Edición Nro.: 80 lemondediplomatique
Similitud. Igual a como han padecido y padecen los pobladores colombianos de barrios populares, en mayor escala los jóvenes, ahora, en las parroquias y barrios de Caracas (Venezuela), ‘agentes desconocidos’ riegan panfletos y amenazas “contra la delincuencia barrial” y ‘ordenan’ y “disponen reglas de ‘convivencia’”. Son panfletos escritos de manera casi idéntica a los que circulan desde hace algunos meses en varias ciudades colombianas. ¿Casualidad? No. ¿Paramilitarismo sin fronteras? Sin duda.
Con tres novedades, las primeras hojas volantes fueron distribuidas en Venezuela en el mes de junio: 1. La decisión de sus autores por controlar territorios estratégicos dentro del país vecino, en este caso la vía que comunica a Caracas, la capital, con su aeropuerto de Maiquetía; 2. Explotar y aprovechar la inconformidad que despierta la inseguridad en las zonas populares, y cabalgar sobre sus consecuencias de llanto y luto para aclimatar, ofrecer y ejercer seguridad privada; 3. La participación de jóvenes y ciudadanos venezolanos en estas acciones, en una circunstancia que puede evidenciar el paso de no desdeñables franjas de la población al entorno desestabilizador, a la par y en juego con la decisión de fuerzas conservadoras para perturbar la gestión y el proceso bolivariano que encabeza el jefe de Estado, Hugo Chávez Frías.
Contrarrevolución con apresto armado. Como se recordará, tras el golpe de abril de 2003, que tuvo el azuce y la propaganda de los grandes medios escritos y televisivos, y del paro de la oposición neoliberal y la dirección petrolera a finales de diciembre de ese año, y primeras semanas del 2004, en Venezuela hubo intento e instigación contra la vida del Presidente. Una pretensión a la que no renunciaron, intentando llevarla a cabo con el traslado de paramilitares desde Colombia a varios puntos, con más de un ciento de detenidos en mayo de 2004 alojados en la hacienda Daktari, en el municipio El Hatillo, cerca de Caracas (1).
La práctica del boleteo en las parroquias populares se explaya hoy. Es una actividad de doble propósito que puede catalogarse como acicate y desprestigio contra las nuevas autoridades civiles y militares del Estado venezolano para provecho de la imagen y la defensa de los intereses económicos y políticos tradicionales. La extensión de este delito encuentra abono en el desempleo, que, pese a su reducción en 10 años de revolución del 15,2 al 6,7 por ciento (2), aún afecta notablemente a los sectores de menos ingresos, así como en la inseguridad que galopa en gran parte del territorio venezolano, donde el hurto, el homicidio, el secuestro, las formas de secuestro express y otra gran variedad de hechos delincuenciales no han sido neutralizados ni han disminuido en los recientes años de un poder nuevo.
La inseguridad, entonces, hace sentir sus efectos y su resonancia en el conjunto de la sociedad, con muestras de descontento creciente en la charla común y cotidiana de los ciudadanos pobres o ricos. Y, con eventos como el realizado el pasado 19 de junio, cuando por primera vez marcharon las “Mujeres por la Vida” en denuncia, por las calles de Caracas, de la creciente violencia social que arroja en los últimos 10 años el asesinato de 154.000 personas, en estricta justicia no atribuibles al gobierno bolivariano sino como resultado de las estructuras y la inercia del pasado, aún sin superar. Ellas, las mujeres venezolanas, reclaman coto contra los hechos violentos, pero también exigen la superación de la impunidad y la ineficiencia judicial que campea en ese país.
Este reclamo indica de manera cruda, al mismo tiempo, que hay realidades heredadas, y de agravamiento aseguran o acusan algunos, que el proceso de cambio en marcha no toca todavía. Actividades antisociales, no superadas, como la corrupción en gran escala y la convivencia de amplios sectores sociales con el crimen y el latifundio, de la mano con compras de tierra para el recreo de lujo y el provecho de la renta urbana. Pero también, constituye una exigencia al Poder Público para que actúe con diligencia sin distingos ideológicos en todo el territorio nacional. En simultáneo, y con frases de que “no se ve un policía para un remedio”, para que aborde el debate sobre la necesidad de centralizar y conformar un cuerpo de Policía Nacional, con sentido comunitario y preventivo, para superar la proliferación de policías municipales y estadales que hasta hoy mantiene Venezuela y que dan vía a múltiples relaciones de convivencia, protección e impunidad con los delitos, y de ineficacia y ausencia de vigilancia.
Delincuencia. En lugares como Petare y sus alrededores hacia el sur, hay sectores donde las ‘bandas’ establecen un control territorial que exige ‘permiso’ a funcionarios, ya oficiales o de la oposición, para su ingreso en cualquier labor social o administrativa.
El poder desestabilizador y corruptor del narcotráfico es conocido en Colombia. De su mano, del deslumbramiento de la lluvia de dinero que logra, se potencia el individualismo, se atomiza la sociedad, se privatizan las instituciones públicas. Las fuerzas armadas ‘olvidan’ su función y se arrodillan ante los ‘señores’, como se hace más notorio en las zonas de frontera. De esta manera, los hechos delincuenciales son atizados en el último período por la cada vez más evidente selección y uso, por parte de ‘señores de la tierra’, el comercio y contrabando, narcotraficantes y paramilitares, del territorio bolivariano como zona de tránsito para la exportación de sus mercaderías, pero también como zona de operaciones para recaudar dinero, o para ejercer controles territoriales específicos o temporales que pretenden llevar en aumento con el fin de influir en la población para una victoria electoral en 2012. La presión es constante; la acción de contrabandistas de gasolina, harina y otros productos venezolanos es reconocida sin tapujos por los habitantes de lado y lado de la frontera.
El territorio venezolano es ideal para la empresa narcotraficante y, de su mano, para la concreción de objetivos paramilitares, cabeza de proa, ambas, para operaciones conspirativas y desestabilizadoras como las conocidas y padecidas en Nicaragua, Irán, Colombia, Guatemala y otros muchos países. Tras bambalinas, asesorando, instigando, maniobrando, siempre se encuentra a organismos de seguridad de los Estados Unidos y de los organismos de inteligencia colombianos en llave con agentes internacionales.
Venezuela, copartícipe de una extensa y dilatada frontera con Colombia, que alcanza los 2.216 kilómetros, y asimismo de una común historia y beneficiaria por muchos años de una economía con mejores resultados, ejerce un intenso poder de atracción, de imán sobre sectores populares colombianos. Es conocido el hecho de numerosas familias que gozan de doble ciudadanía y que incluso viven por períodos en una u otra parte de la línea limítrofe.
Esa tradición y esa historia comunes entre los dos países, con una economía igualmente compartida o, al menos, con algunos rasgos mutuamente condicionados, propician que hoy vivan en Venezuela no menos de tres generaciones de colombianos. Según datos del Dane (3), viven allí no menos de 600 mil connacionales (última generación de migrantes), cifra con incremento de manera creciente en los últimos años. La constante y creciente emigración salva, le evita, un problema a la dirigencia colombiana en su decisión histórica violenta (permite menos inversión y menos presión social) y lo traslada al país vecino. Un traslado que tiene ahora el agravante de que, en medio de tan inmensa y necesitada masa humana, pueden infiltrarse –y se infiltran– agentes instigadores contra el cambio revolucionario en Venezuela.
Enfrentar la corrupción y el crimen organizado, por tanto, es un reto para un proyecto de cambio social si de verdad se busca llegar hasta lo más profundo de sus aspiraciones. Es un objetivo que en muchas ocasiones parece no prioritario para las fuerzas de izquierda, concentradas en acciones más inmediatas, evidentes o urgentes, como la lucha contra la pobreza; con miras a la apertura de compuertas para la participación política, la pugna o el debate ideológico, etcétera. Pero vivir en tranquilidad, y con ella en seguridad, sin temor a ser asaltado, herido o asesinado en cualquier momento, es un derecho de todos los habitantes de un país.
En esa constante, y como parte sustancial de la lucha contra el crimen organizado, enfrentar la corrupción adquiere un altísimo valor, tanto simbólico como real o cuantificable. Ya en otra ocasión, al analizar la situación de su país, Fidel Castro alertaba sobre el particular (4). Proceder contra los inocultables signos de corrupción es urgente, tanto porque al hacerlo renacerá la confianza en la capacidad del Estado en construcción como porque se enfrentan el afán de lucro y el individualismo, como, igualmente, porque se les cierran puertas al narcotráfico y las operaciones armadas que intenten quebrar el proceso de cambio en curso.
Obrar para que así sea es un reto para el presente y el futuro.
1 En esta hacienda fueron detenidos 120 paramilitares procedentes de Colombia, bajo decisión de “Jorge 40” y el mando de “Cadena”, –desde Colombia– jefe paramilitar de triste recordación por sus matanzas en el departamento de Sucre.
2 En igual período, y según datos del INE, la pobreza varió del 48.7 al 33.4 por ciento. Ver, Wexell Severo, Luciano, “Sembrando petróleo. La economía venezolana 1999 – 2008”, suplemento especial periódico desde abajo, febrero de 2009.
3 www.dane.gov.co.
4 Castro, Fidel. Cuba. El valor de reconocer sus errores. Ediciones desde abajo, 2006, Colombia.
