La revelación sobre la manipulación que el DAS realiza con información y comunicaciones de miembros de las Cortes, analistas y columnistas, directores de medios y críticos del gobierno Uribe, descompone una tenebrosa estrategia de un régimen de gobierno que ha buscado perpetuarse en el poder. Si la principal organización de inteligencia del Estado, el DAS, se comporta como una máquina de exterminio totalitaria, ¿qué podemos esperar de organismos que disponen de un control menos riguroso? La gravedad de estos hechos supera nuestro repudio sobre la permisividad que el gobierno Uribe le ha dado al crimen organizado. Porque significa que en Colombia vivimos bajo un régimen autoritario, con todos los riesgos que ello impone a las libertades civiles.

Porque si el DAS trafica con información que compran paramilitares, guerrilleros y organizaciones criminales, no representa un Departamento Administrativo de Seguridad sino una central de inteligencia del bajo mundo. Y no puede representar un bien público, sino la estructura mediadora de secuestros, extorsiones, muertes selectivas y masacres. Sin embargo, los ciudadanos pagan sus impuestos para sostener dicha estructura y el DAS opera como una oficina del gobierno central. Durante dos períodos del régimen Uribe, la entidad ha suministrado información de acuerdo con los intereses presidenciales y, según el informe de 'Semana', de acuerdo con los intereses delictivos de agrupaciones paraestatales.

En 'The Strategic of the Conflict' ('La estrategia del conflicto', 1962), Thomas Schelling considera que la información es un recurso fundamental en operativos de contrainteligencia. Porque la información establece una relación de ventajas en la medida en que puede emplearse para reconocer tácticas y estratagemas, o bien puede usarse como medio de extorsión, chantaje y amenaza contra el adversario. Contar con información de un enemigo significa poder reconocer sus flaquezas o su capacidad de protegerse o estar protegido. Si el Gobierno posee información sobre sus críticos, puede desplegar en su contra estrategias que van desde la difamación hasta su muerte 'accidental'. ¿Cómo utilizan la información paramilitares y guerrilleros? Obviamente, con la finalidad de hacerle inteligencia a su contraparte o miembros de su organización.

La filtración de información sobre las Cortes y magistrados constituye una deshonrosa forma de debilitar la confianza pública. Una estrategia empleada en culturas mafiosas para intimidar a quienes representan el imperio de la ley. En el caso de Iván Velásquez, jefe de investigaciones de la 'parapolítica', la interceptación de sus llamadas y el seguimiento continuo de sus movimientos han estado orquestados por los intereses de las organizaciones criminales en las zonas en donde operaban los paramilitares y los políticos que los asistían. La obtención de esta información lograba contener o entregar datos claves sobre los procesos que pudiesen servir a los abogados o testaferros.

El escándalo que tiene al DAS en esta encrucijada se relaciona directamente con la protección de los intereses del presidente Uribe. La decadencia de la institución ofrece un panorama revelador. La obsesión autoritaria que tiene el mandatario lo empuja a considerar a cada crítico como un enemigo. La matriz de correlaciones con delincuencia organizada que tiene el DAS emplea todos los dispositivos y la tecnología con la finalidad de cometer acciones criminales. Y, en medio de semejante caos de información, las trampas se extienden contra quienes las fabrican. La ganancia significativa se comparte entre una competencia desleal.

Una situación macabra como la que revela 'Semana' sobre el DAS no puede resolverse con medidas absurdas. Nombrar a miembros de la misma entidad que han estado comprometidos en las acciones delictivas que se imputan es un descalabro. Expresiones como "cuerpo élite de investigación", "comisión de honorables", hacen parte de una retórica engañosa sobre las causas del problema. Parte de la solución es separar al DAS de la Casa de Nariño.

Fernando Estrada Gallego