La CPI aprieta las tuercas a Colombia (I)
Desde que la Corte Penal Internacional abriera sus puertas, en las oficinas de su Fiscalía intentan descifrar la “paradoja” colombiana.
Colombia tiene un alto grado de institucionalidad democrática y un sistema judicial fuerte.
Sin embargo, la magnitud de crímenes cometidos es equiparale a la de la República Democrática del Congo.
Luz, ex guerrillera del ELN y casada con un ex paramilitar, asiste a la exhumación de su hermano, asesinado por los paramilitares (Javier Bauluz/ Periodismohumano)
Desde que la Corte Penal Internacional abriera sus puertas en 2003, en las oficinas de su Fiscalía intentan descifrar la “paradoja” colombiana. ¿Cómo entender que en un país con un alto grado de institucionalidad democrática y un sistema judicial fuerte, la magnitud de crímenes cometidos sea equiparable a los de la República Democrática del Congo? Ambas situaciones, por su gravedad, estuvieron desde el comienzo en la agenda de la Fiscalía del tribunal. Sin embargo, a diferencia del estado africano, el aparato estatal colombiano daba los primeros pasos para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos en su territorio: la Ley de Justicia y Paz aprobada en 2005 sentaba las estructuras de un controvertido y complejo proceso de justicia transicional en medio de un conflicto de más de 40 años.
“Complementariedad es analizar los esfuerzos que hacen otros. Mi deber es intervenir si no hay actividad judicial.” Son palabras del Fiscal Jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, para definir la capacidad de acción de su Oficina con respecto a la situación colombiana. En marzo de 2005, Moreno-Ocampo, en una carta enviada al gobierno de Álvaro Uribe, informaba de que la Fiscalía había recibido una “cantidad significativa de denuncias” sobre presuntos crímenes cometidos en Colombia que podían estar bajo su jurisdicción. La misiva hacía referencia a asesinatos, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzosos supuestamente cometidos por paramilitares, guerrillas y oficiales de la Fuerza Pública colombiana desde noviembre de 2002, año en el que el Estatuto de Roma entró en vigor.# La carta desató el revuelo en los estamentos colombianos. Entre líneas se presumía el inicio de un análisis preliminar por el que la Fiscalía de la CPI debía examinar si existían “fundamentos razonables” para abrir una investigación.
En un estudio que continúa en la actualidad, la Oficina analiza la gravedad de los delitos cometidos en el país y si éstos están bajo su jurisdicción, es decir, si se ajustan a la definición de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio del Estatuto de Roma y si se han producido con posterioridad a la entrada en vigor de la carta fundacional del tribunal. Recordemos que el gobierno colombiano ratificó este Estatuto acogiéndose al artículo 124, por el que no aceptaba la competencia de la Corte sobre crímenes de guerra durante un período de siete años. Es por ello que los delitos de este tipo cometidos antes del 1 de Noviembre de 2009 quedan fuera de su jurisdicción. El Gobierno dijo entonces que lo hacía para no obstruir un eventual proceso de paz.
La Fiscalía ha de analizar además si los procedimientos judiciales iniciados en el país son genuinos. En la comunicación enviada al gabinete de Uribe, Moreno-Ocampo decía “estar al tanto” de los anteproyectos de ley que se estaban negociando y que llevarían a la creación de medidas para investigar y castigar a los responsables de crímenes graves. Igualmente pedía ser informado “de los avances en este respecto”.# Hacía referencia a la Ley de Justicia y Paz, marco legal de un proceso de desmovilización de más de 30.000 combatientes irregulares, involucrados en la comisión de graves crímenes contra la población civil, con el que se pretende buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
A ojos de la CPI, el Gobierno colombiano tenía buenas intenciones, pero se enfrentaba a “un desafío inmenso”. “Si este diseño funciona bien, si hay juicios importantes, puede ser un ejemplo para el resto de mundo,” dijo Moreno-Ocampo en relación al proceso de justicia transicional que se estaba avanzando.
Cinco años ha tardado en llegar la primera y única sentencia de Justicia y Paz. La semana pasada, dos jefes del paramilitarismo, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’, fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, Bolívar, en marzo de 2000. Sin embargo los dos desmovilizados, postulados al proceso de Justicia y Paz, tendrán una pena alternativa de ocho años “por contribuir con la justicia, la verdad y la reparación”. La sentencia, que se esperaba marcara un precedente en la reparación de las cerca de 300 mil víctimas del paramilitarismo, ya ha sido apelada por las víctimas por considerar insuficiente el monto de reparación establecido por el Tribunal.
Y es que el Fondo Nacional para la Reparación de Víctimas tan sólo cuenta con 33 mil millones de pesos entregados por los “paras” desmovilizados tras cinco años de proceso, pese a ser la entrega de bienes y efectivo una de las condiciones necesarias para beneficiarse de reducción de penas. Un dinero que sólo alcanzaría para dar a cada víctima 118 mil pesos, menos de la mitad de un salario mínimo en Colombia.
El Ejecutivo colombiano reconoce las dificultades del proceso. La magnitud de los crímenes cometidos en Colombia impide tener resultados en un espacio corto de tiempo, siendo un hecho adicional muy importante el que país está adelantando un proceso de justicia transicional en medio del conflicto, algo que no ocurre en ningún lugar del mundo. Pese a los obstáculos, el Ejecutivo asegura haber acometido esfuerzos: El Gobierno creó en 2009 un programa de reparaciones administrativas del que se beneficiaron 11.000 familias y en el que se invirtieron más de 100 millones de dólares para ese año. El presupuesto de la Fiscalía General de la Nación se ha multiplicado por cuatro desde 2005, hay más de 34.000 crímenes que están siendo investigados, más de 3000 cuerpos exhumados y cerca de 900 víctimas que han sido plenamente identificadas y regresadas a sus familias.
Los de la CPI no niegan los logros, pero quieren más. Reconocen progresos innegables para las víctimas como la apertura de fosas y el acceso a la verdad. Pero el tribunal necesita resultados, condenas a los máximos responsables por los crímenes masivos que Justicia y Paz está revelando.
