‘H.H.’, adiós a la verdad
Marzo 7 de 2009
CON LA EXTRADICIÓN DEL JEFE paramilitar Hébert Veloza, alias H.H., efectuada a pocos días de que la Unidad de Justicia y Paz le formulara cerca de 200 cargos, Colombia toda y ya no sólo las víctimas parece perder más de lo que gana Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico.
Difícil de explicar la actitud del Gobierno Nacional. Su deseo de avanzar en el tortuoso esclarecimiento de lo ocurrido con los paramilitares, la intención de hacer de la verdad un componente esencial del proceso de reparación y reconciliación, la idea, pues, de aplicar la Ley de Justicia y Paz, contrasta enormemente con esta nueva extradición.
No parece que H.H., a diferencia de los anteriores 13 jefes paramilitares extraditados intempestivamente, delinquiera desde la cárcel. Por el contrario, era quien con más decisión colaboraba con información, muchas veces precisa y completamente desconocida. Y por lo mismo incómoda, como quedó de presente cuando fue aislado por el Inpec en una pequeña celda después de que hizo entrega de la USB de Carlos Castaño.
Como ex comandante de los bloques Bananero y Calima, aceptó que bajo su mando fueron vilmente asesinadas más de 5.000 personas y dio pistas para encontrar algunos de sus cadáveres. Señaló personajes de la vida política nacional —como el senador Juan Carlos Martínez, el ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux y el senador Álvaro Valencia—, de quienes aseguró tuvieron relaciones con el paramilitarismo. Aceptó que el general (r) Rito Alejo del Río fue su gran aliado en Urabá y se jactó de haber transitado instalaciones militares sin restricción alguna. Las fosas comunes, agregó, habrían sido idea de algunos militares. Y anunció, como si políticos y militares no fueran ya escándalo suficiente, el inicio de ese otro oscuro episodio que aún hoy permanece cerrado y que tiene como principales protagonistas a algunos empresarios del país.
Razón tienen las víctimas y sus familiares en estar preocupadas. Por mucho que oficialmente se diga lo contrario y que el propio H.H. haya prometido colaborar con la justicia colombiana, esclarecer hechos desde los Estados Unidos no sólo sigue siendo complicado, casi imposible, sino que no existen mayores incentivos para hacerlo. Salvo que algún arrepentimiento místico permee a quienes han sido extraditados, las víctimas ya no tendrán acceso a verdades que requerían para entablar duelos aplazados.
Y qué decir —ya no en el plano de lo individual y de las víctimas que reclaman conocer qué fue lo que ocurrió de parte de sus victimarios— de esa otra verdad que algunos denominan colectiva o estructural, y que no es otra cosa que la posibilidad de construir el mapa nacional de la violencia. “Como autodefensa desde el año 94”, sostuvo H.H. en una entrevista para El Espectador, “estuve en casi todas las zonas del país”. Reconstruir hechos ocurridos en Magdalena, La Guajira, Córdoba, Urabá, Cauca, Valle y Antioquia es tan necesario como encontrar la verdad individual que las víctimas requieren. La reconstrucción histórica depende de ello; al paso que vamos, esta será otra historia de violencia, una más, que en el futuro nadie recordará.
Por lo demás, si las esperanzas estaban cifradas en la llegada de Barack Obama, el anhelado cambio, por lo menos en esta crucial materia, es más de lo mismo. El Gobierno antepone el interés estadounidense en el narcotráfico al derecho de las víctimas a conocer la verdad y el deseo de los colombianos de exigir que, como mínimo, se estructure un relato en el que la barbarie cobre sentido y la historia no se repita.
