La campaña para la reelección está en marcha pero, como no es oficial, la Ley de Garantías es letra muerta.En Colombia nunca habíamos tenido un presidente más poderoso que Álvaro Uribe y tampoco uno que haya intervenido e intervenga más en política partidista y electoral en forma tan descarada. Aprovechando la ambigüedad que ha creado y que alimenta celosamente al no definir si aspira o no a su segunda reelección, el Presidente está en campaña. Juega a varias bandas y usa y abusa de su poder y de las ventajas propias del cargo. Descalifica a sus antecesores y a eventuales contendores, aprovecha eventos y medios de comunicación para litigar en causa propia. Quita y pone fichas, manda razones a los partidos de su cuerda, dice qué hacer y cómo.
En resumen, organiza el juego en función de sus personales ambiciones y obsesiones, que no logra disfrazar con frases retóricas como las que repite con tanta frecuencia como disco rallado “lo que hay que reelegir es la política de seguridad democrática y la confianza inversionista”, “es necesario renovar liderazgos”, “me preocupa perpetuar al Presidente, pero tampoco puedo ser políticamente irresponsable”…) y tiene a varios alfiles y peones moviéndose en el tablero que él mismo ha dispuesto cuidadosamente.
A ‘Uribito’, su clon, lo plantó en el Partido Conservador. Al ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo lo mandó para que se ponga al frente de La U, el partido que, a imagen y semejanza suya, le montaron para su primera reelección Luis Guillermo Vélez (q.e.p.d.) y Juan Manuel Santos. A Rodrigo Rivera, su aliado de nuevo cuño, lo tiene haciendo filibusterismo en el Partido Liberal. A José Obdulio Gaviria, engrasando los ejes de lo que el propio ex consejero llamó “el carro de la victoria de 2010”.
Las últimas jugadas fueron para que Cambio Radical hiciera implosión. Presionó a Juan Lozano para que dejara el Ministerio de Ambiente y renunciara tácitamente al Partido que lo “patrocinó” para llegar al Gabinete, y logró que su yegüita de Troya cumpliera la tarea de llevar a Germán Vargas a agachar la testa y a darle vía libre a la aprobación del referendo.
La campaña para la segunda reelección está en marcha pero, como no se ha dado la largada oficial, la Ley de Garantías es letra muerta. Uribe está pasándose por la faja una ley que, para compensar las ventajas acumuladas de un presidente-candidato frente a sus contendores, intenta ponerle límites y uno de esos límites es el tiempo de campaña: el presidente que aspira a la reelección solo puede hacer campaña cuatro meses antes de las elecciones. Uribe ya la empezó. Mucho antes de lo permitido.
Y así seguirá actuando por encima de esa ley, y no solo por la misma lógica malsana de la reelección sino por la delgada y sutil línea que separa las banderas del Gobierno de las banderas reeleccionistas: cada aparición pública, cada discurso, cada consejo comunitario es, al mismo tiempo, un acto de gobierno y un acto de campaña. Y todo ocurre en medio del silencio cómplice de la Procuraduría.
¡Cómo han cambiado las cosas! Basta recordar la campaña electoral de 1970. Durante un discurso en Ciudad Kennedy en el que defendió su obra de gobierno, el presidente Carlos Lleras Restrepo recordó la masacre de Villarrica, Tolima, ocurrida en 1955 en tiempos de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, cuando tropas del Ejército masacraron a un grupo de campesinos. En el 70, el General, ya retirado, era el candidato de la oposición, la Anapo, y se enfrentaba a Misael Pastrana Borrero, candidato del Frente Nacional. El Procurador de entonces, Mario Aramburu, consideró que dirigir el espejo retrovisor sobre el gobierno de Rojas alteraba el equilibrio político y amonestó a Lleras, que aceptó el jalón de orejas. No sé si a regañadientes, pero lo aceptó.
El presidente Uribe, no cabe duda, se está jugando a fondo para la segunda reelección en 2010. Está interviniendo en política electoral y partidista pero el procurador general, Alejandro Ordóñez, no dice ni “pío”. Un silencio que parece estar dándoles la razón a quienes se opusieron a su elección con el argumento de que sería un procurador al servicio del Gobierno.
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