Diagonal
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19-03-2009
El 6 de marzo, una gran manifestación denunció la desaparición de miles de personas a manos del Estado. Sólo entre 2007 y 2008 fueron 1.686 los ‘falsos positivos’ ejecutados por el Ejército.
El mayor escándalo asociado a la doctrina de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe comenzó en septiembre pasado cuando se conocía que 19 jóvenes de barrios marginales de Bogotá habían sido ultimados por el Ejército y presentados como guerrilleros caídos en combate, a cambio de lo cual los militares recibían las recompensas y permisos promovidos por el Gobierno de Uribe para estos casos. A partir de ese momento, las cifras de los casos relacionados con los llamados “falsos positivos” no hicieron más que crecer. Según un reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sólo entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008 se habría dado un total de 1.686 desapariciones forzadas, la mayor parte de ellas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales.
La respuesta del Gobierno no se hacía esperar y una treintena de mandos militares eran destituidos. Mario Montoya, comandante en jefe del Ejército, dejaba su puesto y a cambio era nombrado recientemente embajador en la República Dominicana. Posibles vínculos de Montoya con paramilitares cuando ejercía de comandante en Medellín (refrendados por informes de la CIA) y su pertenencia a la Alianza Anticomunista Americana, encargada en los años ‘70 de actuar contra opositores, abogados y periodistas, son algunos de los antecedentes de Montoya.
Ley de Víctimas
Casi de manera paralela al escándalo de los “falsos positivos”, la mayoría parlamentaria del grupo liderado por Uribe aprobaba una nueva Ley de Víctimas que daba la espalda a las propuestas emanadas de las propias víctimas, varios congresistas y miembros de la sociedad civil. La nueva ley, entre otras cosas, obliga a las víctimas de crímenes de Estado –a diferencia de lo que ocurre con las de grupos ilegales– a contar con una sentencia ejecutoria de un organismo judicial para poder acceder a las reparaciones. Unas reparaciones que serán otorgadas por el Estado por “solidaridad” y no basadas en posibles responsabilidades del mismo.
La Ley, que aún debe pasar por el Senado, “pretende consolidar la usurpación ilegal de las tierras”, ya que “las víctimas de desplazamiento forzado ya no serán propietarios (…) de las tierras usurpadas porque tendrían que ceder sus derechos al Estado, que a través de su estrategia militar y paramilitar los obligó a desplazarse”, según denunciaba a través de un comunicado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Lo que conviene a Uribe
“Pareciera que al presidente Uribe le convenga la situación de guerra que se vive en el país y que a las FARC les gusta que esté en el poder”, declaró Alan Jara, ex gobernador del Departamento del Meta, después de ser liberado de manera unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras más de siete años de cautiverio. Su llamada, así como la del también liberado Sigifredo López –ex diputado del departamento del Cauca–, a la solución negociada al conflicto armado que vive Colombia desde hace cinco décadas fue objetada con rotundidad por el presidente colombiano: “El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados”. Así respondía no sólo a los recién liberados y al grupo Colombianos/as por la Paz, sino también a la propuesta de las FARC de poner en libertad a 22 policías en su poder a cambio de la de 500 presos guerrilleros.
ENTREVISTA // IVÁN CEPEDA, MIEMBRO DE COLOMBIANOS/AS POR LA PAZ Y PORTAVOZ DEL MOVICE
“El paramilitarismo sigue siendo una realidad en Colombia”
El portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) habló con DIAGONAL sobre liberaciones de rehenes y la narcopolítica de Uribe.
Sergio de Castro Sánchez / Bogotá (Colombia)
Iván Cepeda es uno de los impulsores de la iniciativa civil Colombianos/ as por la Paz que respaldada por 130.000 firmas, ha emprendido un diálogo epistolar con las FARC cuyo primer éxito ha llevado a la libertad a seis retenidos por el grupo insurgente. A sus integrantes, Uribe los ha acusado de “bloque intelectual de las FARC” que defiende al grupo guerrillero con “su cuentico de la paz”. Según Cepeda, las liberaciones pueden llevar a “la creación de condiciones para un diálogo político que busque resolver el conflicto”, a pesar de los señalamientos y el intento de Uribe de “torpedearlas”, “al punto que en la primera de las entregas se desplegó un operativo militar en la zona en donde se estaban realizando”.
Para el también portavoz del MOVICE, la “criminalidad estatal” –como la que se ha dado en el caso de los “falsos positivos”– es “uno de los factores que impiden que en Colombia avancemos hacia un proceso de paz”. Se trata de “un problema muy profundo que atañe a la doctrina del Ejército en Colombia, a la manera en como se concibe el papel del Estado y a la forma en como se actúa para criminalizar a los sectores de oposición”. Una criminalidad que, junto a la paramilitar, se ha reducido en lo que se refiere al número de masacres, pero que ha supuesto “el aumento del desplazamiento forzado, de las ejecuciones por parte de los miembros de la fuerza pública y de las desapariciones forzadas”.
Frente a la posición de Uribe, para Cepeda, “el paramilitarismo sigue siendo una realidad en Colombia”. Según el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, actualmente existen más de 100 grupos armados –entre los que destacan las Águilas Negras– que actúan como lo hacían las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Un paramilitarismo que, según señala Cepeda, además de su actividad armada, sigue presente tanto en las estructuras políticas como económicas de Colombia.
Actualmente, el 33% de los miembros del Senado y el 15% de los representantes de la Cámara –muchos de ellos pertenecientes a la órbita uribista– están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo. Para Cepeda, “es cierto que los paramilitares han utilizado a políticos, pero aún es más cierto que los políticos han utilizado a los paramilitares para ganar posiciones políticas”. El presidente colombiano “ha hecho esfuerzos muy claros por ir debilitando e incluso intentar acabar con esos procesos de investigación”, llegando a acusar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar los casos, “de estar sesgados ideológicamente, tildándolos prácticamente de aliados de la guerrilla”. Señalamientos que se han recrudecido a partir del proceso a que se ha visto sometido Mario Uribe Escobar, primo de Uribe y también senador de la República.
Unas injerencias que también se han dado en el caso de los juicios a paramilitares, en donde “el Gobierno ha intentado siempre limitar a su mínima expresión los alcances de estos procesos”, por ejemplo, “haciendo desaparecer a muchos de sus actores esenciales, como es el caso de la extradición de 14 de los jefes paramilitares”. Este contexto de “poder mafioso” tiene su continuidad en lo económico. Proyectos como el Estatuto de Desarrollo Rural “son parte de un proyecto social, político y económico” que busca “capturar al Estado” y “que tiene que ver con intereses económicos, con poder legalizar las tierras que los paramilitares capturaron y usurparon durante un proceso de desplazamiento forzado muy masivo”.
El pacto de Ralito
El 23 de julio de 2001 se reunían en Santa Fe de Ralito (Departamento de Córdoba) 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos con cuatro jefes paramilitares. Su intención de “refundar nuestra patria” a través de “un nuevo contrato social”, según refleja el documento firmado por los presentes, fue acompañada por una campaña paramilitar que aseguró unos buenos resultados electorales en 2002 a todos los firmantes. Entre ellos, muchos colaboradores directos de Álvaro Uribe, que ganaría ese año la Presidencia por primera vez.
http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article7490
