Colombia: Una guerra contra la coca en la que nadie cree

A comienzos de noviembre se informó sobre un cambio fascinador relacionado con esta debacle histórica. La embajada de EE.UU. en Bogotá anunció una milagrosa disminución de un 29% en el cultivo de coca en Colombia y una disminución estimada en un 39% en la producción de cocaína sólo en 2008. Semejantes cifras son increíbles, porque en realidad las tasas de cultivo de coca han aumentado significativamente desde que Washington se lanzó a su guerra contra la droga en Colombia. Durante todos los años ochenta, cuando Colombia fue identificada como amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., el cultivo promediaba 46.000 hectáreas. En los años noventa los niveles habían llegado a 61.000 hectáreas, mientras en la última década se han visto tasas promedio cercanas a las 140.000 hectáreas.

Llevando este tema un paso más allá, si se sitúan las tasas de cultivo de coca en conjunción con las tasas de coca erradicada mediante técnicas manuales y aéreas se hace cegadoramente obvio que las tasas de crecimiento no han disminuido. Al contrario, se aceleraron – especialmente bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez [2002-2010]. Semejante información anula el ‘éxito’ que reivindican ahora Washington (y Bogotá).

¿Quiénes redactaron y presentaron la información al público? Aunque formalmente fue publicado a través de la embajada de EE.UU. en Bogotá, el informe y las conclusiones provinieron de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) – especialmente del Director de Inteligencia Central, Centro de Crimen y Narcóticos (CNC) de EE.UU. Lo que es especial al respecto es la ausencia tácita de la Oficina Nacional de Política Nacional de Control de la Droga (ONDCP). En la mayor parte de la última década, la ONDCP ha sido el principal medio para la publicación formal de información relacionada con los niveles de cultivo de coca dentro de Colombia. El hecho de que la CIA/CNC haya publicado este informe y no la ONDCP debiera provocar un cierto cuestionamiento y debate.

Muchos, en particular funcionarios estadounidenses en Washington y Bogotá, han mostrado desdén y desconcierto ante los datos de la ONDCP durante los últimos años. De un modo embarazoso la ONDCP ha mostrado que los niveles de coca no han disminuido sino más bien aumentado a niveles nunca vistos en la historia de Colombia. Si se comparan los niveles de coca de los años ochenta con los actuales, los datos revelan subidas que promedian un 350%. Durante fines de los años noventa y comienzos-mediados de los dos mil, mientras EE.UU. gastó casi 8 mil millones de dólares en misiones contra narcóticos en Colombia, la ONDCP ilustró que los niveles hicieron todo lo contrario que deteriorarse. Eso causó indudablemente considerable estrés a los funcionarios gubernamentales tanto en EE.UU. como en Colombia, como se vio en 2006 cuando el ex ministro del interior de este último país, Sabas Pretelt reprendió a la ONDCP – llegando a argumentar que la oficina manipulaba e inflaba sistemáticamente los niveles de coca en Colombia (United Press International, 2006).

EE.UU. trata hace tiempo de manipular cifras relacionadas con los niveles de coca de Colombia. Durante los años noventa, Washington se mostró elocuente en su promoción de una clara disminución en la narcoindustria de Colombia debido a la participación de EE.UU. y su enfoque hacia la erradicación de la droga. Sin embargo – para embarazo y desprestigio de Washington – investigación, separada de las fuentes gubernamentales, estableció que la productividad de la cocaína había aumentado considerablemente. Las cifras mostraban que los niveles de cocaína eran dos veces superiores de lo que había afirmado EE.UU.

Semejantes inexactitudes no son errores aislados. Tanto Washington como Bogotá se han contradicho consistentemente, han cometido errores de cálculo, o han sido evidentemente incorrectos respecto a ‘conclusiones mutuamente aseguradas’ de coca.

Al referirse a niveles de erradicación ‘exitosa’ dos agencias estatales separadas en EE.UU. señalaron cifras vastamente diferentes durante varios años. En 2008, fueron producidos dos informes relativos a los niveles de cultivo de coca: uno de del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2008) y el otro de la ONDCP (2008b). Los datos cuantitativos entre los dos fluctuaron en miles de hectáreas. Las variaciones fueron tan significativas que entre 2003 y 2007 las tasas de fumigación aérea se diferenciaban en casi 27.000 hectáreas. Las tasas anuales de inexactitud sobre la erradicación aérea promediaron 5.400 hectáreas, mientras la erradicación manual fue ligeramente ‘mejor’ con 3.330 hectáreas. Todo esto es importante sobre la base del hecho de que las conclusiones provenían de la misma inteligencia estatal.

Las equivocaciones persisten actualmente. Mientras aplaudía su auto-proclamado éxito – aunque los niveles actuales exceden de lejos todo lo presenciado en los años setenta, ochenta y noventa – la embajada de EE.UU. en Bogotá, en dos ocasiones separadas, presentó errores en sus cifras actuales. Según la Hoja de Datos (2009a) de la embajada: Producción y Cultivo: Colombia 2008,” 129.876 hectáreas de coca habían sido expuestas a fumigación aérea mientras 95.731 hectáreas sufrieron alguna forma de erradicación manual. Esto equivale a un total de 225.607 hectáreas. Sin embargo, en el mismo documento los funcionarios estipulan que “la erradicación combinada por pulverización y erradicación manual para 2008 fue de 227.605 hectáreas.” Esa información es aún más problemática cuando se refiere al comunicado de prensa de la embajada (2009b) “Estudio oficial EE.UU.-Colombia muestra rápida caída en el cultivo de coca y en la producción de cocaína” que argumentaba que “altos niveles de erradicación aérea fueron mantenidos cubriendo más de 133.000 hectáreas” – una diferencia bastante superior de 3.000 hectáreas o sea el tamaño de unos 1.400 campos de fútbol.

Aunque semejantes errores de cálculo demuestran, una vez más, la inepcia cuantitativa de la inteligencia de EE.UU. tampoco incluyen los costes sociales de una actitud militarizada hacia la erradicación.

Mientras afirman que están tratando de alentar a los trabajadores agrícolas a participar en la sustitución de cultivos, Washington y Bogotá están, en los hechos, desestabilizando la economía política rural. Consideremos un escenario en el cual numerosos campesinos renuncian al cultivo de coca después que vastas porciones de su territorio han sido atacadas ecológicamente. ¿Qué resultaría en realidad? Primero, numerosos campesinos adoptarían la producción (legal) de cultivos que no sean de coca, llevando a un influjo inmediato de un pequeño puñado de los cultivos más rentables en una región geográfica particular, reduciendo así los ingresos potenciales para esos productos. Esto causaría subsiguientemente un efecto cíclico de pobreza – una de las causas originales que llevaron al cambio original a la coca para comenzar. Más productores rurales volverían entonces a la industria de la coca como medio de subsistencia.

Un segundo dilema que podría ser – y ha sido – enfrentado por los pequeños productores es la falta de garantías estatales para asegurar que se les proteja en un clima socioeconómico posterior a la coca. Se ha visto repetidamente que los que aceptaron una sustitución de cultivos impuesta por el Estado no reciben el apoyo financiero o la ayuda del Estado, de agencias de desarrollo, o de ONG. Por falta de capital, los productores se ven obligados (de nuevo) a volver a la coca, ya que no existen otros medios de subsistencia. La tercera consecuencia tiene que ver con la ecología del área, que afecta no sólo a los cultivadores de coca sino también a los agricultores que desde hace tiempo se abstuvieron por completo del cultivo de coca. Como resultado de la pulverización con defoliantes tóxicos mediante la fumigación aérea las tierras de muchos han sido destruidas – inutilizándolas para la agricultura. Una plétora de casos incluso revelaron cómo semejantes prácticas afectaron cultivos legales (como ser plátanos, limones, yuca, maíz, etc.) durante las campañas estadounidenses/colombianas contra los narcóticos. Esto llevó a que a numerosos campesinos no les quedó otra opción que irse a la ciudad o, irónicamente, cultivar coca como un medio para reducir sus pérdidas.

Incluso ha habido informes confirmados sobre funcionarios que han admitido que el objetivo de la fumigación era desplazar a los campesinos para aumentar la mano de obra barata en los centros urbanos mientras se centralizaban los recursos rurales en manos de la agro-industria en gran escala. Finalmente, hay que subrayar cómo las prácticas de erradicación han dañado indiscutiblemente las vidas de millones en Colombia y el entorno en el que viven. La fumigación aérea ha obligado a muchos a abandonar sus casas y aldeas debido a la contaminación de la tierra y del agua. Esto ha devastado subsiguientemente la producción alimentaria presente y futura, la estabilidad económica, y los precarios defectos y condiciones en jóvenes y mayores. La destrucción de cultivos, suelos, y niveles freáticos ha puesto trabas a la capacidad de comunidades enteras no sólo de sustentarse, sino ha llevado a más destrucción ecológica ya que son obligadas a colonizar regiones forestales. Al no querer abandonar la vida sociocultural que conocen, muchos se ven obligados a talar y a habitar territorios no poblados hace tiempo.

Mientras puede haber disminuciones temporales – aunque no sucede casi nunca – las causas político-económicas subyacentes al cultivo de coca no han disminuido. Irónicamente, la erradicación militarizada mediante la pulverización aérea o el desplazamiento manual de cultivos aumentarán con seguridad las condiciones de pobreza. Bajo estas circunstancias la industria de los narcóticos no se debilitará sino será mantenida (si no aumentada). Semejantes posiciones no representan sólo la crítica de unos pocos sino incluso la de aquellos que se encuentran dentro del propio aparato estatal. En octubre, funcionarios dentro de Colombia expresaron el fracaso de tales políticas. Según informa este año Neda Vanovac:

“El Consejo Nacional de Planeación de Colombia afirmó… que la lucha contra la droga ha sido perdida y que la política de ‘Seguridad Democrática’ del actual gobierno es en gran parte responsable por el aumento sistemático en las violaciones de derechos humanos en el país. El presidente del consejo, Adolfo Atehortúa, condenó la política antidroga de la nación, diciendo que ha sido un fracaso total. Como prueba, dijo que ni la cantidad de hectáreas plantadas con cultivos ilícitos ni la producción neta de droga ha sido significativamente reducida. También sugirió que se detenga la fumigación ya que está aumentando la pobreza en áreas rurales,