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La buena salud de la parapolítica
José Hilario López RincónSe equivocan quienes piensan que en la llamada parapolítica ya están investigados y sentenciados todos los que son y en consecuencia debemos olvidarnos del asunto.
Si bien las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia no marchan al ritmo que algunos quisieran, lo cierto es que las indagaciones avanzan a pesar de los múltiples obstáculos y zancadillas de quienes pretenden a diario la “caída” de la justicia. Testigos que de la noche a la mañana cambian sus declaraciones para favorecer incriminados; versiones incompletas y a cuentagotas de paramilitares postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz); burdos montajes y campañas de desprestigio contra los investigadores y por supuesto la extradición de los jefes paramilitares la madrugada del 13 de mayo de 2008, forman parte de los ataques marrulleros con los cuales se ha pretendido impedir el conocimiento de la verdad.
Las decisiones tomadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las últimas semanas, demuestran que apenas vamos a mitad de camino y la justicia continúa en su dedicación por esclarecer las tenebrosas alianzas entre políticos y paramilitares. Esta vez, justamente, tienen que ver con políticos de Antioquia, el departamento donde nacieron, crecieron y se expandieron los grupos paramilitares.
A finales de enero de 2011, en el municipio de Bello (Antioquia), fue capturado Óscar Suárez Mira, político antioqueño investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con los ex jefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” y Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”. En las acusaciones en su contra, formuladas en junio de 2010 por Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, dijo que los paramilitares presionaron a familias desplazadas del municipio de Bello para que votaran en marzo de 2006 por la fórmula “Oscar Suárez Mira al Senado y Mauricio Parodi Díaz a la Cámara de Representantes”. En esas elecciones, Suárez Mira obtuvo 71.212 votos a nombre del partido Alas Equipo Colombia (en las elecciones de 2002, había sido elegido Representante a la Cámara con 31.191 votos) mientras que Parodi Díaz consiguió la curul con 22.263 votos. Al momento de su captura, Suárez Mira adelantaba campaña por la gobernación de Antioquia.
De igual manera, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar en contra del actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, tras la declaración de “El Tuso”, extraditado a los Estados Unidos en 2008, en la cual afirma que en la campaña para Senado 2002-2006, Ramos Botero recibió apoyo financiero de la temible “Oficina de Envigado” bajo el mando de alias “Don Berna”.
Para completar, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar, también por vínculos con los paramilitares, contra el ex senador Guillermo Gaviria Zapata y William Vélez Mesa, actual miembro del Parlamento Andino. Sobre William Vélez, alias “El Tuso”, dijo que recibió apoyo político de la organización paramilitar en el departamento de Antioquia en las elecciones de 2002, en las cuales resultó elegido como Representante a la Cámara con 67.365 votos. Vélez Mesa, junto con los primos Mario Uribe Escobar y Álvaro Uribe Vélez, fundaron el partido Colombia Democrática.
De igual forma y con base en la misma declaración de alias “El Tuso”, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia requirió del Congreso de la República, información acerca de las fechas en que integraron o integran ese cuerpo legislativo otros honorables parlamentarios o ex parlamentarios antioqueños: Olga Suárez Mira, hermana de Óscar Suárez Mira, ex alcaldesa de Bello (2004-2007), obtuvo la más alta votación (116.418) en Antioquia en las elecciones para Senado 2010-2014 a nombre del partido Conservador; José Ignacio Mesa Betancur, ex diputado a la Asamblea de Antioquia (1991-1994), ex alcalde de Envigado (1995-1997), ex senador (1998-2002,2002-2006), actual representante a la Cámara (2010-2014); Jorge Enrique Vélez García, ex senador (2006-2010) a nombre de Cambio Radical y actual Superintendente de Notariado y Registro; Jorge Ignacio Morales Gil, ex representante a la Cámara (2006-2010); Oscar Arboleda Palacio, ex representante a la Cámara (2002-2006, 2006-2010) y actual miembro del Parlamento Andino.
En los próximos días, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá dictar la sentencia correspondiente en el juicio contra el ex senador antioqueño Mario Uribe Escobar, acusado de tener nexos con los paramilitares y apropiarse de tierras de campesinos presionados por los mismos.
A los anteriores casos debemos agregar los de políticos antioqueños que ya han sido condenados por sus componendas con los paramilitares. Entre ellos se cuentan Ramón Antonio Valencia Duque, ex representante a la Cámara y ex senador; Rocio Arias, ex representante a la Cámara y Carlos Arturo Clavijo, ex senador, quienes se sometieron a sentencia anticipada y recibieron, cada uno, una condena de 45 meses por concierto para delinquir. Igualmente condenados a 90 meses de prisión, están los ex parlamentarios Humberto de Jesús Builes Correa y Rubén Darío Quintero Villada.
Sin mayor esfuerzo, el panorama es devastador y vergonzoso, especialmente si tenemos en cuenta que en las investigaciones y condenas no figuran los mandos medios de ese engranaje de corrupción que crearon políticos y paramilitares. Estamos hablando de alcaldes, diputados, concejales. Y también, para tener en cuenta, que Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias “Rogelio”, detenido desde 2008 en una cárcel de Estados Unidos, lugar teniente de alias “don Berna”, hasta el momento se ha negado a hablar. Según “El Tuso”, “Rogelio” se encargaba de coordinar las propuestas de apoyo a favor de los políticos y recogía el dinero entre los miembros de la “Oficina de Envigado”, particularmente para las elecciones de 2002 y 2006.
En el mismo contexto del contubernio política narco paramilitarismo, debe ser visto el caso de Guillermo León Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Medellín, condenado por la Corte Suprema de Justicia por utilizar la “dignidad de su cargo” para favorecer presuntos integrantes de la organización criminal de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” y la “Oficina de Envigado”.
A pesar de todas esas muestras, apenas del departamento de Antioquia, hay quienes pretenden desconocer la gravedad y la dimensión del monstruo de la parapolítica. Como Plinio Apuleyo Mendoza. Según él, los parapolíticos condenados y recluidos en la cárcel La Picota son unos pobres angelitos, mártires de la injusticia, “víctimas de la guerra que se produjo entre la Corte Suprema de Justicia” y quien desgobernó a Colombia entre 2002-2010. Para Plinio no hay tal parapolítica. Los pactos de Ralito, de Puerto Berrío, de Chivolo, de Pivijay, de Casanare, son fábulas de la desalmada Corte Suprema de Justicia.
Según Plinio, San Rito Alejo del Rio y San Salvador Arana son los nuevos mártires de esa inquisición política despiadada que desató la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de inocentes criaturas cuyo único delito es o fue “haber sido uribistas”. Y qué injusticia mayor que ahora se les quiera investigar por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ala militar del proyecto parapolítico.
Qué infamia pretender que los parapolíticos respondan por los crímenes de lesa humanidad de los paramilitares: 1.614 masacres, 174.618 homicidios, 34.740 víctimas de desaparición forzada, 77.180 víctimas de desplazamiento forzado masivo, 3.557 menores identificados y ubicados como víctimas de reclutamiento (casos documentados a diciembre 31 de 2010 según la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz).
La perspectiva de la situación antioqueña nos permite vislumbrar la del resto del país, como también afirmar sin equívocos que la parapolítica no está muerta ni mucho menos agonizante, goza de inmejorable salud.
- José Hilario López Rincón es Abogado Corporación por la Dignidad Humana
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 242, Semana del 11 al 17 de Febrero de 2011, Corporación Viva la Ciudadanía.
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