria que prevalece y la protesta que se crece; ahora, para tapar la crisis creada por el Gobierno de Santos y calmar la indignación de los habitantes de los departamentos y municipios productores de petróleo y minerales, a los que se les arrebataron sus derechos, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación decide darles una limosnita para la alimentación escolar.
Desde comienzos del año vienen en alza las movilizaciones estudiantiles por la falta de alimentación, transporte escolar y personal administrativo y de servicios generales. En Arauca hubo masivas protestas; en Casanare, recientemente, una gran manifestación de la juventud mostró su indignación y su ánimo de defender sus derechos.
Para hacer demagogia y frenar las luchas estudiantiles sale la Resolución 3585 del MEN, que hace una distribución parcial de 28 mil millones de pesos para cofinanciar alimentación escolar. Con ese dinero, que parece mucho pero que en realidad es una miseria, dada la enorme cantidad de estudiantes en los departamentos que fueron despojados –Arauca, Casanare, Meta, Santander, Cesar, Guajira, Huila, Tolima, Putumayo- además de muchos municipios de otros departamentos como, para señalar un par de casos, Puerto Boyacá y Monte Líbano, se pretende engañar a la población que exige la solución de un problema que viene de tiempo atrás y fue agudizado con el despojo de las regalías.
Para abundar en el atropello el Decreto 4923 de 2011 –que es desarrollado por la Resolución 3585- establece que los proyectos serán cofinanciados entre la Nación y la entidad territorial. Como quien dice, se llevaron la plata y para que de ella manden una limosnita se necesita que los despojados pongan una parte.
Los incautos, que no faltan, dirán, “algo es algo”, sin entender que esas medidas son maniobras publicitarias para ocultar las decisiones gravísimas que se vienen tomando contra la educación pública y, por consecuencia, los derechos de los niños y jóvenes colombianos. Valga un ejemplo: la mentirosa gratuidad ha reducido a una espantosa indigencia a los colegios –cosa muy del gusto de este gobierno que busca que colapsen-, pero la ministra anda por las regiones pavoneándose como si estuviera haciendo bien la tarea.
No sobra recordar que, además del Acto Legislativo que elevó a mandato constitucional el raponazo de las regalías, afectando la educación, ya los Pastranas, Uribes y Santos habían impuesto dos reformas constitucionales reduciendo los recursos de la educación, con las consecuencias que estamos viendo y viviendo: hacinamiento en los salones, falta de infraestructura adecuada, deterioro de la calidad, imposición de una educación de pobres para pobres, privatización acelerada, aumento de la carga académica y la jornada laboral de los profesores, reducción de los salarios con el Estatuto Docente 1278, entre otras muchas medidas.
Medidas que no se le ocurrieron a tan beneméritos dirigentes de la patria sino que les fueron dictadas desde el Gobierno Norteamericano, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es la política neo liberal que cada día cobra más víctimas. España, por ejemplo, cuyo gobierno acaba de anunciar una reducción de 10 mil millones de euros para sanidad y educación, un aumento del 20% en el tope máximo de estudiantes por salón –de 27 a 30-, imponer un mínimo de 25 horas de asignación académica a los docentes en primaria y 21 en secundaria. Atropellos que son recibidos con ánimo de lucha por la comunidad educativa.
Tiene importancia estratégica que la comunidad educativa encabezada por los maestros no se deje engañar con los cantos de sirena del gobierno y que, por el contrario, arrecie en sus justas protestas contra las políticas neo liberales que Santos encarna.
Francisco Torres
Secretario de Prensa Asedar.
