El ejemplo del informe de los presidentes Gaviria, Cardoso y Zedillo ilustra el problema: los ex mandatarios no dicen muchas cosas nuevas y la importancia del mensaje es su origen: estos ex presidentes experimentaron en carne propia los dramas de unas políticas equivocadas y conducentes a incrementar los niveles de violencia que se asocian con las drogas ilícitas, y responder, como lo hace el presidente Uribe, que poco derecho tienen a hablar cuando en su momento no hicieron nada para combatir lo que se llama “flagelo”, es poco democrático, por decir lo menos.

Aquí hay dos problemas: de una parte, eso de decir que nada hicieron y eso les quita el derecho de hablar ahora es desconocer que, aun aceptando la inacción en su momento, no pueden rectificar. En segundo lugar sí hicieron, y si no lograron derrotar el problema fue justamente porque siguieron las políticas erróneas que impusieron los gobiernos de Estados Unidos. En buena hora han rectificado.

Además, los ex presidentes piden el cambio en el paradigma que ha conducido a la absurda guerra contra las drogas y proponen la legalización de la marihuana. Pues bien, debe quedar claro que el problema para los tres países no es la marihuana, sino la cocaína, y si bien la legalización de la primera puede conducir a políticas más asociadas con la salud, la prevención y el apoyo a los llamados adictos, eso no resuelve el problema del narcotráfico, sobre todo en su dimensión de violencia organizada.

 En tal sentido, la reacción de Uribe y sus ayudantes inmediatos de insistir en la penalización de la dosis personal no apunta a resolver el problema. De hecho, mucho más eficaz es mantener la dosis personal, dejar de castigar al pequeño consumidor, y dedicar más esfuerzos al combate a esa violencia organizada, para lo cual hay múltiples políticas, diferentes de la aspersión aérea y el castigo a los productores directos, quienes a la hora de la verdad son el eslabón más débil de la cadena y los que pagan el pato.

En torno de este tema se ha dibujado así esa preocupante forma de reaccionar de nuestro mandatario. Pero más aún: resulta que en su combate contra “los intelectuales” que se oponen a su política prohibicionista radical, los acusa de que luego de hablar, se esconden en los baños a consumir alguna droga psicotrópica. ¿Será que al Presidente le consta? ¿Habrá visto a alguien trabándose en un baño? ¿Será que algunos de los intelectuales de Palacio se ha dejado pillar metiendo en un baño?

Como esto no parece realista, se puede sospechar que se trata solamente de un recurso retórico para agregarle leña al fuego que ha abierto contra “los intelectuales”. Luego de acusarlos de ser cómplices de las Farc, ahora resulta que son drogadictos. Así pueden ser blanco tanto de la contrainsurgencia como de la Policía.

Pero es necesario notar que se trata de reacciones inmediatas, en caliente, pero no por ello menos calculadas, y que tienen un efecto muy perverso: crean un talante de intolerancia que se va difundiendo a lo largo de la cadena del poder de sus aliados. Si el mandatario considera peligrosos a “los intelectuales” insurgentes y drogadictos, ¿qué se puede esperar de quienes hacen cualquier cosa para complacerlo? ¿Por qué no chuzarlos?

Da la impresión de que el Presidente ha abandonado las goticas que lo tranquilizaban y que la Virgen no le ha hecho caso en eso de aplacarle las llamas. Él, que es tan persistente y poderoso, podría insistirle en que actúe, así sea a través del Honorable Cuerpo de Bomberos de Bogotá y, en caso negativo, acusarla de estar del lado de “los intelectuales”.